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26.10.2026.- La Arquidiócesis Primada de México llamó a las autoridades, las familias, las escuelas, las plataformas digitales y las comunidades a intervenir antes de que niñas, niños y adolescentes sean captados por organizaciones criminales, al advertir que la violencia, las necesidades económicas, las amenazas y la búsqueda de pertenencia pueden ser aprovechadas por estos grupos para incorporarlos a sus actividades.
Bajo el planteamiento “Llegar antes que el crimen”, el semanario Desde la Fe publicó un editorial el domingo en el que la Iglesia católica mexicana señaló que la protección de la infancia debe comenzar antes de que se concrete el reclutamiento. El pronunciamiento coincide con la difusión de un cuadernillo del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO), que documenta los mecanismos de captación y las dificultades para dimensionar este fenómeno en México.
“Llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita”, sostuvo la Arquidiócesis, al plantear que las aspiraciones de las infancias y adolescencias deben encontrar respuestas en sus entornos familiares, escolares y comunitarios, en lugar de convertirse en una oportunidad para las organizaciones delictivas.
El llamado se produce en un contexto en el que México carece de un registro oficial específico que permita conocer cuántas personas menores de 18 años han sido reclutadas por grupos criminales. Ante esa ausencia, las organizaciones civiles y los centros de investigación recurren a estimaciones y a indicadores indirectos para identificar la dimensión del problema.
Una estimación de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), elaborada a partir de investigaciones previas y retomada en sus análisis recientes, ubica entre 145 mil y 250 mil a las niñas, niños y adolescentes que se encontrarían en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos de la delincuencia organizada. La cifra representa una población potencialmente expuesta, no un conteo de menores cuyo reclutamiento esté confirmado.
A esa estimación se suma un indicador sobre adolescentes que estuvieron privados de la libertad por delitos en los que suele estar involucrada la delincuencia organizada. De acuerdo con el Balance Anual 2025 de REDIM, durante 2024 la cifra se ubicó entre 388 y mil 84 adolescentes, según el alcance de los delitos considerados en la metodología de la organización. El límite superior pasó de 899 casos en 2023 a mil 84 en 2024, un incremento de 20.6 por ciento.
Estas cifras no equivalen al total de menores reclutados por el crimen organizado. Se trata de aproximaciones construidas con información disponible sobre adolescentes involucrados en delitos asociados con esas estructuras, debido a que no existe un registro nacional que identifique de manera integral los casos de captación, utilización y reclutamiento.
La falta de información sistematizada dificulta conocer cuántos menores son incorporados mediante amenazas, engaños, coerción o falsas promesas de empleo, así como determinar qué organizaciones los captan, qué funciones les asignan y cuántos logran abandonar esas redes.
El reclutamiento tampoco se limita a menores que abandonaron la escuela o que carecen de acompañamiento familiar. El material difundido por la Universidad Iberoamericana advierte que la captación puede afectar a adolescentes que continúan estudiando y cuentan con padres presentes, lo que obliga a ampliar las estrategias de prevención más allá de los estereotipos sobre las familias o los entornos considerados vulnerables.
Violencia, desapariciones y reclutamiento: indicadores de una crisis de protección
El editorial de la Arquidiócesis recuperó datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO que muestran la violencia que enfrenta la población infantil. Durante 2024, mil 338 niñas, niños y adolescentes murieron por agresiones en México. Además, 7 mil 941 menores reportados como desaparecidos entre 2019 y 2024 continuaban sin ser localizados al 5 de septiembre de 2025.
Estas cifras describen distintas expresiones de violencia contra la infancia, pero no permiten afirmar que todas las víctimas de homicidio o desaparición hayan sido reclutadas por organizaciones criminales. Su relevancia para el análisis consiste en mostrar el nivel de exposición de la población menor de edad y las dificultades que enfrenta el Estado para prevenir las agresiones, investigar las desapariciones y garantizar la protección de quienes están en riesgo.
Los datos más recientes de desaparición también dimensionan el problema. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba, al 8 de junio de 2026, 126 mil 524 personas de entre cero y 17 años que habían sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en algún momento. De ese universo, 18 mil 104 seguían sin ser localizadas.
Este registro comprende reportes acumulados a lo largo del tiempo y no debe confundirse con el número de desapariciones ocurridas exclusivamente durante 2026. Tampoco permite establecer, por sí solo, qué proporción de esos casos está relacionada con el reclutamiento criminal.
Para REDIM, la ausencia de cifras oficiales específicas impide conocer con precisión la magnitud de la captación de menores y evaluar si las medidas de prevención están funcionando. La organización ha insistido en que las autoridades deben generar información desagregada, reconocer a las infancias y adolescencias reclutadas como víctimas y desarrollar mecanismos para evitar que sean incorporadas a actividades delictivas.
Cómo comienza la captación de niñas, niños y adolescentes
El documento de la Universidad Iberoamericana identifica distintas formas de acercamiento utilizadas para captar menores. Entre ellas se encuentran las ofertas de trabajo falsas, las amenazas, las relaciones de confianza y los contactos que explotan la necesidad de reconocimiento o de pertenencia a un grupo.
En algunos casos, el acercamiento puede comenzar mediante una promesa de ingresos, una invitación o una oportunidad que parece ofrecer independencia económica. En otros, la incorporación puede estar precedida por intimidaciones, violencia familiar o presiones ejercidas por personas que ya forman parte de las redes criminales.
Las plataformas digitales también representan un espacio de contacto. Los mensajes privados, las ofertas laborales engañosas y las interacciones con personas desconocidas pueden ser utilizados para acercarse a adolescentes, por lo que la prevención requiere atender tanto los riesgos en las calles como los que se presentan en internet.
La captación puede derivar en la utilización de menores para distintas actividades delictivas, desde labores de vigilancia y traslado de objetos hasta funciones vinculadas con la distribución de drogas, el cobro de extorsiones o la participación directa en actos violentos. Las tareas asignadas varían según el grupo, la región y las circunstancias de cada caso.
La utilización de menores no elimina su condición de víctimas cuando existe coacción, engaño o explotación. Sin embargo, cuando son detenidos por su participación en hechos delictivos, pueden ingresar al sistema de justicia para adolescentes sin que necesariamente se investigue de manera suficiente quién los captó, bajo qué condiciones fueron incorporados o qué estructura criminal se benefició de su participación.
REDIM ha advertido sobre la necesidad de abordar estos casos desde una perspectiva de derechos de la infancia y evitar que la respuesta institucional se limite a sancionar al adolescente que ejecutó una actividad delictiva. Identificar a quienes lo reclutaron y las redes que hicieron posible su incorporación resulta fundamental para combatir el fenómeno.
Cuatro ejes para prevenir el reclutamiento
El planteamiento de la Arquidiócesis coincide con las propuestas de prevención recogidas en el material de la Universidad Iberoamericana, que identifica cuatro ámbitos de intervención: generar información, fortalecer la prevención comunitaria, atender la captación digital y garantizar protección a quienes ya fueron reclutados.
El primer eje consiste en conocer y medir el problema. Para ello se requiere un registro específico que permita identificar los casos, las modalidades de captación, las edades de las víctimas, los territorios afectados y las actividades para las que son utilizadas. También es necesario escuchar a las propias niñas, niños y adolescentes para conocer los riesgos que enfrentan y diseñar medidas que respondan a sus experiencias.
El segundo plantea fortalecer las condiciones de protección en las familias, las escuelas y las comunidades. La propuesta incluye espacios seguros de convivencia, oportunidades educativas y actividades deportivas, culturales y artísticas, además de orientación para madres, padres y personas cuidadoras.
La prevención también requiere que las instituciones educativas identifiquen señales de riesgo, como amenazas, ausencias reiteradas o cambios relacionados con posibles situaciones de violencia, sin criminalizar a los estudiantes ni exponerlos a represalias. La respuesta debe incluir canales seguros para solicitar ayuda y mecanismos de coordinación con las autoridades de protección infantil.
El tercer eje se concentra en el entorno digital. La IBERO plantea que las plataformas deben contar con mecanismos eficaces para detectar y atender intentos de captación, facilitar las denuncias y transparentar sus acciones de moderación. Las familias necesitan, además, información para reconocer ofertas sospechosas y saber cómo reportar posibles riesgos.
El cuarto ámbito corresponde a la atención de quienes ya fueron reclutados. La propuesta contempla brindarles protección, atención psicológica y social, acompañamiento jurídico y oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida. Para ello se necesitan instituciones preparadas y comunidades que permitan su reintegración sin estigmatizarlos.
La Arquidiócesis sostiene que la respuesta no puede limitarse a reaccionar después de que una niña, un niño o un adolescente haya sido captado. La prevención debe formar parte de las políticas públicas y de las acciones cotidianas de las instituciones, las familias y las comunidades.
El desafío legal: reconocer a las víctimas y perseguir a los reclutadores
Otro de los problemas señalados por las organizaciones defensoras de la infancia es la falta de una tipificación específica y autónoma del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en la legislación penal mexicana, situación documentada por REDIM en sus análisis publicados en diciembre de 2025.
La ausencia de una figura penal específica dificulta contar con estadísticas homogéneas sobre este fenómeno y distinguir los casos de reclutamiento de otros delitos relacionados. Esto no significa que las conductas vinculadas con la captación, las amenazas, la trata, la privación de la libertad o la utilización de menores queden necesariamente fuera de toda sanción, pues pueden encuadrar en otros delitos según las circunstancias y la legislación aplicable.
REDIM ha planteado que el marco legal debe reconocer el reclutamiento como un delito específico, establecer medidas de prevención y garantizar que las personas menores de edad utilizadas por grupos criminales reciban protección y atención como víctimas, incluso cuando hayan participado en actividades ilícitas.
El desafío consiste en investigar a quienes realizan la captación y a las estructuras que se benefician de ella, al mismo tiempo que se ofrecen alternativas para que los menores puedan salir de esas redes. Sin atención especializada, protección frente a represalias y oportunidades educativas y laborales, la desvinculación de una organización criminal puede resultar difícil.
La intervención institucional también debe considerar a las familias que enfrentan amenazas o que desconocen cómo actuar cuando sospechan que sus hijas o hijos están en contacto con personas vinculadas con grupos delictivos. La denuncia, sin mecanismos de protección y acompañamiento, puede dejar a las víctimas y a sus familiares expuestos a nuevos riesgos.
El llamado de la Iglesia católica coloca así la prevención en el centro de la respuesta frente al reclutamiento infantil. Las cifras de REDIM y de la Universidad Iberoamericana muestran que existe una población considerable en riesgo, pero también evidencian las limitaciones de la información disponible para conocer el número real de víctimas.
La exigencia de llegar antes que el crimen implica que las autoridades detecten los riesgos, garanticen condiciones de seguridad, fortalezcan los servicios de protección y ofrezcan alternativas concretas a las infancias y adolescencias. También requiere que las plataformas digitales, las escuelas y las comunidades participen en la prevención y que los menores reclutados puedan recibir atención sin quedar reducidos a la condición de infractores.
Mientras la autoridad no reconozca que hay centros de reclutamiento y exterminio, no solo dejan en la indefensión a adolescentes e infancias, sino que nunca habrá una estrategia integral que permita prevenir la captación, identificar a las víctimas y perseguir a quienes las reclutan, por lo que el país continuará enfrentando dificultades para medir el fenómeno y evaluar los resultados de las acciones institucionales.
El planteamiento de la Arquidiócesis apunta a que la protección de niñas, niños y adolescentes debe comenzar antes de que las organizaciones criminales se aprovechen de sus necesidades, sus relaciones de confianza o sus expectativas de futuro.