*DE PRIMERA MANO.
*Licitaciones, pendientes hasta que diga la ASF
Por Omar Zúñiga
Este viernes 6 de noviembre del año de Dios y María Santísima 2026, en la primera sesión de su Consejo General, el OPLE Veracruz declara formalmente iniciado el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, del que saldrán las 50 diputaciones de la próxima Legislatura, 30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional.
En otros tiempos la sesión solemne era casi un trámite protocolario, con discursos sobre la democracia y la fotografía de rigor, esta vez el banderazo llega con una sombra que no se generó en Xalapa, sino en la Coidad de México, el INE.
Esa sombra tiene nombre y apellidos, Guadalupe Taddei Zavala dejó la presidencia del INE el 26 de octubre, tres días después de que la Auditoría Superior de la Federación abriera una investigación por presuntos conflictos de interés en las contrataciones del órgano electoral.
En el centro del expediente está José Alfredo Hernández Casillas, el empresario señalado como su principal socio y “amigo” de años, apoderado de Cajas Graf, y su hermano Raymundo Francisco.
De acuerdo con lo publicado, la ASF investiga irregularidades por 514 millones de pesos en cuatro empresas de ese corporativo: Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales y la propia Cajas Graf.
La UIF ya congeló cuentas de Taddei y de los Hernández Casillas, y el martes pasado, los diez consejeros del INE acordaron denunciar ante la FGR.
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Lo que hoy interesa a los OPLE no es el escándalo en sí mismo, sino que se esclarezca de manera contundente y que se esclarezca rápido.
La ASF anunció que ampliará su revisión a todos los contratos del INE, del extinto IFE y de los OPLE entre 2000 y 2025.
Como ejercicio de fiscalización histórica es plausible; como calendario, es incompatible con un proceso electoral que ya empezó.
Si el dictamen sobre los proveedores señalados se va a la par de una auditoría de 25 años, las elecciones de 2027 se organizarán bajo sospecha generalizada.
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Lo que se necesita es que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, entregue resultados parciales y prioritarios sobre las empresas que hoy están en la mira, para separar la paja del trigo.
Las que resulten implicadas, fuera; las que estén limpias y en posibilidad de participar, que lo hagan sin estigma alguno.
El caso de Litho Formas ilustra el problema, la empresa, fundada en 1954 y parte de Grupo Calidata Thomas Greg, publicó un deslinde en el que niega cualquier vínculo accionario, corporativo o de representación con los Hernández Casillas. Puede tener razón o no, pero mientras la ASF no lo diga, ningún comité de adquisiciones querrá firmar su contrato.
Y el mercado de la impresión de seguridad para documentación electoral en México es pequeño; no sobran proveedores con capacidad para producir millones de boletas con las medidas que exige la norma.
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Basta mirar el Plan y Calendario Integral del OPLE Veracruz para dimensionar la prisa: la recepción de postulaciones va del 20 al 29 de marzo de 2027; la aprobación del registro de candidaturas, del 30 de marzo al 6 de abril.
Los partidos tienen hasta el 7 al 10 de abril para presentar sustituciones que alcancen a aparecer en la boleta, y el OPLE debe aprobarlas entre el 11 y el 14 de abril.
Las campañas corren del 4 de mayo al 2 de junio, y la jornada electoral es el domingo 6 de junio.
En otras palabras: el diseño definitivo de la boleta no se cierra sino hasta mediados de abril, y a partir de ahí quedan unas cuantas semanas para imprimir, verificar, entregar a los consejos distritales, contar, sellar y agrupar.
Pero el contrato no se firma en abril, una licitación pública lleva bases, juntas de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas, evaluación técnica, fallo y, con frecuencia, inconformidades.
Eso toma meses y precisamente el proceso de licitaciones se lanza a principios de 2027 y se declaran desiertas porque las empresas con capacidad están bajo sospecha, o porque nadie quiere concursar con la sombra de la ASF encima, la segunda vuelta se come el margen.
Y una dilación de ese tamaño puede poner en riesgo la impresión de las boletas. No es alarmismo, es aritmética de calendario.
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Hay también un asunto de dinero. En su Proyecto de Presupuesto 2027, el OPLE Veracruz contempla 70 millones de pesos para material electoral y 38 millones para documentación electoral, 108 millones en total, por debajo de los 113.8 millones de 2025 y 45 millones para el PREP.
Son cifras ajustadas, en un organismo que ya viene recortando, entre 2021 y 2025 su gasto devengado bajó 56.3 millones de pesos, y el PREP pasó de 52.9 a 37.1 millones.
Una licitación desierta, seguida de una adjudicación de emergencia, nunca sale más barata.
Al OPLE Veracruz, encabezado por Marisol Delgadillo Morales y con Luis Fernando Reyes Rocha en la Secretaría Ejecutiva, le toca una posición peculiar. Como ya se ha dicho en este espacio, el organismo se blindó al dejar de contratar a las empresas hoy señaladas desde 2023, y ante los requerimientos de información ha negado vínculos contractuales recientes.
Eso habla bien de su administración, pero no la vuelve inmune; si la sospecha cubre a todo el sector, Veracruz paga igual que los estados que sí firmaron, porque compra en el mismo mercado y con los mismos tiempos.
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Por eso la exigencia no es que la ASF vaya más despacio ni que suavice nada, al contrario, que vaya a fondo con quienes deban responder, empezando por Taddei y los Hernández Casillas.
Pero que ordene la casa con un dictamen prioritario sobre los proveedores de material y documentación electoral antes de que arranquen las licitaciones, idealmente en enero o febrero.
La justicia que llega tarde no sirve; la fiscalización que llega tarde, en año electoral, puede dejar a los votantes sin boleta.
El proceso arranca este viernes, el reloj…, también.
¡Qué barbaridad!