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Ciudad de México.- ARTICLE 19 México y Centroamérica informó que el periodista Rodolfo Ruiz, director del medio digital e-consulta, fue vinculado a proceso penal por un juez de control en Puebla, acusado del presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esta determinación, el proceso se mantiene abierto y sujeto a una etapa de investigación complementaria de 45 días, además de que se le impusieron medidas cautelares que restringen su movilidad y lo obligan a presentarse periódicamente ante la autoridad.
La organización señaló que esta decisión representa una escalada en el acoso judicial contra el comunicador, pues desde el inicio del procedimiento advirtió sobre el uso indebido del derecho penal como mecanismo de intimidación. La defensa de Ruiz ha sostenido la licitud de sus ingresos y ha denunciado irregularidades procesales, entre ellas obstáculos para acceder de manera plena a la carpeta de investigación, lo que compromete su derecho a una defensa adecuada.
ARTICLE 19 subrayó que el caso no puede analizarse de manera aislada, ya que se enmarca en un contexto de cobertura crítica sobre presuntos actos de corrupción y abuso de poder en Puebla, incluidas instancias de procuración de justicia. Recordó que en abril de 2025 emitió una alerta en la que exigió al gobierno estatal cesar la estigmatización de la prensa, luego de que el gobernador Alejandro Armenta Mier acusara públicamente a Ruiz de dirigir “una red de delincuencia cibernética”.
La organización advirtió que el uso de figuras penales complejas contra periodistas críticos constituye una forma de censura indirecta, prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos, pues busca desgastar e intimidar mediante procesos largos y costosos, aun sin sentencia condenatoria.
La vinculación a proceso de un periodista por hechos relacionados con su labor informativa tiene un efecto inhibidor que trasciende a la persona directamente afectada, enviando un mensaje intimidatorio al gremio y a la sociedad. ARTICLE 19 señaló que en un país donde la violencia contra la prensa convive con altos niveles de impunidad, la judicialización indebida profundiza el cierre del espacio cívico y debilita el derecho colectivo a estar informado.
La organización reiteró que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar que ninguna autoridad utilice el sistema de justicia para castigar o inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Por ello, hizo un llamado urgente a las autoridades de Puebla y al Poder Judicial para que se respete el debido proceso, se garantice el acceso a la defensa, la publicidad de las audiencias y la presunción de inocencia. Asimismo, exigió el cese inmediato del uso del derecho penal como herramienta de represalia contra periodistas y recordó que la labor informativa, aun cuando resulte crítica o incómoda, está protegida por la Constitución y por los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
