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19.06.2026 Ciudad de México.- La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica pidió a las autoridades federales y estatales mantener abierta la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de Luis Ángel López Valdés, reportero del portal Vanguardia de Veracruz asesinado el pasado 11 de junio en Poza Rica, al considerar que el crimen ocurre en un contexto de riesgo previamente documentado y refleja las deficiencias estructurales en la protección de periodistas en el estado.
En un pronunciamiento difundido este 17 de junio, la organización advirtió que el homicidio del comunicador representa un posible atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información, por lo que exigió que las indagatorias se conduzcan bajo los protocolos especializados para delitos cometidos contra periodistas.
Luis Ángel López Valdés fue atacado a balazos durante las primeras horas del 11 de junio en la colonia Cazones, en Poza Rica, Veracruz. Además de desempeñarse como reportero de la fuente policiaca para Vanguardia de Veracruz, era ingeniero y fungía como subdelegado de Cruz Ámbar, institución dedicada a la atención de emergencias médicas prehospitalarias.
De acuerdo con la información recabada por ARTICLE 19, horas antes de ser asesinado el periodista había realizado una transmisión en vivo relacionada con la desaparición de dos personas en la colonia 27 de Septiembre de Poza Rica, uno de los temas que cubría de manera cotidiana como parte de su trabajo informativo.
Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó la apertura de una investigación para esclarecer los hechos. Sin embargo, la organización defensora de la libertad de expresión insistió en que resulta indispensable no descartar el posible vínculo entre el crimen y la actividad periodística de la víctima.
ARTICLE 19 recordó que López Valdés enfrentaba una situación de riesgo conocida por las autoridades. Según el organismo, el reportero había presentado una denuncia formal ante una fiscalía especializada por presuntos actos de hostigamiento cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, luego de documentar y difundir un supuesto abuso policial durante una detención.
Como resultado de esa denuncia, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) le otorgó medidas de protección desde el 5 de febrero de este año. No obstante, la evaluación oficial clasificó el riesgo como bajo y únicamente se le asignaron medidas consideradas básicas.
Para ARTICLE 19, la insuficiencia de dichas acciones pone en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de evaluación de riesgo y fortalecer las medidas preventivas dirigidas a periodistas que laboran en contextos de violencia.
La organización sostuvo que los esquemas actuales suelen activarse una vez consumadas las agresiones y no logran anticipar escenarios de riesgo que podrían prevenir ataques graves.
El caso adquiere una dimensión especial debido a que se trata del segundo asesinato de un periodista registrado en Veracruz durante 2026. En enero fue asesinado también en Poza Rica el periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, con quien López Valdés mantenía contacto profesional.
Ante este panorama, ARTICLE 19 subrayó que Veracruz continúa siendo una de las entidades más peligrosas para el ejercicio periodístico en México. De acuerdo con sus registros, desde el año 2000 se han documentado al menos 33 asesinatos y siete desapariciones de periodistas en el estado.
La organización destacó además que las tres desapariciones más recientes de periodistas en el país y los dos últimos homicidios de comunicadores ocurrieron en territorio veracruzano, una situación que, afirmó, evidencia una crisis persistente en materia de libertad de expresión.
El pronunciamiento también responde a declaraciones realizadas por la gobernadora Rocío Nahle García, quien afirmó que en su administración existe respeto a la libertad de expresión y pidió que la Fiscalía continúe agotando todas las líneas de investigación.
Frente a ello, ARTICLE 19 señaló que el asesinato de un periodista debe ser investigado bajo los criterios establecidos en el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, el cual contempla la obligación de analizar de manera prioritaria la labor informativa de la víctima, así como el contexto de amenazas o agresiones previas.
La organización consideró que el Estado mexicano tiene la responsabilidad no sólo de esclarecer el crimen, sino también de generar condiciones que permitan el ejercicio seguro del periodismo mediante mecanismos de protección colectiva y discursos públicos que reconozcan la pluralidad de opiniones.
Entre sus exigencias, ARTICLE 19 solicitó a la Fiscalía de Veracruz realizar una investigación exhaustiva, independiente y diligente, incorporando las denuncias previas presentadas por el reportero contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y determinando si existieron omisiones institucionales en su protección.
Asimismo, pidió a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas revisar y reformar sus metodologías de evaluación de riesgo para garantizar que las medidas otorgadas respondan adecuadamente a las amenazas reales que enfrentan los comunicadores.
La organización también exhortó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a analizar la carpeta de investigación abierta en el ámbito estatal y valorar la posible atracción del caso.
Finalmente, solicitó al Mecanismo Federal de Protección otorgar medidas de seguridad integrales a los familiares de Luis Ángel López Valdés, incluida su pareja, así como a los periodistas que integran la redacción de Vanguardia de Veracruz.
Para ARTICLE 19, el esclarecimiento del asesinato y la sanción a los responsables será una prueba para las instituciones encargadas de proteger la libertad de expresión en México y un mensaje determinante para quienes continúan ejerciendo el periodismo en regiones marcadas por la violencia y la impunidad.