Vulnera el derecho a la privacidad y permite la censura de plataformas digitales: Artículo 19
17.10.2025 Ciudad de México.- La organización Artículo 19 advirtió sobre graves afectaciones a derechos humanos derivadas de la aprobación del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, que incluye reformas al Código Fiscal de la Federación aplicables a quienes ofrecen servicios digitales.
En particular, señaló que el nuevo artículo 30-B representa una interferencia desproporcionada en el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.
El artículo establece que las plataformas digitales deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso permanente, en línea y en tiempo real, a la información que obre en sus sistemas, con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias. En caso de incumplimiento, se contempla el bloqueo temporal del acceso al servicio digital.
Para Artículo 19, esta disposición equivale a una vigilancia constante sin garantías de debido proceso, ya que no exige que las autoridades demuestren previamente la existencia de irregularidades. Además, carece de controles judiciales que limiten el uso arbitrario de esta facultad.
La organización también alertó que el bloqueo de plataformas digitales puede afectar el acceso a redes sociales, servicios de alojamiento web y otros espacios donde las personas ejercen derechos fundamentales como la expresión, la información y la organización. A diferencia de servicios como apuestas en línea, estas plataformas forman parte del espacio cívico digital.
Desde su perspectiva, el artículo 30-B constituye una forma de censura indirecta y previa, prohibida por el artículo 7 de la Constitución mexicana y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aunque reconoce que la recaudación fiscal es un objetivo legítimo, Artículo 19 subraya que debe lograrse sin vulnerar otros derechos.
Por ello, llamó a las y los legisladores a revisar el marco legal desde una perspectiva de derechos humanos y a considerar medidas menos invasivas que permitan una tributación justa y proporcional, sin poner en riesgo la protección de datos personales ni el ejercicio de libertades en línea.
