*Grupos parlamentarios fijan postura en la discusión en lo general de las reformas constitucionales al Poder Judicial
• Participaron diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC
26.08.2024. Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC, representados en la Comisión de Puntos Constitucionales, que encabeza el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), externaron, en tres rondas de oradores, sus posicionamientos durante la discusión en lo general del dictamen sobre las reformas al Poder Judicial de la Federación.
Primera ronda
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) mencionó que su grupo parlamentario le dice no a la destrucción a la autonomía del Poder Judicial y anunció voto particular para replantear la reforma judicial, a fin de fortalecer el servicio judicial de carrera, respetar la estabilidad laboral de las y los trabajadores, instaurar un Comité Independiente y verdaderamente ciudadano para formular las ternas de las y los ministros, dar autonomía total y constitucional al Consejo de la Judicatura Federal, y fortalecer a las policías y a las fiscalías.
De Morena, el diputado Hamlet García Almaguer expresó que es falso que no se haya escuchado a la sociedad, al Poder Judicial y a los expertos que acudieron a los foros. El dictamen consolida la paridad al establecer que cinco de las nueve personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean mujeres y propone que el Tribunal de Disciplina Judicial tenga dos instancias para no generar algún estado de indefensión a las personas que estén sujetas a un proceso disciplinario y los derechos laborales serán respetados.
Por el PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez destacó que cambiar el mecanismo de selección de juzgadores no garantiza la justicia ni pronta ni expedita, ya que no es democrático ni prudente; es un riesgo para el Estado mexicano, es inoperante, lesiona el pacto federal, no representa mejorar la calidad de las resoluciones y es un peligro para el régimen de protección de los derechos humanos; además, permite la intromisión de poderes fácticos, pues la acumulación de los expedientes no se debe a que los jueces no trabajen, sino porque no hay suficientes juzgadores.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) dijo estar a favor del proyecto porque es urgente contar con un Poder Judicial a la altura de los retos y las demandas legítimas de la nación. La propuesta es democratizarlo con la elección de ministras y ministros por voto directo, que haya rendición de informes y que la legitimidad que derive de los sufragios directos refuerce la confianza en las instituciones.
Del PAN, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo manifestó que su grupo parlamentario votará en contra porque la manera de elegir a jueces, magistrados y ministro atenta con la independencia judicial. “Claro que el sistema de justicia requiere cambios, solo que ninguno de los mismos está en este dictamen, ya que no tocan a fiscales, ministerios públicos ni a las defensorías de oficio, peritajes y, en lugar de fortalecer la independencia judicial, la eliminan”.
Armando Antonio Gómez Betancourt, diputado del PVEM, expresó que votarán a favor, pues la justicia se debe percibir como un servicio esencial que está al alcance de todos y responde a las necesidades reales de la sociedad. Una mayor participación ciudadana fomentará mayor transparencia, rendición de cuentas y confianza en las instituciones judiciales. “Debemos consolidar un Poder Judicial que esté al servicio de la sociedad, proteja los derechos y garantice el acceso igualitario a la justicia”.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) comentó que se necesita una política pública para el sistema de justicia y esta debería ser la oportunidad para discutirla. “No podemos hoy decidir esto sin tener un diagnóstico claro y el que se ha dado ha sido muy simplista; la propuesta no soluciona el problema de acceso a la justicia. El Poder Judicial Federal sí es perfectible y los poderes judiciales locales están sufriendo muchos problemas serios que no están en la discusión”.
Irma Juan Carlos, diputada de Morena, resaltó que el dictamen busca reducir y controlar que los jueces, ministros y magistrados de verdad impartan justicia, por lo que hay un plazo para que ellos resuelvan un asunto y si en seis meses no lo han podido hacer, se tiene un órgano que les vigila. Pidió apoyar la reforma si de verdad se está a favor de la imparcialidad, la transparencia y la independencia del Poder Judicial. “Si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, si el pueblo elige al Poder Legislativo, que el pueblo elija al Poder Judicial”.
El diputado de MC, Braulio López Ochoa Mijares, manifestó que si bien se debe modificar la ley para mejorar los problemas que enfrenta el Poder Judicial a nivel federal y local, con este dictamen no se logra, ya que entorpece, dificulta y debilita su tarea. Añadió que actualmente este Poder opera bajo el servicio profesional de carrera, lo cual permite que los cambios en los titulares no comprometan el desempeño y calidad de la institución, pero la propuesta es poco sería, es injusta y antidemocrática.
Por el PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores expresó que la reforma al Poder Judicial busca hacer un nuevo Estado mexicano para que la gente tome el control en sus manos; no se trata de venganza ni de autoritarismo. Nuestra visión, subrayó, es de democracia participativa, de un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, con principios éticos de verdad, y queda claro el tema de la paridad de género y del Tribunal de Disciplina Judicial, por lo que no hay problema para que avance.
El diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara (PAN) indicó que no hay una defensoría pública de calidad en cada una de las entidades federativas y la deficiencia de la impartición de justicia también debe entenderse y atenderse desde el funcionamiento de las instituciones ministeriales, y debe democratizarse el acceso a la justicia con más y mejores jueces, más tribunales y con la profesionalización y garantía de una carrera judicial que proteja los derechos.
Marcos Rosendo Medina Filigrana, diputado de Morena, afirmó que se hace una reforma que no va a ser perfecta, pero toda norma se perfecciona en su implementación y desarrollo. “Prefiero una reforma innovadora a una acción inactiva frente a los excesos y nepotismo del Poder Judicial; prefiero que se equivoque el pueblo a estar sometido a la oligarquía y que sea ésta la que siga mandando”.
Segunda ronda
La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) argumentó que si se quiere corregir el acceso a la justicia se está viendo a la institución equivocada y esta reforma al Poder Judicial ataca hoy todo lo que como legisladores se juró defender. Se manifestó a favor de un régimen democrático. “Estamos defendiendo el privilegio de la democracia, de la libertad y de la verdad. No nos rendiremos y somos la resistencia democrática”.
El diputado Óscar Cantón Zetina (Morena) explicó que lo que se busca es desmantelar la aristocracia judicial para promover un sistema por medio de una elección directa y revertir la tendencia del Poder Judicial que ha asumido roles legislativos y políticos que no le corresponden. “Esta es una sola parte de la gran reforma judicial que tendrá que ser acompañada de modificaciones a la procuración de justicia y a la seguridad pública, a través de las fiscalías y de las defensorías de oficio”.
Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado del PRI, resaltó que la reforma es regresiva, atenta contra la justicia, la verdad, la igualdad y los principios que heredaron los padres fundadores de la patria. La elección de magistrados y jueces es una simulación, el pueblo no va a elegir; por ello, si se desea reformar el Poder Judicial se deben tomar en cuenta los procedimientos y actuación del Ministerio Público, las procuradurías, los peritos y la defensoría pública en favor de la ciudadanía.
Por Morena, el diputado Ismael Brito Mazariegos afirmó que la reforma busca separar el poder político del judicial y está motivada por la nula justicia que reclaman los más pobres, así como la impunidad derivada de las sentencias del Poder Judicial, el cual, agregó, está gobernado por el nepotismo de jueces y magistrados. “Todo el poder al pueblo. No le teman. El del pueblo, es un poder que realmente se ciñe, se siente y seguiremos en esa ruta: que el pueblo se exprese en las urnas”.
Del PAN, el diputado Santiago Torreblanca Engell comentó que hay personas que apoyan esta reforma porque están convencidas de que un modelo autoritario es conveniente a una democracia. “En ocasiones la gente no distingue bien las facultades entre la policía, el Ministerio Público y los poderes judiciales locales y federales, y de lo que realmente está harta la gente es de la impunidad e injusticia, no en contra del Poder Judicial”.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) expresó que están a favor porque la reforma es robusta, fortalece la confianza de los ciudadanos en el sistema de impartición de justicia y promueve la cultura de legalidad y respeto por los derechos fundamentales. Destacó la importancia de trabajar para que la justicia no sea sólo un conjunto de normas frías, sino un instrumento vivo que promueva el bienestar y la igualdad. “El Poder Judicial debe ser un ejemplo de imparcialidad y transparencia”.
Cynthia Iliana López Castro, diputada el PRI, puntualizó que se sigue sin entender que desmantelar al Poder Judicial tiene consecuencias políticas y económicas. Es grave la amenaza a la independencia al Poder Judicial. “Por qué la urgencia de desmantelarlo de un plumazo. Coincido en que se requiere una sacudida a ese Poder, pero por qué no nos vamos por examen, servicio profesional de carrera o más requisitos técnicos. Debe haber una reforma, pero no una que desmantele y entregue las llaves a los cacicazgos estatales”.
Por Morena, el diputado César Agustín Hernández Pérez afirmó que es una reforma de gran calado porque pretende democratizar al Poder Judicial, establece nuevos lineamientos para elegir a los juzgadores y la evaluación a su desempeño, crea un órgano que vigile su actuación e impulsa la austeridad y transparencia. “El objetivo es reconfigurar el sistema judicial mexicano, a fin de asegurar la autonomía, independencia y la especialidad técnica de los órganos jurisdiccionales, así como buscar la participación ciudadana”.
El diputado de MC, Mario Alberto Rodríguez Carrillo señaló que, si bien es necesaria una reforma al Poder Judicial, esta debe enfocarse en solucionar los problemas de atención en los procesos y no en la elección de las y los jueces y magistrados. En esta propuesta no hay un presupuesto constitucional que se le otorgue a este organismo para que sea autónomo realmente; por ello, mi voto será en contra, porque no existe una explicación amplia de por qué se debe elegir a las y los jueces y magistrados.
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, se pronunció a favor del dictamen, ya que plantea separar el poder económico del Poder Judicial, el cual “se puso por encima de los poderes de la República, no imparte justicia y es profundamente corrupto”. Añadió que “con clasismo y desprecio” se quiere negar el derecho a elegir por voto universal, directo y secreto a las personas juzgadoras, cuando la Constitución especifica que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
El diputado Jorge Triana Tena (PAN) señaló que la independencia judicial no es un privilegio, sino una condición fundamental y necesaria para que pueda haber una República democrática. “No es llevando al plano electoral la designación de los juzgadores como se van a solucionar los problemas; al contrario, éstos van a responder a sus votantes y no a lo único que tienen que manifestar, que es la aplicación irrestricta de la ley y el cuidado de la Constitución”.
De Morena, el diputado Leonel Godoy Rangel afirmó que la reforma se dará porque se tiene legitimidad para ello y porque están convencidos de que la manera de lograr la independencia del Poder Judicial de la Federación es a través del voto. Puntualizó que jamás lesionarán los derechos laborales de los trabajadores. “Les decimos que no se dejen engañar por quienes tienen sueldos superiores al presidente de la República”.
Tercera ronda
La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD) aseguró que con la reforma no se garantiza una mejor composición del Poder Judicial, se perderán recursos humanos formados en la carrera judicial, se dejará la justicia en manos de jueces, magistrados y ministros, en muchos casos, sin formación ni experiencia necesarias. “La reforma no garantiza un país más seguro ni con más acceso a la justicia; queremos jueces, magistrados y ministros con carrera judicial, no sometidos al poder presidencial”.
De Morena, la diputada María Guadalupe Chavira De La Rosa resaltó que esta reforma es de gran calado y de largo plazo, pues establece mecanismos para que el Poder Judicial de la Federación sea más eficaz y legítimo, y la elección es la única forma de seguir transformando el Estado constitucional. Además, las elecciones para los cargos de operadores de justicia se llevarán a cabo de manera gradual y escalonada, para completar la sustitución total hasta 2039. “Estamos haciendo lo que por justicia le corresponde a nuestro país”.
Por el PRI, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez dijo que es irónico que, conmemorándose el Día Nacional de la Solidaridad, se clave el último clavo a la democracia y a las libertades de la ciudadanía para acabar de crucificar al país. “Claro que estamos en contra de que en cualquier Poder haya despilfarro y falta de austeridad, pero ese no puede ser el pretexto para quitarle autonomía a un Poder constitucionalmente integrado; para ello, la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos y es ahí donde se pueden reducir los excesos de este órgano”.
La diputada Eunice Monzón García (PVEM) indicó que se trata de una reforma profunda al Poder Judicial para transformar la justicia en el país y acercarla al pueblo. La elección de sus integrantes por voto directo, abundó, abonará a su democratización y que el procedimiento actual por designación promueve corrupción y nepotismo, por lo que al someterles al escrutinio del sufragio habrá más transparencia y rendición de cuentas; además, al ser conscientes de que su permanencia depende de la sociedad, serán más atentos a sus necesidades.
El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN) comentó que se requiere de un sistema de justicia independiente en donde es necesario que, para la protección de los derechos de los justiciables y jueces y juezas, se viva un Estado de derecho respetado y en democracia. “Este dictamen va en contra de lo que han dicho expertos constitucionalistas. Han levantado la mano ministros, jueces y magistrados para exigir que se les respeten sus derechos al igual que las y los trabajadores”.
Al hablar a favor, el diputado Irán Santiago Manuel (Morena) subrayó que se busca una reforma para que la justicia realmente beneficie a los que menos tienen; su aprobación, aseguró, garantiza que la voluntad del pueblo se respete al tener un Poder Judicial que no esté al servicio de los poderes fácticos, ni de los más ricos del país.
Por el PRI, la diputada Laura Lorena Haro Ramírez lamentó que hoy se esté perdiendo la independencia del Poder Judicial y la profesionalización de quienes hoy imparten justicia; sin embargo, aclaró que existen tratados internacionales y la Constitución establece que estos adquieren el rango de máxima ley. “Estamos aún a tiempo de reflexionar, si no, nos veremos en 2025 cuando México dé cuentas en torno a los tratados internacionales de los que somos parte”.
La diputada Flor Ivone Morales Miranda (Morena) destacó que la reforma es de gran trascendencia para el país, pero principalmente para las personas que buscan que exista una verdadera justicia. Se modificará el Poder Judicial de manera que se asegure la autonomía, independencia y la administración de justicia de manera pronta y expedita y se consolidará la participación ciudadana en la designación de jueces, magistrados y ministros con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.
Irma Yordana Garay Loredo, diputada el PT, mencionó que una reforma al Poder Judicial es necesaria para el progreso de la sociedad, ya que una de las funciones principales de la fundación Estado-Nación es proteger a sus ciudadanos; por eso, se debe atender la deuda histórica respecto a la impartición de justicia en México. “Todo cambio histórico conlleva grandes resistencias, trastoca intereses, pero es ahí donde están los males nacionales”.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) se pronunció a favor del proyecto, porque se propone un modelo democrático para elegir jueces con candados muy importantes y se fortalece el control constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al presupuesto y autonomía del Poder Judicial, “están intocados, podrá hacer su propuesta de presupuesto la próxima Legislatura y tendrá más que en 2024”.
Llamó a apostar y cuidar al nuevo modelo y hacer que funcione, que las campañas no sean de territorio, propaganda, reuniones, publicidad o popularidad, sino de exposición en medios públicos con difusión nacional y que los prospectos muestren sus conocimientos en cada ciudad, jurisdicción, distrito y circuito judicial.
