*Acusan impunidad de las figuras públicas
20.01.2026 España.- Tras la publicación de las denuncias contra Julio Iglesias y su respuesta negando los hechos, asociaciones feministas y colectivos culturales han tomado la palabra para marcar posición.
En Madrid, la Federación de Mujeres en Igualdad señaló que “este caso demuestra que la violencia de género no distingue entre clases sociales ni fama; las trabajadoras domésticas merecen la misma protección que cualquier otra mujer”.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis advirtió que “la justicia española debe actuar con rapidez y sin privilegios, porque la impunidad de las figuras públicas ha sido una constante que socava la credibilidad institucional”.
En Barcelona, el colectivo Feministas en Acción convocó una concentración en la Plaza Catalunya con el lema “Ni fama ni poder por encima de la justicia”, reclamando que las denuncias sean investigadas con perspectiva de género.
En República Dominicana, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras Migrantes expresó que “las trabajadoras en casas de lujo suelen estar invisibilizadas; este caso nos recuerda que la explotación y el abuso pueden ocurrir en los espacios más protegidos por el poder económico”.
En México, la Red de Colectivos Culturales por la Igualdad declaró que “la cultura no puede ser excusa para encubrir abusos; la música romántica de Iglesias forma parte de nuestra memoria, pero no puede ser usada para silenciar a las víctimas”.
Los colectivos feministas en España han solicitado que se le retiren los premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera.
Tras conocerse las denuncias, diversas asociaciones feministas pidieron revisar los homenajes otorgados al intérprete, al considerar que la gravedad de los señalamientos obliga a replantear el reconocimiento institucional a figuras públicas acusadas de violencia contra las mujeres.
La exigencia se centra en premios y distinciones concedidos en territorio español durante décadas de trayectoria artística, hasta ahora, ninguna de las instituciones responsables de estos galardones ha informado si tomará una decisión al respecto.
Además la politización del caso se ha visto acompañada por una creciente presión social. Desde 2020, España ha reforzado sus leyes contra la violencia de género, y los colectivos feministas han insistido en que los procesos judiciales contra figuras públicas deben ser ejemplares.
El caso de Iglesias se inscribe en un contexto de movilización constante, donde las asociaciones buscan visibilizar la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas y la necesidad de que la justicia actúe sin sesgos.
Las manifestaciones convocadas en Madrid y Barcelona han reunido a cientos de personas, mientras en América Latina los colectivos culturales y feministas han emitido comunicados conjuntos.
La narrativa dominante en estos espacios es que el caso Julio Iglesias no solo es un proceso judicial, sino un símbolo de la lucha contra la impunidad de los poderosos. Iglesias, por su parte, mantiene su defensa pública y asegura que las acusaciones son falsas.
Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre la apertura de una causa judicial, y la defensa del artista, trascendió, estaría evaluando los pasos a seguir, mientras el caso continúa generando repercusión internacional.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos que trabajan con víctimas de violencia sexual subrayaron que este tipo de declaraciones públicas no deben ser desestimadas por el paso del tiempo, y remarcaron la importancia de que existan ámbitos seguros para que las victimas puedan expresar lo ocurrido.
El caso permanece en desarrollo y se aguarda información oficial que permita determinar el alcance legal de las denuncias, en un contexto donde la palabra de las víctimas vuelve a ocupar un lugar central en el debate público.
Las declaraciones de feministas y colectivos culturales muestran que el caso Julio Iglesias ha trascendido el ámbito judicial y se ha convertido en un referente de la lucha por la igualdad y la justicia.
La presión social se suma a la polarización política que existe entre dos bandos, los progresistas y los conservadores, configurando un escenario donde la resolución del proceso no solo definirá el futuro del cantante, sino también el alcance de las demandas por equidad y protección de las mujeres en entornos de poder.
