*El dictamen, aprobado por consenso, señala que la sanción aumenta si hay relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima.
*Se castigará al servidor o autoridad penitenciaria que facilite medios o condiciones para la comisión de extorsión
Cdmx. 15 octubre 2020.- La Cámara de Diputados aprobó, por consenso, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, a efecto de agravar las penas para los casos en los cuales las víctimas de extorsión sean personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad, quienes pueden resentir con mayor gravedad los efectos de la comisión de dicho ilícito.
El documento avalado por 382 votos, 1 en contra y una abstención y enviado al Senado, precisa que la sanción se agravará hasta una tercera parte si el sujeto activo tiene una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima, o si ésta es menor de 18 años o mayor de 60 años, o tiene alguna discapacidad.
Además, con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos, se aumentarán hasta en una mitad si el constreñimiento se obtiene mediante violencia física, psicológica o moral.
Se tipifica la conducta de un servidor público o autoridad penitenciaria que facilite los medios o condiciones para la comisión de extorsión, y se establece que por su realización se podrá obtener hasta las dos terceras partes de las penas previstas para el delito principal.
Delito de extorsión se ha incrementado de manera desmedida y ha escalado en violencia.
En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Justicia, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC), expresó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de 2019, el delito de extorsión se ha incrementado de manera desmedida en los últimos años.
De un total de 33 millones de delitos, 5.7 millones de ellos se trataron de casos de extorsión bajo la figura de derecho de piso, cifra que representa el 17.3 por ciento, añadió.
Sin embargo omiten que el delito ha escalado en violencia por el llamado “derecho de vida” que actualmente los delincuentes les exigen a las familias, que son agredidas antes de extorsionarlas en total impunidad.
Si se indicó que esas cifras son alarmantes para la seguridad de los ciudadanos y el tema está en vía de considerarse una conducta delincuencia organizada; es un delito que afecta de manera significativa el patrimonio de las familias, las empresas, las Industrias y a los comercios.
Villarreal Salazar resaltó que hoy se agravan las penas en los casos de extorsión en contra de menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad y a quienes pueden resentir con mayor gravedad los efectos de este delito y puedan ser intimidados con mayor facilidad.
Incluso los delincuentes agreden a las familias para vulnerarlas y luego exigirles recursos con una escalada de violencia no reconocida ya que al denunciar no hay investigaciones y los delincuentes actúan al amparo de la colusión.
Se determinó que se agrava la sanción cuando la conducta delictiva sea cometida por un familiar hasta en cuarto grado de parentesco o cualquier persona que tenga una relación laboral, toda vez que la existencia de conocimiento previo entre el sujeto activo y la víctima o un vínculo de confianza disminuyen la adopción de medidas de precaución o alerta.
Puntualizó que del interior de los centros penitenciarios salen llamadas de extorsión y es también una forma en que se agrava, pero también el dictamen señala que sea en contra de aquellos funcionarios públicos que faciliten los medios o condicionen para la ejecución de este delito. “Hoy se endurecen las penas contra este delito de extorsión que flagela y afecta a la sociedad”.
Hoy en día los y las diputadas no reconocen que los extorsionadores ya no operan en las cárceles sino en la misma comunidad.
