Escrito por Rita Magaña Torres
25.01.2024 /Cimac Noticias.om / Ciudad de México.- La situación de los derechos humanos en México fue revisado por cuarta vez en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se destacó que persiste incumplimiento de recomendaciones, además 115 países participantes denunciaron que el país debe: reducir la violencia en contra de mujeres, atender los delitos cometidos contra la libertad de expresión, como los casos de 5 mujeres periodistas asesinadas en lo que va del sexenio, además de revisar acciones para desmilitarizar a la Guardia Nacional, atender desaparición forzada y casos de violencia feminicida.
En este señalamiento de la insuficiencia en el esfuerzo institucional por parte del Estado mexicano señalada ante la ONU, también se llamó a fortalecer, desde una perspectiva interseccional y de género al Mecanismo federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El Colectivo EPU hizo un llamado a la comunidad internacional y su cuerpo diplomático en México para que las recomendaciones emitidas sean parte de las acciones de cooperación y de los diálogos de derechos humanos que se sostienen a nivel nacional.
Es importante señalar que previo a la presentación del Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil, agrupadas en el Colectivo EPUMx, presentaron 18 informes temáticos como insumos para dicha reunión sobre el estado de los derechos humanos en el mundo cuya conclusión señala retrocesos significativos en el Estado de Derecho.
En este contexto, las observaciones y recomendaciones de los países participantes en la evaluación resaltaron temas cruciales, como la lucha contra la violencia de género, la necesidad de adoptar un enfoque de derechos humanos en la política migratoria, la elaboración de una estrategia para combatir la impunidad mediante el fortalecimiento de la capacidad técnica de fiscalías y organismos para la localización de personas desaparecidas.
También se enfatizó en la implementación de medidas que permitan a personas defensoras y periodistas llevar a cabo su labor en un entorno seguro. Asimismo, se instó a adoptar acciones de reconocimiento y respeto a los pueblos indígenas y afrodescendientes, garantizando su consentimiento libre y consulta previa e informada.
México
En su intervención inicial, México destacó los avances en materia de derechos sociales y la reducción de pobreza. También reconoció como retos los destacados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en los temas de desapariciones, protección de periodistas y defensores, violencia contra las mujeres, así como los derechos de migrantes.
La delegación mexicana estuvo integrada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández García; la representante permanente de México ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Francisca Méndez Escobar; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Yadhira Yvette Tamayo Herrera; así como el senador Raúl de Jesús Elenes Angulo y la senadora Nestora Salgado García, además del director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Roberto de León Huerta.
El Estado mexicano destacó acciones sobre: movilidad humana, derechos de las mujeres, trata de personas, pueblos indígenas y el derecho a la consulta, derechos de la niñez, personas LGBTQ+, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
De igual forma, la delegación mexicana reconoció que se enfrentan desafíos importantes y que se identifican áreas de oportunidad que requieren reforzarse. En este sentido la colaboración y el diálogo con otros Estados, con organizaciones de la sociedad civil y con los organismos regionales y los órganos del sistema universal son indispensables para seguir registrando avances.
¿Qué le recomendaron a México?
En la ronda de recomendaciones para México durante la sesión del EPU, Reino Unidos dio sus recomendaciones a México, en las que incluyó publicar un plan integral para desmilitarizar de la Guardia Nacional, que incluye transferir su control a una autoridad civil. Así como fortalecer la capacidad y los recursos de los fiscales, incluidos los de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para investigar crímenes contra periodistas, -como el caso de 5 mujeres comunicadoras asesinadas en lo que va del gobierno actual- y defensores de derechos humanos.
Además implementar el Protocolo de Investigación policial a nivel estatal a nivel nacional para abordar los preocupantes índices de impunidad.
Canadá recomendó a México fortalecer, desde una perspectiva interseccional y de género, al Mecanismo federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La representación de Australia coincidió que se deben implementar las recomendaciones del diagnóstico del Mecanismo Federal de Protección de México realizado por ACNUDH y garantizar que cuente con los recursos adecuados, así como incrementar los presupuestos de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Género, actualizar y estandarizar protocolos para la investigación de casos de violencia contra las mujeres, pues continúa la preocupada por la alta tasa de feminicidios y desapariciones forzadas en México, así como la falta de recursos de las instituciones designadas para atender estas cuestiones.
La delegación de Colombia expresó que con ánimo constructivo recomienda: Redoblar los esfuerzos para eliminar los estereotipos de género relacionados con las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en las tareas de cuidados, la familia y la sociedad.
Reforzar las medidas necesarias para garantizar que los defensores de derechos humanos, incluyendo a lideresas, líderes, defensoras y defensores de los derechos de Pueblos Indígenas, afromexicanos y migrantes, para que puedan llevar a cabo su labor libremente, sin temor a represalias o agresión. Intensificar los esfuerzos para combatir la discriminación estructural en contra de los Pueblos Indígenas.
Tomar las medidas necesarias para que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en contra de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo sean investigadas de manera rápida e imparcial.
En su oportunidad, Ecuador le recomendó a nuestro país seguir implementando acciones y políticas públicas para prevenir y combatir la violencia de género, en particular la que enfrentan los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.
Adoptar las medidas legales y administrativas que se requieran para enfrentar la crisis de desapariciones forzadas, incluyendo la asignación de recursos suficientes y el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas.
Garantizar la plena participación de los pueblos Indígenas y afromexicanos en el diseño e implementación de las políticas públicas, e implementar acciones para evitar la discriminación institucional y estructural.
Costa Rica celebró las recientes ratificaciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos y las acciones dirigidas a combatir la pobreza, la promoción y protección del marco de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI+.
Recomendó reforzar los recursos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con el objetivo de avanzar hacia la igualdad y brindar una respuesta efectiva a las denuncias que deriven de la discriminación racial. Adoptar medidas para prevenir, investigar y eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza y atender los casos de vigilancia de la población civil por medios digitales por parte de las fuerzas de orden.
Redoblar los esfuerzos en contra de la impunidad, a través de la investigación pronta, independiente e imparcial, de los crímenes violentos y los delitos, así como garantizar una reparación integral a las víctimas.
Uruguay agradeció la ratificación de los Convenios 189 y 190 de la OIT por parte de México y recomendó continuar implementando acciones para la efectiva protección de los derechos de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, particularmente en relación con niñas, niños y adolescentes.
Así como continuar con los esfuerzos para conducir investigaciones exhaustivas e independientes de todas las denuncias de desapariciones forzadas, llevar a los autores ante la justicia y garantizar reparaciones a las víctimas, en particular a las familias de las personas desaparecidas. Incrementar los esfuerzos para garantizar que los defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas y el resto de actores de la sociedad civil puedan realizar sus actividades en un entorno seguro y libre.
A su vez, Venezuela reconoció la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas hasta 1990. “Le animamos a seguir colaborando con los mecanismos de derechos humanos”, por tanto recomendaron ajustar su legislación al marco del derecho internacional de los derechos humanos para corregir posibles restricciones a las libertades fundamentales y salvaguardar la labor de los periodistas en el país.
Reforzar las capacidades necesarias para acometer investigaciones expeditas, exhaustivas e imparciales de las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Fortalecer las instituciones y políticas en materia de desapariciones forzadas de personas, con el debido seguimiento a las acciones de búsqueda de los desaparecidos, y el acompañamiento y protección integral de las víctimas.
¿Qué sigue tras las recomendaciones?
Las recomendaciones que México recibió por parte de los Estados que participaron en este ejercicio serán analizadas con detenimiento por las diversas instancias competentes. En fecha posterior, el gobierno de México informará al Consejo de Derechos Humanos su respuesta a las recomendaciones formuladas durante el EPU y el seguimiento que habrá de otorgarles.
Desde el Colectivo EPUMx, se hizo un llamado al Estado mexicano a analizar y aceptar las recomendaciones dirigidas a mejorar la situación de derechos humanos en el país, en particular, a que, en cumplimiento de estas obligaciones internacionales, todas las instancias de gobierno asuman su responsabilidad en las acciones recomendadas, de manera proactiva y eficaz, y que ello se traduzca en acciones concretas de políticas públicas que impacten de manera positiva en el respeto a la dignidad de las personas que habitan en México.
Estas recomendaciones son fundamentales para mejorar y fortalecer su compromiso con los derechos humanos, así como una herramienta para la elaboración de una hoja de ruta que conduzca las políticas y acciones gubernamentales para los próximos años, involucrando a todos los actores interesados, incluida la sociedad civil.
“En este tenor, estaremos atentas al seguimiento que el Estado mexicano dé a la adopción del informe final emitido por el Consejo de Derechos Humanos, así como al número total de recomendaciones recibidas por la comunidad internacional, su aceptación por parte de México y al monitoreo de la manera en que serán implementadas dichas recomendaciones”, se indicó durante la sesión.
El Colectivo EPUMx es una articulación compuesta por organizaciones y redes nacionales e internacionales dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en México que da seguimiento a las evaluaciones del país ante el EPU.
