*Escrito por Lucía Melgar Palacios .
La llegada al poder de Trump y su corte de megamillonarios y acólitos nacionalistas cristianos marca la intensificación de los tiempos obscuros que vivimos. Aun cuando la ultraderecha y diversos gobiernos autocráticos han ido empoderándose desde hace décadas, hoy las refuerza quien recién afirmó que “quien salva a su país no viola ninguna ley”, declaración imperial ominosa para la sociedad estadounidense y las naciones democráticas. Si con ella el presidente de E.U. pretende justificar la avalancha de decretos con que busca derruir los equilibrios republicanos y las regulaciones protectoras de la salud, los derechos laborales, la privacidad, etcétera, en la esfera internacional da pie a que otros autócratas justifiquen sus acciones o se arroguen poderes semejantes.
Si bien la historia de Estados Unidos no ha seguido en los hechos una inmaculada trayectoria democrática, ni dentro ni fuera de sus fronteras (baste recordar el derrocamiento de presidentes democráticos y la promoción de dictaduras “amistosas”), en su discurso oficial de posguerra mantenía cierta retórica democrática. Hoy, como en los años 70, el apoyo abierto a regímenes y partidos autoritarios, como el de Bukele, la extrema derecha en Europa o el gobierno de Netanyahu, son señales de peligro para la estabilidad democrática y los derechos humanos.
Mientras que el Congreso, dominado por republicanos, no ha reaccionado aún para defender siquiera el equilibrio de poderes o sus propias facultades, organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) han interpuesto recursos legales en contra de órdenes presidenciales inconstitucionales y varios jueces han dictado suspensiones.
Otras voces críticas señalan que el país está al borde de una crisis constitucional o que ya se ha dado un golpe de Estado, llaman a la ciudadanía a encontrar sus propias vías de resistencia y, sobre todo, a organizarse. En entrevista con David Remnick (The New Yorker), Anthony Romero, director de ACLU, expuso que confía en las cortes pero no descarta la necesidad de una movilización ciudadana masiva que “pare el país” para detener el desmantelamiento de la Constitución.
A la luz de la deriva autoritaria de nuestros vecinos, es inevitable reconocer ciertos paralelismos con la política mexicana reciente y preguntarse por nuestras opciones de resistencia, pasadas y futuras. Aunque sin tonalidades imperiales ni imperialistas, el ex presidente López Obrador pretendió también imponer por decreto cambios legislativos que después la Corte declaró inconstitucionales; luego, logró convencer o presionar a una mayoría de legisladores que, con tal de cumplir su voluntad, aprobaron, sin leerlas o al vapor, leyes atropelladas, y, lo más grave, una reforma judicial que buscaba (y va logrando) el sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo (PJF).
En vez de moderar o modificar la demolición de las instituciones y equilibrios democráticos, la presidenta Sheinbaum ha dado continuidad a los caprichos y pleitos de su antecesor. Ha replicado incluso los agravios a Norma Piña, presidenta de uno de los poderes indispensables en una República. Ha tolerado ¿o impulsado? la grotesca farsa en que el Legislativo ha convertido la selección de candidaturas para “renovar” el PJF. Ha promovido la desaparición de organismos autónomos que regulaban, por ejemplo, las telecomunicaciones y la protección de datos personales, o que evaluaban políticas públicas.
Así, sin necesidad de operativos cibernéticos estilo Musk, el gobierno se ha deshecho de reguladores independientes; con la abyecta sumisión del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), ha minado aún más los cimientos democráticos.
Pronto quedaremos sin defensa judicial ante las arbitrariedades del poder. ¿Qué magistrado o ministra se atreverá a rechazar la próxima iniciativa presidencial que apruebe la mayoría legislativa oficialista? ¿Quién defenderá el derecho a la verdad o la libertad de expresión? ¿Y ante quién podremos recurrir una sentencia judicial sin perspectiva de género y derechos humanos?
Hoy parecen lejanas las significativas movilizaciones contra la Ley de Seguridad Nacional bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto o las que se dieron apenas el año pasado a favor del PJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La maquinaria destructiva sigue su curso con el aplauso de partidarios del régimen, que facilitarán la imposición autocrática, y ante una ciudadanía crítica impotente, cuya desmovilización y sentimiento de impotencia sólo favorece a los poderosos.
Como plantean en E.U. Romero y otros críticos de la política trumpista, aquí también organizarnos, más allá de las diferencias, es clave para preservar la débil democracia que nos queda y fortalecerla.
Ensayista y crítica cultural, feminista
CimacNoticias.com
