Necesariamente Incómoda.
**Decisiones en beneficio de la salud pública en Quintana Roo desde el Congreso.
Graciela Machuca Martínez.
El asesinato de la colega periodista María Elena Ferral Hernández en la ciudad de Papantla, Veracruz el pasado 31 de marzo nos ubica nuevamente en la indignación, en la impotencia, así como en la exigencia de justicia, para que este crimen, como la mayoría de los demás no quede en la impunidad.
El homicidio de la corresponsal del Diario de Xalapa, en la zona norte de Veracruz, se registró en medio de la emergencia nacional sanitaria y en el estado que acumula el mayor número de asesinatos de periodistas, al menos, del año dos mil a la fecha.
En el referido periodo han pasado por la gubernatura personajes emanados de las filas de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Morena, quienes han ofrecido poner un alto a la impunidad, pero de dientes para fuera, porque se trata de políticos que tienen la piel muy sensible a lo que hace y dice la prensa.
Con el asesinato de María Elena Ferral Hernández y con el caso de la periodista Lucero Díaz Estrada, quien el pasado primero de abril fue lesionada de un balazo en un hombro cuando cubría un bloqueo carretero en la comunidad de Caltzonzin, en el estado de Michoacán, se muestra que los esfuerzos por la autoprotección, así como el presupuesto destinado para la protección gubernamental a periodistas ya no sirven.
Las acciones gubernamentales y las políticas públicas en esta materia, pierden su efectividad al perderse en el debate del ejercicio de la libertad de expresión y se olvidan del ejercicio periodístico.
Se trata de hacer la diferencia entre el ejercicio pleno de la libertad de expresión que toda persona tiene como un derecho humano y por otro lado garantizar el ejercicio periodístico. Ambos derechos presentan riesgos al ejercerlos, pero deben ser diferenciados y para ello se deben tomar en cuenta su naturaleza.
Tanto a las autoridades, a la sociedad en general, como a quienes ejercen estos derechos, les debe quedar claro que no es lo mismo abrir una cuenta de Facebook o de otra red social y opinar sobre determinado tema a ser trabajador de un medio de comunicación y salir todos los días a buscar la noticia, utilizando las herramientas profesionales y éticas que exige el periodismo.
Quienes nos dedicamos profesionalmente al periodismo tenemos clara la diferencia entre libertad de expresión y derechos de periodistas, porque como parte de la sociedad y como profesionales ejercemos ambos instrumentos jurídicos.
El pasado 30 de marzo, cundo el Consejo Nacional de Salubridad emitió la Emergencia Nacional por la Pandemia de Covid-19, incluyó a la actividad de los medios de comunicación como esencial para que la sociedad mexicana se encuentre informada, lo cual es lógico en un país que se identifica como democrático.
Al gremio periodístico, desde las instancias gubernamentales, se le reconoce su importante papel para informar a la sociedad, en este tiempo de crisis, pero para informar la versión oficial y no para replicar las voces de la sociedad, quienes lo hacen son considerados enemigos de la patria y del presidente de la república en turno.
Como gremio asumimos nuestra función social de informar periodísticamente, ya habrá quienes quieran ser solo voceros del gobierno, como lo hubo en los regímenes del PRI y del PAN, quien se diga periodista no puede conformarse con esa tarea.
Ahora que el quehacer de los medios de comunicación son esenciales para el gobierno debemos preguntarnos cuáles son las garantías que nos da el Estado mexicano para salir a cumplir nuestra función, sí aun no puede identificar y sancionar a quienes asesinan periodistas.
Las vulnerabilidades sistémicas del gremio periodístico son las mismas que durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, la prueba de ello es el asesinato de Ferral Hernández y la agresión que sufrió Díaz Estrada.
A este estado de indefensión por el colapso del sistema de procuración y administración de justicia, se suman los riesgos por la pandemia provocada por el coronavirus-19, porque mientras mujeres y hombres periodistas han invertido sus energías en la autoprotección, no les dio tiempo para capacitarse en las formas de trabajar durante una pandemia y ante esta situación los riesgos se incrementan.
El Sector Salud tampoco estaba preparado y prueba de ello son las inconformidades de sus trabajadores por la falta de equipo de protección, personal sanitario ya empezó a morir por el contagio tanto en la Ciudad de México como en Coahuila; recordemos que cuando se conoció del brote del coronavirus en China, en México estábamos discutiendo las inconsistencias de la transición del Seguro Popular al llamado Insabi, debate que ha pasado al olvido gubernamental.
Las instituciones públicas y privadas del sector salud han generado acciones de gobierno durante los últimos tres meses, mientras que la Secretaría de Gobernación y los gobiernos estatales se olvidaron que entre sus facultades está la protección de quienes ejercen el periodismo y de quienes defienden derechos humanos.
Acción del Congreso de Quintana Roo para salvaguardar la salud pública
La diputada Reyna Durán Ovando, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Quintana Roo dio a conocer que en esa instancia legislativa se toman acuerdos en consenso con todas las fuerzas políticas, privilegiando la salud pública y el bienestar de los quintanarroenses para que, en unidad, logremos superar la emergencia sanitaria que atraviesa nuestra entidad y nuestro país”.
Entre los acuerdos más importantes para apoyar a la población durante el periodo que dure esta contingencia sanitaria está la creación de un Fondo Legislativo que será destinado a la adquisición de insumos hospitalarios, medicamentos o alimentos “para las familias más vulnerables de nuestro estado”.
El Fondo Legislativo que contempla recursos de 1,000,000 (un millón de pesos) mensuales del presupuesto del Poder Legislativo durante el periodo que dure la contingencia, será entregado a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, que administrará los recursos y los dirigirá a las necesidades más apremiantes de la sociedad como parte del plan #JuntosSaldremosAdelante.
“Lo primero, lo más importante, es la salud. Como legisladores hoy, sin distingo de colores partidistas y de ideologías, estamos enfocados en que nuestra toma de decisiones coadyuve en el combate a esta enfermedad que está causando estragos a nivel mundial.
