*La politización de la justicia y la militarización no ayudan a reducir la violencia
*La militarización de la seguridad pública, el debilitamiento de las garantías del debido proceso y la politización de la justicia no ayudan a reducir la violencia criminal.
*La presidenta Claudia Sheinbaum debería atender el problema central del sistema de justicia penal: las prácticas investigativas ineficaces y abusivas de las fiscalías.
21.02.2025 Ciudad de México – Las autoridades mexicanas no están investigando adecuadamente el alto número de homicidios en el país, cometidos en su mayoría por grupos del crimen organizado, señaló Human Rights Watch en un informe.
El informe de 187 páginas, “Doble injusticia: Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios”, examina en detalle las razones de los pobres resultados del sistema de justicia penal de México en las investigaciones de homicidios e identifica formas de mejorar el acceso a la justicia para las víctimas.
Doble injusticia
Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios
“Militarizar la seguridad pública, socavar las garantías de debido proceso y politizar la justicia no ha logrado que los mexicanos estén más seguros ni ha mejorado los pésimos resultados del sistema de justicia penal”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “En lugar de insistir con estas políticas fallidas, la presidenta Claudia Sheinbaum debería abordar el problema central del sistema de justicia penal de México: las prácticas investigativas ineficaces y abusivas de las fiscalías”.
Human Rights Watch entrevistó a cerca de 150 fiscales y policías de investigación de fiscalías estatales, asesores jurídicos de comisiones estatales de víctimas y otros operadores de justicia y expertos en el sistema de justicia penal mexicano en 11 estados, en su mayoría entre enero de 2023 y febrero de 2024. Human Rights Watch también analizó estadísticas públicas sobre el sistema de justicia y presentó más de 300 solicitudes de información a las autoridades estatales y federales.
México ha sufrido tasas de homicidio extremadamente altas durante casi dos décadas. En 2023, la tasa de homicidios de México, de casi 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, fue una de las más altas del mundo. Fiscales y analistas independientes estiman que la mayoría de los homicidios son el resultado de conflictos entre y dentro de los grupos del crimen organizado que luchan por el control del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos. La gran mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego, que en la mayoría de los casos provienen de Estados Unidos.
Human Rights Watch concluyó que la mayoría de las investigaciones por homicidio doloso abiertas por las fiscalías estatales en México nunca avanzan más allá de las etapas iniciales de la investigación y a menudo se cierran o se archivan sin ejercer ninguna acción penal. Entre 2010 y 2022, las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300.000 investigaciones por homicidio doloso, pero solo identificaron formalmente a un sospechoso e iniciaron un proceso penal en unos 51.000 casos, es decir el 17 %.
“La gente me dice: ‘Déjalo. Estás amenazada. Dios hará justicia’”, explicó una mujer, quien ha enfrentado amenazas de muerte por parte de los presuntos autores del asesinato de su hijo e indiferencia de las autoridades de su estado, según contó a Human Rights Watch. “Yo les digo: ‘Hay un Dios, sí. Pero también hay autoridades aquí en la tierra. ¿Por qué no hacen nada?’”
Los problemas sistémicos que socavan las investigaciones de homicidios y violan o repercuten negativamente en los derechos de las familias de las víctimas y de los acusados de delitos incluyen la elevada carga de trabajo, los recursos y formación insuficientes, una coordinación ineficaz entre las autoridades y una falta de lineamientos claros sobre cómo priorizar los casos. Muchas personas entrevistadas describieron casos en los que las autoridades esperaron meses o años para llevar a cabo los actos de investigación o solo lo hicieron en respuesta a atención mediática negativa o a presiones de los familiares de las víctimas.
Cuando los familiares de las víctimas intentan colaborar con las investigaciones, a menudo enfrentan estigmatización, corrupción y abandono. Las autoridades suelen suponer que las víctimas de homicidio estaban implicadas en actividades delictivas o de alto riesgo. Muchos familiares de víctimas y sus asesores jurídicos dijeron que las autoridades culparon a las víctimas por sus muertes o exigieron sobornos para investigar.
Muchas personas son reacias a cooperar con las autoridades por temor a represalias. Pero las autoridades rara vez proporcionan una protección eficaz.
Las escasas investigaciones por homicidio doloso que llegan ante un juez muchas veces están basadas en pruebas endebles o en declaraciones que han sido alteradas, fabricadas u obtenidas mediante amenazas o tortura.
Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 40 % de las personas encarceladas por cargos de homicidio desde 2016 afirman que las autoridades las habían golpeado o torturado para tratar de presionarlas a declararse culpables o a aceptar una versión falsa de los hechos. La falta de independencia judicial en muchos sistemas de justicia estatales agrava este problema, ya que muchos jueces sufren presiones políticas para que emitan fallos favorables a los fiscales y al gobierno.
En los últimos años, los esfuerzos de las autoridades para reducir la violencia criminal se han centrado en gran medida en militarizar la seguridad pública, socavar las garantías procesales y politizar la forma de nombrar a los jueces. Estas estrategias dan lugar a graves violaciones de derechos humanos y no han sido eficaces para mejorar la seguridad pública o frenar el poder de los grupos criminales.
En septiembre de 2024, el Congreso aprobó una serie de modificaciones a la Constitución que requieren que todos los jueces estatales y federales sean destituidos y sustituidos en elecciones populares a partir de una lista de candidatos elegidos por el Congreso, el presidente, y la Suprema Corte.
“Para mejorar el rendimiento del sistema de justicia, las autoridades mexicanas deberían proteger a los jueces ante la influencia política, y no politizar aún más el sistema de justicia”, dijo Goebertus.
Las autoridades mexicanas deberían adoptar medidas urgentes para garantizar que las fiscalías lleven a cabo investigaciones de homicidios exhaustivas, imparciales y respetuosas de los derechos humanos. Las fiscalías deberían elaborar planes estratégicos de persecución penal, para que los fiscales puedan priorizar mejor los casos, centrándose en esfuerzos por desmantelar a los grupos criminales responsables de los homicidios. También deberían garantizar que existan normas claras y objetivas para la contratación, ascenso y destitución del personal en los servicios profesionales de carrera.
Las autoridades estatales y federales deberían garantizar que las comisiones de víctimas cuenten con el personal y los recursos necesarios para representar eficazmente a las familias de las víctimas. Deberían crear urgentemente mecanismos de protección eficaces para las víctimas y los testigos. También deberían adoptar medidas para mejorar la supervisión de las fiscalías mediante la creación de mecanismos de control externo que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil revisar las denuncias de irregularidades y recomendar cambios.
Estados Unidos debería dar prioridad a los programas de cooperación internacional destinados a apoyar la profesionalización de las agencias de seguridad y justicia en México. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) ha apoyado programas que brindan capacitación para fiscales, asesores jurídicos y defensores públicos y que ayudan a las fiscalías a desarrollar planes de persecución penal estratégica. Muchos de estos programas se encuentran suspendidos debido a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 20 de enero de 2025, que suspendió US$44 mil millones de dólares en asistencia extrajera a nivel global. Estados Unidos también debería realizar esfuerzos urgentes, en cooperación con el gobierno mexicano, para detener el flujo ilegal de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México.
“Suspender la financiación de programas destinados a la profesionalización de las agencias de seguridad y justicia en México es una medida contraproducente para el objetivo de desmantelar a las organizaciones criminales”, dijo Goebertus.
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