*Escrito por Luz Cecilia Andrade.
24.08.2024 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Entre desacuerdos de la oposición, el día viernes se aprobó en comisiones el dictamen de reforma para establecer que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), y forme parte de la Fuerza Armada permanente (Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada) y ante la inminente militarización de la seguridad en el país de una institución patriarcal, las consecuencias caerán sobre nosotras, las mujeres.
Con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dominada por integrantes de Morena y sus aliados, aprobó esta iniciativa de reforma en lo general a 12 artículos de la Constitución Política (13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129).
Por más de tres horas, diputadas y diputados del el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) mostraron su desacuerdo a esta reforma que, en sus palabras, demuestra la “hipocresía” de las y los diputados de Morena y sus aliados, y el “desconocimiento” de las consecuencias de que la seguridad pública se militarice.
“Esta reforma es civilista, con disciplina militar, sí, pero civilista”, señaló Leonel Godoy, vicecoordinador de los diputados de Morena y exgobernador de Michoacán.
Un poco de memoria
El reciente dictamen a favor de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena no ocurrió de la noche a la mañana, cuenta con historia. En la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Jefe del Ejecutivo dio a conocer un paquete de 20 reformas, llamado Plan C, donde pruso la reforma a la Guardia Nacional durante la ceremonia por la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución de 1917, en Palacio Nacional, para reformar la Constitución del país.
Previo a esta iniciativa, el periodo de militarización actual en México tiene relación con la creación de la Guardia Nacional (GN) en 2019. Pese a su carácter militar, esta institución estaba ligada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y nació con la tarea de intervenir en la de seguridad pública de México.
Al respecto, Nancy Carmona Arellano, coordinadora del área de políticas públicas de la organización Equis Justicia, asevera que cuando el Ejército comienza a tomar atribuciones que no le corresponden estamos hablando de un proceso de militarización, uno que, lamentablemente, perpetúa violaciones sistemáticas a los derechos humanos de niñas y mujeres.
Documentos de Equis Justicia señalan que el despliegue de las fuerzas armadas en el espacio público compromete la seguridad y la vida de las personas debido a que las expone a violencia directa e indirecta de los enfrentamientos del crimen organizado, mismo que asesina a mujeres y niñas y usa sus cuerpos como botín.
Por ello, no es sorpresa que las mujeres a la fecha sean quienes menos confían en las fuerzas militares y teman más a sus actos violentos, como las agresiones sexuales o la desaparición forzada, asegura Carmona Arellano.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh) también advirtió tiempo atrás que esta reforma implica múltiples retrocesos a los derechos humanos, pues:
- Militariza totalmente la cadena de mando
- Otorga a la Sedena el control de aspectos sustantivos de la GN
- Amplía la intervención de la GN en investigación de delitos e inteligencia
- Extiende los alcances del fuero militar
- Dota de más recursos presupuestales a Sedena, sin controles civiles externos robustos
A esta preocupación, se suma Lucía Lagunas, quien desde 2022 vió con preocupación cómo la Guardia Nacional poco a poco agarraba terreno, “callendo sobre nosotras”:
“Si hablamos de seguridad, las mujeres lo sabemos bien, a mayor violencia generalizada con presencia de hombres armados en las calles, mayor violencia en nuestra contra y más restricciones a nuestras libertades”.
Violencia hacia mujeres por parte del ejercito, se discutió poco
Pese a la duración de la discusión, fueron pocas las y los diputados que argumentaron los riesgos a la seguridad de las mujeres que esta decisión representa.
Entre las mujeres que hicieron énfasis de este tema en el pleno, destacó Paulina Rubio Fernández del PAN, quien mencionó en tribuna el caso sin resolver de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa así como las múltiples violencias físicas y psicológicas que han vivido las mujeres de forma sistemática a manos de militares.
“Esta reforma constitucional lacera y vulnera el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, señaló la diputada Paulina Rubio Fernández del PAN.
Durante su participación, la diputada señaló que más de 68 mil mujeres han sufrido diferentes tipos de violencia por militares que van desde piropos hasta abuso sexual.
Asimismo, la diputada de la oposición cuestionó a la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Irma Juan Carlos, diputada de Morena, por votar a favor de que la seguridad pública del país esté a cargo del ejército, tomando en consideración que las mujeres indígenas por condiciones de pobreza y marginación son las más expuestas a violaciones a sus derechos humanos a manos del ejército.
“No veo cómo, diputada Irma Juan Carlos, puede votar a favor de esta reforma luego de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Valentina Rosendo, una indígena violentada en Guerrero por ocho militares […]. Tampoco veo hoy cómo la próxima secretaria de las mujeres pueda defender una estrategia que atente una vida libre de violencia para las mujeres”, señaló la diputada Paulina Rubio.
“Esta propuesta es destructiva, autoritaria y dictatorial”, increpó.
En respuesta, la diputada de Morena, Irma Juan Carlos subió al podio y con dureza en la voz señaló que todas las violaciones a los derechos humanos que la diputada del PAN mencionó habían sucedido a manos de militares en sexenios anteriores que no tenían relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Precisamente nosotros estamos apoyando la creación y el fortalecimiento de la Guardia Nacional porque tiene que ver con temas de seguridad, cosa contraria que sucedía en los gobiernos neoliberales […] La diferencia entre lo que hoy es la Guardia Nacional y lo que eran los militares en los años neoliberales era que entraban a las comunidades y abusaban a la mujeres. En el sexenio de Andres Manuel no existen datos”, puntualizó.
Tras el enfrentamiento entre ambas diputadas de Morena y el PAN, la violencia hacia las mujeres por parte de elementos castrenses no se volvió a tocar, más que de forma superficial.
Avanza reforma pese a críticas de la oposición
Durante la ronda de reservas de la Comisión de Puntos Constitucionales, la oposición expuso en conjunto su rechazo a la reforma de la Guardia Nacional.
Entre los argumentos expuestos, Braulio López Ochoa, coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, hizo hincapié en que la reforma de la Guardia Nacional es una “traición” a la iniciativa con la que esta institución se creó en 2019, año en el que se estableció que tendría un carácter civil.
“Se opusieron a la militarización de Felipe Calderón, prometieron regresar a los militares a los cuarteles, prometieron pacificar a este país y nada de esto lo están cumpliendo”, señaló López Ochoa.
Tras escuchar los argumentos en lo general sobre la reforma a la Guardia Nacional de las y los diputados del Pleno y pasar a las reservas, donde las palabras de diputadas y diputados del PAN, PRI y MC no tuvieron eco, en la discusión en lo particular, se aceptó la reserva presentada por el diputado Salvador Caro Cabrera (Morena), para reformar el párrafo décimo primero del artículo 21 para agregar el término “de los tres órdenes de gobierno”, misma que fue aprobada por mayoría de votos.
“La reestructuración del sistema nacional de seguridad pública es fundamental y seguramente irá parejada a esta reforma que define el modelo de la Guardia Nacional”, concluyó señaló Salvador Caro en favor de esta reforma.
Luego de la aprobación de la reforma de la Guardia Nacional en la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa será enviada al Pleno de la Cámara de Diputados para que pueda ser discutida y votada a partir de septiembre por los 500 legisladores.
