21/08/2022/ Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consciente de los avances en las investigaciones desarrolladas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), que derivaron en las acciones que están siendo implementadas por la Fiscalía General de la República (FGR), refrenda su solidaridad con las madres y padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, y con ella su compromiso de acompañarlos hasta asegurar el pleno acceso a la verdad y a la justicia que desde hace 8 años reclaman.
La CNDH confía en que en esta ocasión el trabajo de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia sea el pertinente para esclarecer los hechos, de manera que todas las personas responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas, ya sea por acción u omisión de sus funciones, sean juzgados y sancionados conforme a derecho.
Los crímenes de lesa humanidad, como la tortura y desaparición forzada, no prescriben, y su castigo resulta fundamental para la construcción de un auténtico Estado de derecho en México, por lo que estaremos muy atentos al desarrollo del proceso, o los procesos que, con motivo de las investigaciones, tengan lugar. Y hacemos un respetuoso llamado a los jueces que están llamados a intervenir, para que no permitan que la impunidad manche estas acciones, fundamentales para alcanzar la verdad y la justicia, y para resarcir el daño causado a las familias de las víctimas de este condenable crimen de Estado.
De igual forma, esta Comisión Nacional considera, como lo expresó en su momento en su “Informe de la Recomendación 15VG/2018 sobre el Caso Ayotzinapa”, que la detención del día de ayer, y las demás acciones que deriven de la investigación, a concretar por la FGR, demuestran que la llamada verdad histórica fue solo un argumento construido desde el Estado, en complicidad con la propia CNDH, para ocultar los hechos y a quienes estuvieron implicados en ellos, tanto en su ejecución como en su encubrimiento, recurriendo incluso a la tortura de personas y a la alteración o modificación de los escenarios en donde pudieron encontrarse indicios para realizar una adecuada investigación, colusión que hoy queda acreditada pero que por años se acalló, y que sólo buscaba ocultar los lazos entre grupos del crimen organizado y autoridades federales, estatales y municipales.
En nuestro Informe, entregado a los padres y madres de los normalistas y difundido el pasado mes de abril, este Organismo Constitucional Autónomo estableció que el Caso Ayotzinapa es una historia del horror, de ignominia, de terror, de impunidad y de corrupción, que enmarca la violencia estructural, las prácticas sistemáticas de tortura y de desaparición forzada, por años ejercitadas desde las instituciones del Estado, particularmente por aquellas diseñadas para garantizar y proveer seguridad a la sociedad, junto con las que son responsables de la procuración y administración de justicia.
Así lo demostraron los resultados presentados en dicho Informe, donde se concluyó también que no hubo un enfoque diferencial y especializado al momento de redactar la Recomendación 15VG/2018 sobre el Caso Ayotzinapa y, en especial, al momento de brindar atención a las personas en situación de víctimas, dado que varios estudiantes, así como sus madres o padres pertenecen a pueblos indígenas que habitan el estado de Guerrero y por tanto no se estableció una atención adecuada del caso en concreto. También se acreditó que los dictámenes u opiniones técnicas que emitió personal de la CNDH en su momento fueron realizados en gabinete, es decir, que ni siquiera se acudió al lugar de los hechos; que la aplicación de los protocolos de Estambul presentó serias deficiencias que no permitieron la documentación de prácticas de tortura realizadas a diversas personas detenidas; que en varios momentos, la extinta Oficina Especial para el Caso Iguala de la CNDH actuó bajo una lógica de investigación ministerial y no de documentación de violaciones a derechos humanos, facultad constitucional de este Organismo Nacional. Asimismo, que el trabajo de dicha Oficina Especial se hizo bajo secrecía y compartimentación de la información, a tal grado que las personas que participaron en las diversas diligencias desconocían lo que el resto del personal realizaba en torno al caso; que se obvió el papel de integrantes de las Fuerzas Armadas que en su momento tuvieron conocimiento de los hechos, y que no se consideró la importancia de investigar la cadena de los mandos medios policiacos, y su participación por acciones u omisiones durante los hechos victimizantes. Además, que se omitió el hallazgo de porciones petrosas de huesos, importantes para las investigaciones.
Es por todo lo anterior, que esta Comisión Nacional suspendió, en acuerdo con las madres y padres de los 43 normalistas, la Oficina Especial para el Caso Iguala, y sometió a revisión la Recomendación 15VG/2018; pero continúa trabajando ahora, bajo una nueva lógica y compromiso, para garantizarles el acceso a la verdad y a la justicia, algo que desde luego merecen todas las familias afectadas pero también al pueblo mexicano en su conjunto; pues hechos como los ocurridos durante las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, significan un agravio que no podemos ni debemos permitir se repita una vez más.
Es de destacar por último, que el Informe señala algunos pendientes que todavía se deben atender, entre otros, investigar a personal de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación que conocieron los hechos minutos después del primer ataque a los normalistas; investigar sobre los nexos entre la delincuencia organizada y elementos de las fuerzas armadas, autoridades federales y autoridades estatales de Guerrero; investigar desde una perspectiva integral los delitos cometidos contra el estudiante Julio César Mondragón Fontes; y realizar la junta de peritos de la FGR, CNDH y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para dilucidar si las petrosas no analizadas son aptas o no para su estudio genético correspondiente; para todo lo cual esta Comisión Nacional ha manifestado su plena colaboración tanto con la CoVAJ como con las autoridades ministeriales.
A esa y otras acciones pendientes, estaremos atentos, reiterando que lo haremos, como siempre lo hemos hecho, de la mano de las familias de los 43 normalistas.
