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26.09.2026 Ciudad de México.- Doce años después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, madres y padres de los normalistas volvieron este 26 de septiembre a las calles de Ciudad de México para exigir avances en una investigación que todavía no ha establecido de manera definitiva qué ocurrió con los jóvenes ni cuál fue su destino.
Este 26 de septiembre, doce años después de Iguala, los rostros de los 43 volvieron a recorrer Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo. Las consignas, los carteles y el pase de lista mantienen vigente una exigencia que no ha cambiado: verdad, justicia y esclarecimiento del paradero de los estudiantes.
La movilización principal partió esta tarde del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino. A la protesta se sumaron estudiantes de Ayotzinapa, integrantes de otras normales rurales, organizaciones sociales y personas solidarias con las familias. La jornada forma parte de una serie de actividades realizadas durante toda la semana en Guerrero y Ciudad de México.
En las calles volvieron a escucharse consignas que durante 12 años han acompañado al movimiento, entre ellas “26 de septiembre no se olvida”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y reclamos que responsabilizan al Estado y cuestionan la actuación del Ejército. Durante la marcha de este sábado también se escuchó: “Fue el Ejército, fue el Estado, que son lo mismo”, además de llamados a mantener la búsqueda de los estudiantes.
La protesta de este año no comenzó con la marcha. Desde el 19 de septiembre, estudiantes de las normales rurales agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México realizaron movilizaciones en Guerrero. Ese día cientos de jóvenes llegaron en 16 autobuses a la caseta de Palo Blanco, sobre la Autopista del Sol, donde realizaron un mitin y permitieron el paso libre de automovilistas. Entre sus demandas estuvo la entrega de información que permanece en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Dos días después, normalistas bloquearon parcialmente la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, en Chilpancingo. Los manifestantes repartieron volantes y realizaron un acto político para recordar los hechos de Iguala. En esa protesta también se mencionó la detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y la expectativa de que su proceso aporte información para esclarecer el caso.
En Ciudad de México, las familias acudieron el 24 de septiembre a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahí reclamaron directamente a su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, por la recomendación emitida este año sobre el caso y pidieron una reunión para conocer sus alcances. Los familiares consideran que ese documento minimiza la participación militar; la CNDH ha sostenido que no tiene facultades para determinar responsabilidades penales ni para exonerar a las Fuerzas Armadas.
La inconformidad con la CNDH se relaciona también con uno de los principales reclamos actuales: la entrega de documentos militares. Las familias sostienen que existen más de 800 folios que podrían contener información relevante sobre lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. El Poder Judicial había ordenado la entrega de esa documentación a las instancias encargadas de investigar el caso, pero los familiares afirman que la resolución continúa sin cumplirse plenamente.
El 25 de septiembre, madres y padres acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde fueron recibidos por su presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Durante el encuentro plantearon la situación de los documentos militares y otros procesos judiciales relacionados con Ayotzinapa. El ministro se comprometió a dar seguimiento a los expedientes y mantener comunicación con las familias.
Uno de los puntos que permanece en el centro de las protestas es la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló este sábado que las investigaciones deben profundizar en la posible intervención de militares y policías, además de analizar la cadena de mando político, los organismos de seguridad y posibles vínculos entre funcionarios y grupos criminales.
La CIDH también llamó al Estado mexicano a preservar los avances alcanzados en las investigaciones y advirtió sobre la necesidad de evitar que se minimice la participación del Ejército. El organismo señaló que, a 12 años de los hechos, los estudiantes continúan desaparecidos y que todavía no existe un esclarecimiento completo de lo ocurrido.
Las preguntas centrales siguen siendo las mismas que han acompañado a las familias desde 2014: qué ocurrió exactamente con los estudiantes después de que fueron atacados en Iguala; quién ordenó y coordinó las acciones contra ellos; qué autoridades tuvieron conocimiento de los hechos; qué ocurrió con cada uno de los 43; quiénes participaron en su desaparición y qué funcionarios conocieron posteriormente su destino.
También permanece abierta la interrogante sobre la actuación de las corporaciones de seguridad durante aquella noche y madrugada, así como sobre la información que pudieron haber obtenido las instituciones militares y civiles antes, durante y después de los ataques.
La investigación ha descartado como explicación definitiva la llamada “verdad histórica”, presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, según la cual los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. El trabajo posterior del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y otros peritajes identificó inconsistencias en esa versión.
En los años posteriores se han incorporado nuevas evidencias, incluidos registros de comunicaciones y documentos de inteligencia. También se han localizado e identificado fragmentos humanos correspondientes a algunos de los estudiantes, pero el paradero de los 43 como conjunto continúa sin esclarecerse.
En 2026, además, la investigación incorporó nuevas líneas relacionadas con comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos, autoridades y otros actores. La Fiscalía mantiene abiertas indagatorias y recientemente fue procesado el exgobernador Ángel Aguirre por delitos relacionados con la investigación del caso, aunque su situación jurídica no representa por sí misma una explicación definitiva sobre el destino de los normalistas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha informado que la investigación continúa mediante nuevas detenciones, revisión de comunicaciones y análisis de hechos y actores relacionados con Iguala. La Presidencia anunció que el lunes 28 de septiembre funcionarios de Gobernación y de la Fiscalía especializada presentarán información sobre las nuevas líneas de investigación.
Mientras tanto, para las familias, la fecha vuelve a colocar en las calles una demanda que permanece sin respuesta: conocer qué ocurrió con sus hijos y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables.