* Gestionan una iniciativa que busca nombre y justicia. Exhiben caso cero en la entidad.
/ Darío Pale y Redacción /
24.09.2025. Xalapa, Ver.- El caso de Myrna, una adulta mayor de 68 años residente en Veracruz, se ha convertido en el caso “cero”, en símbolo de una lucha jurídica y social que busca frenar el embargo de pensiones otorgadas por programas federales, entre otras acciones contra personas adultas mayores, en lo que consideran es la Judicialización de la pobreza de este sector.
Desde febrero pasado, su historia —marcada por la retención judicial de su Pensión del Bienestar tras una demanda promovida por una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM)— ha sido el eje de una campaña impulsada por El Barzón para exigir una reforma constitucional que garantice la inembargabilidad de los apoyos sociales.
Teresa Carbajal, representante de El Barzón en Xalapa, denunció que el caso de Myrna no es aislado, sino el “caso cero” de una práctica que se extiende silenciosamente: el uso de demandas amañadas por financieras para apropiarse de los ingresos de adultos mayores, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. “Lo que enfrentamos es el secuestro institucionalizado de los programas sociales por parte de intereses privados”, señaló.
La organización propone que la reforma constitucional sea conocida como “Ley Myrna”, en reconocimiento a la mujer que abrió el camino jurídico para visibilizar esta problemática.
Desde hace siete meses, han sostenido reuniones con el Senado de la República, el Congreso de Veracruz y la Delegación Estatal de Programas del Bienestar, sin que hasta ahora se haya concretado una propuesta legislativa.
El Barzón exige que se modifique el artículo 4º de la Constitución para incluir un párrafo que declare expresamente la inembargabilidad de los apoyos sociales, como medida de protección frente a abusos judiciales y financieros.
“Solo así tendremos garantías de que los grupos más desprotegidos tengan acceso a una vida digna y a un efectivo bienestar”, afirmó Carbajal.
El proceso legal de Myrna continúa en tribunales, actualmente en fase de excepciones procesales. El pasado 26 de junio, se logró cancelar el embargo precautorio sobre sus pensiones, pero la orden de inmovilización sobre otras cuentas bancarias sigue vigente.
“La resolución no es definitiva, y el caso sigue abierto”, advirtió Carbajal, quien también hizo un exhorto público a los jueces para que actúen con perspectiva de género y consideren la edad avanzada de la afectada.
La activista denunció el desinterés de legisladores y autoridades que “cobran por hacer leyes que protejan al pueblo, pero no han movido un dedo”, reclaman.
En su intervención, subrayó que el 100% de la pensión de Myrna fue retenido, lo que representa una violación directa al principio de mínimo vital y a los derechos adquiridos por adultos mayores.
En Veracruz, más de 900 mil personas reciben apoyos del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Sin embargo, la falta de blindaje legal ha permitido que financieras y despachos jurídicos promuevan embargos sobre estos recursos, aprovechando vacíos normativos y la escasa defensa institucional.
El caso de Myrna expone cómo la judicialización de la pobreza se convierte en una herramienta de despojo, especialmente en territorios donde el acceso a la justicia es desigual y la protección social es frágil.
Derechos sociales en México: entre el constitucionalismo histórico y las omisiones contemporáneas
Desde la promulgación de la Constitución de 1917, México se posicionó como pionero en el reconocimiento de derechos sociales en América Latina. El artículo 123 consagró garantías laborales, mientras que el artículo 4º —reformado en diversas ocasiones— ha sido el eje para el reconocimiento del derecho a la salud, la alimentación, la vivienda y, más recientemente, el bienestar.
Sin embargo, como señala el investigador Juan Antonio Cruz Parcero, estos derechos fueron durante décadas considerados “no justiciables”, es decir, no exigibles ante tribunales. Esta visión debilitó su aplicación efectiva y permitió que políticas neoliberales de las últimas décadas redujeran el gasto social y privatizaran servicios esenciales, como pensiones y salud.
Pensiones: avances fragmentados y vulnerabilidades estructurales
La historia de las pensiones en México ha sido marcada por avances desiguales. Desde los esquemas colectivos pactados en los años 40 —como el de Pemex— hasta la creación del IMSS en 1943 y el ISSSTE en los años 50, se construyó un sistema de previsión social que, si bien amplió la cobertura, lo hizo de forma fragmentada y excluyente.
En años recientes, los programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores han buscado universalizar el acceso, pero sin un blindaje constitucional que impida su embargo por vía judicial. Casos como el de Myrna, en Veracruz, evidencian cómo financieras privadas y despachos jurídicos aprovechan vacíos legales para apropiarse de estos apoyos mediante demandas simuladas.
Casos similares: judicialización de la pobreza
En estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, organizaciones como El Barzón y colectivos de defensa del consumidor han documentado casos similares, donde adultos mayores han perdido el acceso a sus pensiones por embargos derivados de créditos abusivos. En muchos de estos casos, los jueces no aplican perspectiva de género ni criterios de vulnerabilidad, perpetuando el despojo institucional.
*La urgencia de una reforma constitucional
La propuesta de “Ley Myrna” busca modificar el artículo 4º para declarar explícitamente la inembargabilidad de los apoyos sociales. Esta reforma no solo blindaría jurídicamente las pensiones del Bienestar, sino que establecería un precedente para proteger otros programas sociales frente a prácticas financieras coercitivas.
