/ QUEBRADERO /
JAVIER SOLÓRZANO ZINSER .
No hay día en que el Presidente no haga valer en todo el país su inobjetable triunfo, si no lo hace él directamente, son los gobernadores de su partido y, sobre todo, los Congresos locales con mayoría morenista.
Va de nuevo la obviedad: Morena ganó como partido porque López Obrador se dio cuenta, meses antes de su triunfo, que no bastaba sólo con que él alcanzara la Presidencia. Requería de una estructura que le permitiera gobernar a su imagen y semejanza; fue por ello que pidió votar por Morena para los Congresos locales, lo cual está claro que dio resultado.
Necesitaba tener una presencia nacional y poder llevarse los Congresos locales le servía para establecer equilibrios; y en algún sentido, someter a los gobernadores. Morena cogobierna donde no tiene las gubernaturas, lo que le permite una capacidad de maniobra que limita a los gobernadores, esperando que en las siguientes elecciones estatales, el movimiento se lleve también las gubernaturas donde hoy no las tiene. El Presidente quizá así pueda hacer a un lado la singular figura que creó: los superdelegados.
Es difícil pensar, bajo las actuales condiciones en las que se mueve el Gobierno, que el Presidente no esté al tanto de ciertos temas, controvertidos o no. Con base en ello, partamos de la hipótesis de que López Obrador conoce de antemano asuntos que, se sabe, se van a debatir en todos los estados.
En el caso de BC, no vemos cómo el Presidente no pudo estar enterado previamente de las intenciones de Jaime Bonilla. El gobernador electo es cercano a él y lo tuvo que poner al tanto de su intención de cambiar la duración de su mandato, de dos a cinco años.
No estábamos, ni estamos, ante un tema menor, más bien, estaba muy claro que de suyo, el asunto traería consecuencias de toda índole, empezando por las que a él le pudieran causar. Si no puso reparos, más que respetar la decisión autónoma del estado, terminó, a querer o no, avalándola.
La llamada “Ley garrote” aprobada en Tabasco seguramente pasó también por el aval o la opinión del Presidente; particularmente porque es su estado. La ley contiene una serie de elementos que cuestionan y penalizan el sentido de la manifestación y la protesta ciudadana.
Se ha insistido en la paradoja de lo que sucede porque va en contra de lo que fue para López Obrador una estrategia sistemática en el desarrollo de su carrera política. La forma en que actuaba llevó, en muchas ocasiones, a escenarios y situaciones límite.
Puede ser visto a la distancia de manera criticable o no, pero como sea, formaba parte también del clima de libertades que tenemos que vivir y defender, por más que a menudo nos confronten, nos perturben y terminen alterando nuestra cotidianeidad.
Partir de que este gobierno es distinto y por ello las protestas y las manifestaciones adquieren otra dimensión, y que no merecen respeto, no empata con la realidad. Las muchas diferencias de opiniones están latentes en nuestra sociedad, lo que es más bien una fortaleza más que una debilidad.
Las manifestaciones de ayer, que eran parte de los intentos de construcción de nuevas condiciones para el país, no son menos que las de hoy. Somos una sociedad heterogénea y una parte de ella puede considerar, eventualmente, que el actual desarrollo político del país merece ser cuestionado e incluso, transformado.
Los casos de BC y Tabasco adquieren importancia porque rompen reglas básicas de convivencia. Dejar las cosas bajo la interpretación genera discrecionalidad y, sobre todo, produce reacciones que acaban siendo dirimidas desde el poder.
Las duda que provocan BC y Tabasco es que no queda claro si detrás de todo están acciones genuinas; o de plano estamos antes casos que más bien son un laboratorio.
RESQUICIOS.
Emilio Lozoya empieza a hablar, va a necesitar algo más que lo que ha dicho hasta ahora. En el camino, ya está en la mira Rosario Robles, a quien da la impresión que le traen ganas.
