*No está acreditado que la DEA haya intervenido directamente: las autoridades bolivianas sostienen que la aprehensión fue ejecutada por la Policía de Bolivia, con apoyo de la agencia antidrogas estadounidense. Existen versiones contrapuestas sobre la legalidad del operativo.
02.10.2026., Bolivia.- La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, abrió una disputa política y judicial en el país debido a que el funcionario encabezaba investigaciones contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, mientras que Estados Unidos lo había señalado días antes por presuntos vínculos con una estructura dedicada al narcotráfico.
Mariaca fue detenido junto con otros funcionarios del Ministerio Público durante un operativo realizado por la Policía boliviana. El gobierno del presidente Rodrigo Paz sostiene que la acción contó con cooperación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, pero ha señalado que fueron agentes bolivianos quienes ejecutaron las aprehensiones. La Fiscalía, por su parte, denunció inicialmente el procedimiento como una intervención irregular y calificó la detención de Mariaca como un “secuestro”.
El Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron detenidos en el aeropuerto internacional Viru Viru .Esto ocurre apenas dos días después de que Estados Unidos revocara sus visas y los incluyera en una lista negra que les prohíbe viajar a ese país por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
La controversia aumentó porque la operación ocurrió mientras Mariaca tenía bajo su responsabilidad investigaciones contra Cerimedo, quien fue asesor de Paz y enfrenta en Bolivia procesos por tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos. La Fiscalía también había abierto investigaciones que alcanzaron a María Elena Urquidi, esposa del presidente boliviano, dentro de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito.
La Ultraderecha Diario de la red de Cerimedo maneja en redes que “el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al momento de ser capturado, confiesa que el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, era uno de sus empleados. Marset asegura que Mariaca recibía mensualmente 500 mil dólares a cambio de darle inmunidad a su organización criminal desde el Ministerio Público y de facilitarle información confidencial para que pudiera evitar ser capturado”.
Cerimedo permanece detenido preventivamente en Bolivia por mandar a asesinar a su pareja, sin que la justicia del Presidente Paz haya procedido conforme a derecho por tentativa de feminicidio, vía sicarios, hoy confesos. El Ministerio Público había ampliado en septiembre las investigaciones en su contra por legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado, para manejar narrativas y falsedades en redes como lo hacen en varios países.
La versión del gobierno de Paz es distinta a la planteada por la defensa de Mariaca. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el fiscal encabezaba una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público que habría protegido actividades vinculadas con el narcotráfico. Según la acusación oficial, Mariaca enfrenta investigaciones por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
El caso también está relacionado con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en Bolivia en marzo y posteriormente trasladado a Estados Unidos con apoyo de la DEA. Las autoridades bolivianas han utilizado como parte de sus argumentos un video atribuido a Marset en el que menciona a Mariaca como una persona conocida. La agencia AFP señaló que no pudo verificar de manera independiente la autenticidad de ese material.
La captura se produjo después de que el Departamento de Estado estadounidense revocara la visa de Mariaca y de otros funcionarios bolivianos. Washington los acusó de favorecer la corrupción y el narcotráfico. Tras las detenciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó públicamente su respaldo al gobierno de Paz y a las acciones emprendidas contra la corrupción y el crimen organizado.
El operativo alcanzó además instalaciones de la Fiscalía. Una transmisión en vivo difundida desde las propias redes del Ministerio Público mostró el momento en que policías ingresaron a la sede de la Fiscalía General en Sucre. Durante la emisión, funcionarios denunciaron que los agentes habían ingresado sin presentar una orden de allanamiento; posteriormente, personal de la institución informó que varios trabajadores habían sido detenidos.
La intervención de las oficinas alimentó las acusaciones sobre un posible riesgo para la documentación relacionada con las investigaciones que se encontraban en curso. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación independiente de que las autoridades hayan destruido o eliminado pruebas. Lo que sí está documentado es que la Policía intervino dependencias de la Fiscalía en Sucre y Santa Cruz durante el operativo.
Mariaca fue sustituido de manera interina por Luis Montaño Morales, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional analiza el procedimiento para determinar la situación del cargo y eventualmente designar a un nuevo fiscal general. La Asamblea comenzó este viernes a discutir una modificación legal que permitiría nombrar a un fiscal interino durante tres meses. (
La defensa de Mariaca sostiene que el procedimiento vulneró sus derechos y presentó acciones de libertad. Dos salas constitucionales rechazaron hasta ahora esas acciones, de acuerdo con reportes de la Agencia de Noticias Fides.
El caso permanece abierto y enfrenta dos narrativas contrapuestas. Para el gobierno de Rodrigo Paz, la detención forma parte de una operación contra una estructura que habría protegido al narcotráfico dentro de instituciones públicas; para los sectores que cuestionan el procedimiento, la coincidencia entre la investigación sobre Cerimedo, las pesquisas que alcanzaban a personas cercanas al gobierno y la intervención de la Fiscalía plantea interrogantes sobre la independencia del Ministerio Público y la participación de Estados Unidos.
Hasta este momento, no está acreditado que el gobierno de Paz haya ordenado eliminar pruebas ni que exista una decisión para designar a un fiscal con el propósito específico de proteger a la DEA, al presidente o a su esposa.
Esas afirmaciones forman parte de las acusaciones y sospechas que circulan alrededor del caso y deben distinguirse de los hechos documentados sobre las detenciones, los allanamientos y las investigaciones abiertas.