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18.08.2026 Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que existen conversaciones entre representantes jurídicos del Gobierno estatal y la defensa de Raúl Meza Abonce, joven de 28 años acusado de sabotaje y daños por los hechos ocurridos durante las protestas del 2 de noviembre de 2025 en el Palacio de Gobierno de Morelia, realizadas tras el asesinato del entonces presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía estatal, informó que el área jurídica del Gobierno de Michoacán se acercó a la institución con la intención de otorgar el perdón legal a Meza y cerrar el proceso mediante un acuerdo.
“Efectivamente se ha tenido el acercamiento por parte de los representantes del área jurídica del Gobierno del Estado, quienes están buscando otorgar el perdón a Raúl Meza”, declaró el funcionario. Añadió que las partes trabajan en los términos del acuerdo y que se espera que el procedimiento pueda concretarse próximamente.
La Fiscalía señaló que su participación en el caso comenzó a partir de la investigación de los daños registrados durante la movilización. Vega Rodríguez explicó que la institución tiene la obligación de agotar las líneas de investigación y determinar las responsabilidades correspondientes antes de que pueda concluirse el procedimiento.
“Una vez que tuvo conocimiento de los hechos, esta Fiscalía está obligada a agotar todas las líneas de investigación y a buscar y acreditar la responsabilidad de algún probable responsable de los hechos delictivos”, afirmó el encargado del despacho.
El anuncio representa un cambio respecto de la posición que el Gobierno estatal había mantenido semanas atrás. El pasado 3 de agosto, la administración de Alfredo Ramírez Bedolla se adhirió a la acusación presentada contra Meza y solicitó ante un juez una pena de 12 años de prisión. En aquella petición también se planteó una reparación del daño que inicialmente fue calculada en mil 370 millones de pesos.
La acusación está relacionada con la irrupción de manifestantes en el Palacio de Gobierno de Michoacán durante la jornada de protesta del 2 de noviembre de 2025. La movilización ocurrió un día después del asesinato de Carlos Manzo, quien fue atacado a tiros durante un evento del Día de Muertos en Uruapan.
Durante la protesta en Morelia, un grupo de manifestantes ingresó al inmueble gubernamental y ocasionó daños. Meza fue identificado entre quienes participaron en la irrupción y fue detenido por elementos de seguridad junto con otros jóvenes. Posteriormente quedó vinculado a proceso por los delitos de sabotaje y daños.
Meza permaneció privado de la libertad durante casi dos meses. El 27 de diciembre de 2025 obtuvo un cambio en las medidas cautelares y abandonó el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez”, por lo que desde entonces enfrenta el proceso penal en libertad.
El caso también estuvo acompañado por una denuncia relacionada con la actuación de elementos de seguridad durante la detención. La defensa y familiares del joven señalaron que fue agredido dentro del Palacio de Gobierno. A raíz de esos señalamientos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán separó de sus funciones a dos agentes y se inició una investigación interna.
Sobre esa denuncia, Vega Rodríguez informó que se realizaron estudios conforme al Protocolo de Estambul, utilizado para documentar posibles casos de tortura y malos tratos. Según el fiscal, los resultados no acreditaron tortura.
“No se aprecia la parte de la tortura, por lo cual se va por lo que es un abuso de autoridad”, explicó el funcionario, quien añadió que las investigaciones contra los elementos policiales señalados continuarán por la posible comisión de abuso de autoridad.
En paralelo, dos elementos de la Guardia Civil fueron vinculados a proceso por las agresiones denunciadas durante la detención de Meza. La investigación contra los policías continuará mientras se desahogan las actuaciones correspondientes.
La situación jurídica del joven permanece abierta mientras se define el acuerdo que permitiría aplicar el perdón. La defensa también ha promovido recursos legales para frenar el procedimiento penal. La audiencia intermedia estaba prevista para el 3 de septiembre, aunque el desarrollo de esa etapa dependerá de las determinaciones judiciales y del eventual acuerdo entre las partes.
El expediente ha generado atención debido a que Meza fue el único de los jóvenes detenidos durante aquella protesta que permaneció inicialmente sujeto a prisión preventiva y posteriormente continuó vinculado a proceso. Los otros manifestantes detenidos recuperaron su libertad.
La defensa ha cuestionado la dimensión de las acusaciones y ha sostenido que la responsabilidad atribuida a Meza no corresponde con los hechos que se le imputan. En contraste, la acusación estatal sostuvo que durante la protesta se produjeron daños a bienes públicos y que fueron utilizados objetos incendiarios, elementos que fueron incorporados al expediente penal.
Ahora, la posibilidad de que el Gobierno de Michoacán otorgue el perdón modificaría el rumbo del procedimiento. De acuerdo con la Fiscalía, las mesas de trabajo entre el área jurídica estatal y los representantes de Meza buscan establecer los términos necesarios para alcanzar un acuerdo.
“Se está trabajando en esa parte, así como en el acuerdo correspondiente”, señaló Vega Rodríguez al referirse a las negociaciones. El funcionario indicó que el objetivo es que las partes puedan concretar el procedimiento durante los próximos días.
El caso se originó en una movilización que exigía justicia por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. La muerte del alcalde de Uruapan provocó protestas en distintos puntos de Michoacán y, al día siguiente, una de ellas terminó con la irrupción de manifestantes en el Palacio de Gobierno de Morelia.
Mientras el proceso contra Meza permanece vigente, la Fiscalía también mantiene abierta la investigación relacionada con los elementos policiales que participaron en su detención. La eventual aplicación del perdón dependerá de los términos que acuerden las partes y de las determinaciones que correspondan dentro del procedimiento judicial.
Por ahora, la Fiscalía estatal confirmó que el Gobierno de Michoacán busca formalmente una salida mediante el perdón legal, mientras la defensa y las autoridades trabajan en los términos del acuerdo que podría poner fin al proceso penal contra Raúl Meza Abonce.