*Una iniciativa plantea valoraciones periódicas, atención psicológica y psiquiátrica, así como protocolos para prevenir suicidios y autolesiones en centros penitenciarios.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
Las mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones que pueden afectar su salud mental, como la separación de sus hijas e hijos, el abandono familiar, la pérdida de redes de apoyo y los antecedentes de violencia. Frente a este escenario, una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca garantizarles atención psicológica y psiquiátrica especializada, además de establecer mecanismos para prevenir suicidios y autolesiones en los centros penitenciarios.
La propuesta fue impulsada por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), quien plantea reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para que las autoridades penitenciarias garanticen el acceso oportuno e integral a servicios de salud mental para las mujeres bajo custodia del Estado.
La iniciativa contempla que las mujeres reciban valoraciones periódicas de su salud mental desde su ingreso al centro penitenciario y durante todo el tiempo que permanezcan en reclusión.
Asimismo, establece que tengan acceso a atención psicológica y psiquiátrica de acuerdo con las necesidades identificadas por profesionales de la salud.
Prevención del suicidio y atención especializada
Entre las medidas propuestas se encuentra la implementación de protocolos permanentes para prevenir, detectar y atender el riesgo suicida y las autolesiones.
Estos mecanismos deberán contemplar la identificación de factores de riesgo, intervención inmediata, seguimiento y, cuando sea necesario, la canalización de las mujeres a instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
La iniciativa también establece que los servicios médicos de los centros penitenciarios deberán realizar campañas permanentes de prevención del suicidio.
Otro de los puntos relevantes es que, en los casos de personas con una enfermedad mental grave, no podrá recurrirse al aislamiento como medida de atención.
La atención deberá proporcionarse con perspectiva de género, respeto a la dignidad humana, confidencialidad y consentimiento informado.
CNDH advierte carencias en la atención a mujeres en prisión
La propuesta retoma los hallazgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha documentado las condiciones diferenciadas que enfrentan las mujeres privadas de la libertad y las dificultades para acceder a servicios especializados.
En su Informe diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad desde un enfoque interseccional, publicado en 2022, el organismo identificó la falta de recursos, instalaciones, especialistas y espacios para atender su salud mental.
También advirtió que los centros penitenciarios femeniles presentaban registros relevantes de autoagresiones y pensamientos suicidas. Entre los factores asociados señaló el abandono familiar, el distanciamiento de la pareja y el rechazo social.
La CNDH destacó que estas condiciones requieren estrategias de atención especializadas y centradas en las necesidades de las mujeres, particularmente para prevenir conductas suicidas y lesiones autoinfligidas.
La gravedad de esta problemática también quedó documentada en la Recomendación 276/2023, emitida por la CNDH, relacionada con violaciones a los derechos humanos de 13 mujeres que perdieron la vida por suicidio en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
En este caso, el organismo señaló responsabilidades del sistema penitenciario por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y también identificó omisiones y dilaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos en las investigaciones.
Buscan fortalecer el derecho a la salud en prisión
La iniciativa plantea que garantizar la atención en salud mental no solo es una medida para preservar la vida y la integridad de las mujeres privadas de la libertad, sino también una condición necesaria para proteger su derecho a la salud y contribuir a los procesos de reinserción social.
La diputada Ballesteros Mancilla señala que la atención debe considerar las experiencias y circunstancias particulares de las mujeres, entre ellas las violencias de género y sexual, la maternidad, la separación de sus hijas e hijos, la pérdida de redes de apoyo y los antecedentes de violencia.
La propuesta contempla adicionar un segundo párrafo al artículo 36 y un tercer párrafo al artículo 43, así como reformar la fracción I del artículo 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.