Prosa aprisa.
Arturo Reyes Isidoro.
De acuerdo a información de operadores de Morena a “Prosa aprisa”, les preocupa la elección del próximo año, su resultado.
Por eso están esperando que se levante la veda epidemiológica para entrar en acción, de inmediato, a efecto de prepararse para la gran batalla electoral.
En algunas de las dependencias del gobierno una de las medidas será hacer una limpia de los impreparados, inexpertos, deshonestos (que sí los hay), que llegaron por compromiso o recomendados.
Van a tratar de sustituirlos por gente preparada, con experiencia y honestidad y que tengan el mejor perfil profesional. Si saben operar políticamente, mejor.
Apenas si están a tiempo. Los ayudaría mucho si mejoraran la imagen de la administración. Hasta donde tengo información, vienen en serio y con todo para lograrlo.
Las circunstancias se dieron para que, de hecho, ayer iniciara la sacudida con la “renuncia” de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Guadalupe Argüelles Lozano.
Sobre la una y media de la tarde, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio la noticia a través de sus cuentas en las redes sociales:
“El día de hoy he aceptado la renuncia de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Lic. Guadalupe Argüelles Lozano, por asuntos del ámbito personal que requieren su atención y de manera temporal como encargada de despacho he designado a la C. Diana Aróstegui”.
Era obligada la salida de quien resultó mal funcionaria, por el daño que le causaba al gobierno cuitlahuista debido a sus prácticas de nepotismo y de abuso de poder.
Cosa de recordar que ella causó el primer escándalo mediático al cuitlahuismo cuando nombró a su hija funcionaria de su dependencia e incluyó a cuatro familiares más en la nómina.
En aquella ocasión (marzo del año pasado) tuvo que intervenir el delegado federal Manuel Huerta para que revocaran el nombramiento de la hija.
El caso que acaba de detonar su salida se dio el martes cuando un hijo suyo fue detenido en Chicontepec con aliento alcohólico, en un coche de lujo de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, en el que la policía halló droga.
(La Secretaría de Seguridad Pública no informó del caso y todo se supo porque el Diario Vanguardia de Veracruz (vanguardiaveracruz.mx), de Poza Rica, publicó el hecho con base en información de la propia policía, además que ilustró con cuatro fotos que no dejaron ninguna duda.)
En realidad, la habían tolerado mucho tiempo, lo que resultaba inexplicable porque lastraba la administración estatal de Morena y contribuía a bajar la aprobación del gobernador.
Curiosamente en plena cuarentena, cuando ya no se habla de cambios en la administración como en la fiebre de rumores y versiones que se dio el año pasado, ahora podrían producirse o estarían por producirse algunos, uno significativo en especial aunque no el del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Sobre la ya ahora exsecretaria, extrañaba también que la mantuvieran en el cargo cuando su pareja, Gonzalo Vicencio Flores, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, ha pretendido hacerse de la presidencia en contra de Esteban Ramírez Zepeta, a quien se considera el candidato del Palacio de Gobierno. Las versiones periodísticas han dicho que ella lo apoyaba, esto es, que le jugaba la contra a su jefe.
Fuentes de Morena dijeron ayer a esta columna que el susodicho está acusado de pedir cuotas a los alcaldes de ese partido a cambio de inmunidad con el pretexto de que será el próximo dirigente estatal.
Puro choro el Sistema de Control Interno (SICI)
El 16 de enero pasado, la flamante Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, le presumió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez un nuevo invento: el Sistema de Control Interno (SICI).
Según, sería para llevar medidas de control como prevenir actos de corrupción y mantener y salvaguardar los recursos públicos “intactos y en condiciones de transparencia y disponibilidad para los fines y usos para los que han sido asignados”, y mucho bla bla.
La Contraloría tiene una estructura muy costosa. En la pirámide directiva están la titular, directores, jefes y los contralores internos de las dependencias, más el SICI. Los contralores internos tienen la responsabilidad de vigilar, se supone que en forma estricta, el manejo de los recursos materiales y del parque vehicular.
De acuerdo a la normatividad, todo uso indebido de unos y de otro debe ser denunciados no solo administrativa sino también penalmente. La omisión (o complicidad) conlleva responsabilidad administrativa y penal.
En el caso de la Secretaría de Trabajo, la contralora interna era hasta ayer Erika Pola Navarro (por cierto, hermana de Antonio Pola Navarro, titular del área de recursos materiales de la Secretaría de Salud, a quien versiones periodísticas señalan de enriquecimiento ilícito –estuvo antes con Arturo Bermúdez, en la Secretaría de Seguridad Pública, y luego en la Universidad Veracruzana).
El martes se puso al descubierto que no tenía ningún control sobre el parque vehicular o se hacía de la vista gorda y actuaba en complicidad con la titular, pues nunca reportó ni denunció penalmente el mal uso que estaba haciendo la Secretaria del coche que dio a su hijo para su uso personal, además en Chicontepec, lejos de la oficina sede en Xalapa.
Las preguntas son, entonces: ¿para qué sirve el SICI?, ¿acaso hubo encubrimiento de los superiores?, ¿si no y no sabía nada, de qué está enterada entonces la Contralora General?, ¿cuánto le cuesta al gobierno –a los contribuyentes– sostener toda esa estructura burocrática?
Pero también hay otras preguntas obligadas: ¿La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, puso al detenido a disposición de la autoridad ministerial?, ¿la fiscala encargada intervino por el caso de la posesión de la droga? Se ha repetido que este gobierno es honesto y que no permitirá la impunidad.
El caso de la exSecretaria de Trabajo y su hijo le ha venido como anillo al dedo –como dice el clásico– a los funcionarios para demostrar que no permitirán la impunidad (ni de los implicados ni de quienes no cumplieron con su deber legal), pero también a los veracruzanos para saber si es cierto lo que dicen.
Como anillo al dedo también para el gobierno pues le da la oportunidad de echarse muchos votos a la bolsa si procede y le demuestra a los electores que va en serio.
En el caso de la fiscal encargada, Verónica Hernández Giadáns, además de un anillo a su medida, es de oro de 18 quilates (o de oro blanco con paladio o platino), pues si actúa sin miramientos le da oportunidad de legitimarse como nueva fiscal titular, que están a punto de nombrar en medio de serios cuestionamientos.
Ahora sí, se reunió Subsecretaria con CGJ
¡Vaya! Por fin ayer la Subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, se reunió con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en una sesión de trabajo en el Palacio de Gobierno.
La funcionaria federal había visitado varias veces la entidad pero se había concretado a reunirse solo con el delegado federal Manuel Huerta.
El propio mandatario estatal informó en sus cuentas de las redes sociales que Montiel Reyes estuvo en la Mesa de Seguridad y que agradeció el apoyo de las fuerzas coordinadas “para llevar a buen término el pago de los apoyos a la población que más lo necesita”.
