*El Congreso de San Luis Potosí derogó las disposiciones conocidas como «Ley Serrano», una reforma al Código Penal que fue cuestionada por su impacto en la libertad de expresión
/Escrito por María José Puente Zavala /
31.07.2026 /CimacNoticias.com/ San Luis Potosí.- El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó derogar el artículo 187 TER, así como el Capítulo V sobre «Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social», con sus artículos 272 BIS y 272 TER, del Código Penal local.
El dictamen con proyecto de decreto fue el único para el que se convocó a sesión extraordinaria del Pleno este jueves y puso fin a la denominada “Ley Serrano”, propuesta por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Héctor Serrano Cortés, hace apenas nueve meses.
Mientras que en noviembre de 2025 reunió 18 votos a favor, hoy fue derogada con 22, tras el anuncio y la presentación de una iniciativa del propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona, otrora su principal impulsor; una de la diputada Gabriela Torres, de Morena; y dos de origen ciudadano.
Los diputados Carlos Arreola, José Roberto García y Luis Emilio Rosas, de Morena; Luis Felipe Castro, Luis Fernando Gámez, Roxana Hernández, César Arturo Lara, Gabriela Guadalupe Martínez, María Dolores Robles, Dulcelina Sánchez, Brisseire Sánchez y Héctor Serrano, del PVEM; Crisógono Pérez, de Nueva Alianza; así como Tomás Zavala y Leticia Vázquez, del PT se vieron obligados a revertir una reforma que, en su momento, aprobaron pese a las advertencias de organizaciones locales, nacionales e internacionales de la sociedad civil en torno los impactos que tendría para el ejercicio de la libertad de expresión.
¿Por qué se aprobó y por qué se revirtió la “Ley Serrano?
En octubre de 2025, en medios de comunicación locales y en redes sociales, circularon dos videos en los que se relacionaba al gobernador Ricardo Gallardo Cardona con grupos de crimen organizado.
Interrogado por ello, el mandatario no sólo negó el señalamiento, sino que aseguró que esos materiales fueron elaborados con inteligencia artificial para dañar su reputación, una narrativa que se replicó desde otras dependencias del gobierno estatal como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El gobernador también pidió al Congreso del Estado, cuya mayoría suele controlar, elaborar una legislación para castigar con cárcel a quienes realizaran contenidos similares y también a quienes los difundieran, una petición que cobró forma a principios de noviembre, cuando el diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del PVEM, presentó una iniciativa para castigar hasta con seis años de cárcel el “uso indebido de la inteligencia artificial”.
La iniciativa propuso crear 3 delitos:
- Artículo 187 TER. Uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial. Un delito que comete quien, sin consentimiento previo, expreso, específico e informado de la persona a la que corresponda la imagen, la voz o la identidad digital, utilice sistemas de inteligencia artificial o programas automatizados para crear, reproducir, modificar, manipular o difundir contenidos que simulen la apariencia, la voz, los gestos o la identidad de una persona real.
- Artículo 272 TER. Manipulación institucional mediante inteligencia artificial. Un delito que comete quien, a sabiendas de su falsedad y con la finalidad directa de alterar la confianza pública en las instituciones o poner en riesgo verificable la seguridad del Estado, genere, modifique o difunda, mediante sistemas de inteligencia artificial, contenidos digitales que simulen de manera verosímil declaraciones, comunicados o actuaciones de autoridades, instituciones públicas y cuerpos de seguridad.
- Artículo 272 BIS. Difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial. Un delito que comete quien, de manera dolosa y con el propósito directo de generar alarma pública o alterar la paz social, fabrique, modifique o difunda, mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial, contenidos falsos o manipulados que se presenten como reales, y que sean idóneos para producir un riesgo verificable a la paz pública o a la seguridad de las personas”.
Antes y después de que fuera aprobada, la organización Artículo 19 advirtió que la redacción de los tres nuevos artículos era peligrosamente amplia y ambigua y que podría significar un riesgo, no solo para el ejercicio periodístico crítico, sino para la libertad de expresión y los derechos digitales de todas las personas.
Esa preocupación se materializó en mayo de 2026, cuando fueron detenidas Eréndira Reyes, comunicadora y Alejandra Hermosillo, funcionaria pública en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, ambas acusadas de haber difundido una imagen creada con inteligencia artificial en la que se mostraba a la senadora Ruth González, esposa del gobernador, Ricardo Gallardo, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
A la par, trascendió la apertura de carpetas de investigación en contra de al menos otras nueve personas, entre periodistas, activistas e incluso integrantes de la estructura de partidos políticos en la entidad, por la probable comisión de delitos similares, particularmente la difusión de aquel video que incomodó al gobernador Gallardo en octubre de 2025.
También fue detenido el comunicador Christian Herrera, en Ciudad Valles, acusado de haber realizado una publicación en la cuenta de su portal en redes sociales en la que invitaba a sus seguidores a enviarle denuncias por abusos cometidos por parte de integrantes de la Guardia Civil Estatal.
En este caso, las versiones de la autoridad se contrapusieron sobre los delitos imputados. Mientras que la Fiscalía General del Estado informó que le detuvieron por usurpación de funciones, el titular de la Secretaría de Seguridad declaró que le acusó de cometer el delito de halconeo.
Esa ambigüedad en el discurso oficial para establecer los motivos de las detenciones ha sido, en todo momento, el factor clave de la narrativa para impulsar, implementar y ahora derogar la reforma.
Tras poco más de un mes privadas de la libertad, las tres personas detenidas fueron liberadas, no sin antes ser obligadas a suscribir acuerdos para reparar daños a quienes les denunciaron (todos funcionarios públicos cercanos al gobierno estatal); y ante el alcance de la controversia, el pasado 16 de julio, el Gobierno de San Luis Potosí anunció que la denominada “Ley Serrano” sería derogada.
Vendrá una nueva reforma para regular el uso de inteligencia artificial en San Luis Potosí
El 16 de julio, el Gobierno de San Luis Potosí organizó el Primer Encuentro Estatal por la Innovación, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, un evento en el el gobernador Ricardo Gallardo anunció que presentaría una reforma para que el Congreso derogara “la mal llamada Ley Serrano”.
En dicho foro, al que solo fueron convocados algunos funcionarios públicos, personajes políticos, académicos y representaciones de las empresas de medios de comunicación, el mandatario estatal se resistió a reconocer error alguno en el impulso a la reforma y, por el contrario, aseguró que su interés estaba puesto en proteger la dignidad humana.
Además, adelantó que se realizarían nuevos foros a partir de los cuales será redactada una nueva iniciativa de reforma.
El dictamen aprobado este jueves en el Congreso del Estado consta de tres artículos transitorios, uno de los cuales replica la indicación del titular del Poder Ejecutivo: será diseñada una nueva reforma en materia de inteligencia artificial.
El documento establece que próximamente, se realizará un proceso de Parlamento Abierto en el que se “propiciará la realización de mecanismos de deliberación plural, abierta, técnica y participativa, que permitan la intervención de instituciones académicas, especialistas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, sectores productivos y demás personas interesadas”.
Voces Libres: derogar la «Ley Serrano» no borra sus consecuencias
La organización Voces Libres sostuvo que, aunque la derogación de la llamada «Ley Serrano» representa un paso necesario para restablecer el orden constitucional, no elimina las afectaciones que provocó durante el tiempo que estuvo vigente.
En un posicionamiento público, recordó que la reforma aprobada en noviembre de 2025 dio origen a investigaciones penales, personas privadas de la libertad y procesos contra periodistas, comunicadores y creadores de contenido, además de generar un clima de incertidumbre y autocensura. También señaló que la legislación fue cuestionada por especialistas, organizaciones de derechos humanos y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que vulneraba derechos fundamentales.
Para la organización, el debate nunca se limitó al uso de la inteligencia artificial, sino a los límites del poder punitivo del Estado frente al ejercicio de la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el principio de legalidad.