HORA LIBRE
Álvaro Belin Andrade
Además de la actual encargada del despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, otros 21 abogados aspiran a ocupar el cargo en los próximos nueve años, en un proceso que dio inicio este jueves 14, con un calendario de entrevistas que no fue revelado públicamente.
Este primer paso del proceso permitirá a los legisladores, entre el 21 y el 23 de mayo, elaborar la terna para que en una sesión general del Congreso, entre el 24 y el 28, se elija a quien será abogado o abogada de los veracruzanos hasta el año 2029.
En los últimos días se ha arreciado el golpeteo político y mediático contra la oriunda de Santiago Tuxtla, quien ocupa el cargo desde septiembre pasado, ocho meses en que ha dado más resultados que el hoy prófugo de la justicia Jorge Winckler Ortiz, quien fungió en el cargo durante 34 meses, impulsado por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Pese a que algunos señalen que no hay punto de comparación, no es cosa menor haber observado que el aparato de persecución de los delitos, a raíz del nombramiento provisional de Verónica Hernández Giadáns, se puso en movimiento luego de estar en un coma artificial, dedicado exclusivamente a venganzas políticas y personales del exgobernador durante su breve gestión, y luego, dedicado a poner en entredicho al gobernador morenista, a costa de la seguridad de los veracruzanos.
El proceso que se libra en el Congreso local, y que corre paralelo al de nombramiento del Fiscal Anticorrupción, lleva en su agenda conocer las posturas de 22 abogados y abogadas aspirantes al cargo, con diferentes niveles de formación y ejercicio profesional, y una buena parte de ellos con antecedentes y señalamientos por actos de corrupción, abuso de autoridad, violencia intrafamiliar, irregularidades en el desempeño de cargos públicos y, lo más grave, presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado.
Los hay quienes se dedican a la docencia, a la representación jurídica de empresas, quienes han buscado fallidamente forjarse una carrera política, o han estado detrás de la barandilla en puestos básicos o de mayor responsabilidad, o han prestado sus servicios como agentes del ministerio público de la Fiscalía de Veracruz o de la General de la República o, incluso, han desplegado la mayor parte de su carrera como abogados en otros estados.
Será mujer quien dirija la Fiscalía General del Estado
En estos días, los medios de comunicación, las redes sociales y las columnas periodísticas se llenarán de comentarios a favor o en contra de los principales contendientes a la Fiscalía. Muchos de los opinantes se irán con la finta de abultados currículos, maestrías y doctorados fantasma, pertenencia a asociaciones de larguísimos nombres e impenetrables siglas, dilatadas experiencias en impartición de justicia que no se sustentan en la realidad y datos ocultos sobre pifias, errorcillos y malos pasos.
No digo nombres, pero desde mi percepción solo hay tres contendientes cuyos nombres podrían quedar plasmados en el documento de la terna que las comisiones encargadas de evaluarlos podrían presentar al Congreso general. Los demás pasarán de noche.
Son seis mujeres y 16 hombres, y pese al gran número de varones, todo parece indicar que la decisión recaerá en una mujer, como ha sucedido en anteriores procesos selectivos; solo hay que recordar los que permitieron definir a las titulares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la Contraloría General del Estado (CGE) y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), por señalar algunas.
Pese a que a la actual encargada de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, se le golpee mediáticamente por tener lazos de consanguinidad con una lideresa de la banda criminal de Los Zetas, lo cierto es que no ha sido sometida a ningún proceso penal por haber actuado en actos criminales, y siempre se ha mantenido trabajando en la administración pública.
En cambio, entre los aspirantes registrados hay dos que, en el cumplimiento de sus actividades en el área de impartición de justicia, fueron señalados de tener vínculos directos y prolongados con dicho grupo criminal; uno más pasó un tiempo en prisión acusado de violencia intrafamiliar; cuatro más han sido señalados por incurrir en actos de corrupción, extorsión, irregularidades en la impartición de justicia que llevaron, por ejemplo a la liberación de criminales, como los policías acusados de la muerte de un joven cantante en Xalapa o la liberación de policías acusados de desaparición forzada; y por último, uno de ellos fue inhabilitado en la función pública por la entrega irregular de concesiones de transporte público en la modalidad de taxi.
Y, por cierto, muchos de los que son impulsados por supuestamente tener altos estudios en especialización, maestría y doctorado, sobre todo en el derecho penal, resulta que no hay cédula profesional que acredite la conclusión total de dichos estudios.
¿Quiénes son los abogados que están registrados?
En orden alfabético son: Jorge Efrén Avilés Morelos Zaragoza, Anastacio Báez Méndez, Arabella Marely Cañas y Sáenz,
Ricardo Javier Carrillo Almeida, Teresa Cruz Flores, Gerardo Escobedo García, Verónica Hernández Giadáns, Florencio Hernández Espinoza, Fernando Herrera Escobar y Alejandro Lagunes Toral.
También, Ángel Ofir Martínez Che, Salvador Antonio Monroy Cosme, Tomás Mundo Arriasa, Ramiro Ramírez Reyes, Anel Retama Jácome, José Martín Rivera Martínez, Ángel Rodríguez Bernal, Rubí Rosas Carvajal, Yuriria Torres Páez, Francisco Enrique Varela Ramírez, Gabriel Alejandro Williams Mendoza y Jorge Yunis Manzanares.
¿Ha hecho mal su trabajo la encargada de la Fiscalía?
En solo 8 meses que lleva Verónica Hernández Giadáns al frente de la Fiscalía de Veracruz han sido detenidos y procesados un total de 35 objetivos prioritarios que, debido a su peligrosidad y por ser altos generadores de violencia, se encontraban en la lista de los más buscados, no sólo por las autoridades veracruzanas, sino incluso de otras entidades y del propio Gobierno Federal.
Estos 35 objetivos prioritarios gozaron de impunidad durante la gestión de Jorge Winckler Ortiz en la Fiscalía General del Estado, pero hoy están detenidos enfrentando diversos procesos por homicidio, extorsión, secuestro, asalto y narcomenudeo, entre otros.
De estos 35 objetivos prioritarios destacan siete, que se encontraban incluso en la lista de autoridades federales y de otras entidades, debido a que operaban en distintos puntos del país. Se trata de Raúl “N” alias “El 30” o “La Cuija”; José Carmen “N” alias “El Concha”; Geovanni “N” alias “El Archie”; Javier “N” alias “El Cachorro”; Pedro “N” alias “El Paco”; Rosalino “N” alias “El Chelino” y Diana Mayte “La Güera”.
De septiembre de 2019 al mes de abril de 2020 ha sido el mayor número de objetivos prioritarios detenidos en la historia de Veracruz.
Los principales delitos en los que participaban estas personas eran secuestro, homicidio y robo de vehículos.
Las zonas en las que operaban principalmente eran San Andrés Tuxtla, Veracruz, Xalapa, Orizaba, Pacho Viejo, Coatzacoalcos, Poza Rica, Tantoyuca, Amatlán de los Reyes, Coatepec, Pánuco, Papantla y Tuxpan.
Fuerza Civil, una calamidad en Veracruz
Ni el gobernador Cuitláhuac García Jiménez (que inopinadamente ha justificado los actos policiacos), y menos el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, han hecho algo serio para contener los actos vandálicos que, en nombre del combate a una delincuencia que nunca encuentran, han realizado los maleantes disfrazados tras los uniformes de la Fuerza Civil, creada por el exsecretario Arturo Bermúdez Zurita en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Ya hemos referido en Hora Libre actos contrarios a los derechos humanos perpetrados por Fuerza Civil en comunidades rurales y pequeñas cabeceras municipales.
El primero de ellos fue el ataque del pasado 9 de enero, por la noche, a pobladores de la comunidad serrana de Tepetzintla, en el municipio de Atzalan, mientras dormían. Derivado de ese hecho, fueron asesinados un campesino mayor y una niña, que hallaron el fin de sus vidas a manos de sanguinarios policías que, supuestamente, buscaban a secuestradores, en un fallido operativo.
Pero ha habido más de estos actos “fallidos” que pagan con la vida, salud y seguridad los indefensos civiles.
En Vega de Alatorre, el 27 de enero, elementos de la Fuerza Civil agreden con armas de fuego a jóvenes que se negaron a detenerse en un retén montado por las fuerzas policiacas; dos jóvenes son heridos y detenidos en la comandancia municipal sin que se les brinde atención médica, y solo la presión social obliga a la policía a entregarlos a sus familiares quienes los llevan para ser atendidos de sus heridas y salvar sus vidas. Tanto en el caso de Atzalan como en el de Vega de Alatorre, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que los policías habían actuado para repeler agresiones con armas de fuego, lo que ha sido desmentido en las investigaciones.
Aquí en Xalapa, en el Fraccionamiento Monte Magno, el 28 de enero ocurrió una movilización policiaca; la denuncia a través de redes sociales permite dar visibilidad a una agresión violenta, utilizando gas lacrimógeno contra jóvenes y abriendo fuego contra la camioneta en que viajaban, sin que hubiera una razón aparente para este comportamiento que rebasa cualquier protocolo policiaco. La CEDH abrió una queja de oficio para determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza y violación de los derechos humanos de las víctimas.
El 11 de febrero, en Ciudad Isla, luego de una manifestación violenta de pobladores que se ceba con la quema de una patrulla, aparentemente impulsados por una organización criminal, y mientras se inicia el diálogo con los manifestantes, integrantes de Fuerza Civil arremeten contra ellos con disparos de armas de fuego, hieren a varios manifestantes, agreden a reporteros regionales que cubren la manifestación y transmiten en vivo los hechos, detienen a varios, los golpean y destruyen sus teléfonos celulares. Luego sale el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, a señalar a los periodistas de complicidad con una banda criminal.
Ahora atacaron a familias campesinas de Misantla
Pues, bien, ahora fue en una comunidad de Misantla. Un grupo de elementos policiacos a bordo de al menos cinco patrullas de la Fuerza Civil sembraron pánico en la comunidad serrana de Vicente Guerrero, a diez kilómetros de la cabecera municipal. Sin aparente motivo, los elementos irrumpieron de forma violenta en las viviendas de cuatro familias, abrieron las puertas a patadas y sacaron por la fuerza a cuatro jóvenes que, tras ser ingresados en los separos preventivos, fueron puestos en libertad al no encontrarles siquiera alguna falta administrativa.
Ello provocó la irritación de toda la localidad que se manifestó por la noche en la Comandancia Municipal de Misantla. Ahí narraron que cinco patrullas arribaron a gran velocidad a Vicente Guerrero, con las luces apagadas y apuntando sus armas contra la población, provocando el pánico, especialmente en niños y personas de la tercera edad. Para profundizar el terror, lanzaron varias ráfagas con rifles de asalto y asaltaron cuatro viviendas.
María Luisa Reyes, agente municipal, señaló: “Fue una tirotiza brutal, andan tantos delincuentes que no les hacen nada y ellos aquí en mi comunidad vienen a espantarnos y a invadir propiedad privada, queremos que el gobernador haga algo con su Fuerza Civil porque entonces ahora nos tendremos que cuidar de los delincuentes de la Fuerza Civil porque actúan en contra de nuestros derechos”.
Hasta el momento, el gobernador Cuitláhuac García se ha cuidado de decir maldita la cosa sobre esta nueva agresión a campesinos veracruzanos, mientras los delincuentes hacen de las suyas incluso en carreteras federales.
Frases sin disfraces
“Un Estado es tanto más fuerte cuanto más puede consentir en su seno lo que actúa en contra suya”. Paul Valery
Comentarios: belin.alvaro@gmail.com
