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/ Mayra Espino Suárez /
Pocas veces pensamos en todo lo que hay detrás de una cucharada de azúcar. Antes de llegar a nuestra mesa, la caña pasa por manos de productores, jornaleros, transportistas, técnicos e ingenios que sostienen la economía de numerosas comunidades del país.
Es una actividad esencial para miles de familias y, precisamente por eso, debemos ayudarla a modernizarse sin poner en riesgo el empleo ni cargar el costo del cambio sobre quienes trabajan la tierra.
Con ese objetivo presenté un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura y al Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar que fortalezcan las acciones destinadas a incorporar técnicas, equipos y procesos menos contaminantes durante la cosecha, el traslado y la transformación de la caña.
La propuesta no busca perseguir productores ni prohibir prácticas de un día para otro. La quema de los cultivos se ha utilizado durante décadas porque facilita el corte y reduce costos.
Ignorar esa realidad sería tan irresponsable como negar que hoy existen alternativas capaces de disminuir emisiones, aprovechar mejor el agua, reducir el consumo de combustibles y elevar la productividad.
Hay opciones como la cosecha en verde, la fertirrigación, el uso de transportes con mayor capacidad y la transformación de residuos de la caña en biocombustibles. Sin embargo, ninguna de ellas podrá generalizarse mediante discursos o sanciones. Se necesitan créditos accesibles, capacitación, asistencia técnica, incentivos y una coordinación real entre autoridades, productores e ingenios.
El campo mexicano no necesita más obligaciones sin presupuesto. Necesita herramientas para competir, producir mejor y enfrentar los efectos del cambio climático. Una transición sustentable sólo será justa si toma en cuenta las condiciones distintas de cada región y, sobre todo, la situación de los pequeños y medianos productores. También pedimos a las autoridades informar qué programas existen, cuánto se ha avanzado y cuáles han sido sus resultados.
No basta con anunciar metas ambientales; hay que convertirlas en soluciones que puedan aplicarse en los cultivos y que representen beneficios concretos para las familias. Cuidar la salud de las comunidades y proteger el medio ambiente no significa estar en contra de la industria azucarera.
Significa asegurar que continúe siendo fuente de empleo y desarrollo durante muchas generaciones. El futuro del azúcar mexicano no depende únicamente de cuánto logremos producir, sino de nuestra capacidad para acompañar al campo en su transformación. Modernizarlo no es castigarlo: es darle mejores condiciones para seguir adelante.