*Retrovisor.
/Ivonne Melgar/
Sepultados los contrapesos que al margen del gobierno prendían las señales de la corrupción, a los mexicanos sólo les queda un último chance: salvar la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Porque aun cuando este organismo se entregó a la opacidad que el expresidente López Obrador le exigía, es la única estructura que le queda al país para alertarnos de dónde y cómo se aloja ese crónico padecimiento.
Así que, si la actual administración busca tomarse en serio el fin de los negocios con recursos públicos, tendrá pronto la gran oportunidad de solicitarle a los legisladores afines un buen relevo en la ASF.
Teóricamente, la Auditoría y su titular responden a la Cámara de Diputados en el encargo que la Constitución le ha dado de fiscalizar cómo se gasta el dinero de los mexicanos.
Aunque, desde su creación hace 25 años, la ASF ha recibido la presión de los gobernantes en turno para suavizar las sanciones, lo sucedido con el auditor David Colmenares fue una especie de renuncia al diagnóstico de fondo.
Y es que cuando Andrés Manuel López Obrador exigió que se desdijeran del monto que implicó destruir el NAIM, la Auditoría desactivó su capacidad de prevenir el desastre en que han derivado las obras del sexenio anterior.
Eso explica que desde 2021 a la fecha todo fue por encimita, al grado que, en el caso del Tren Interoceánico, al que se le han invertido más de 60 mil millones de pesos, las observaciones, nunca graves ni de cuidado, se aplicaron a 0.11 por ciento de los recursos asignados.
El tema de fondo radica en el diseño de las fiscalizaciones que, de entrada, renunciaron a identificar el modelo de negocio que estaba detrás de cada obra, y su viabilidad.
Es como si, frente a los síntomas de un mal gastrointestinal que podría derivar en células cancerígenas, un doctor se limite a revisar qué come el paciente y le recete cuidar la ingesta de irritantes.
El descarrilamiento del tren en Oaxaca permite diseccionar la frivolidad en la que cayó la ASF al realizar fiscalizaciones de solicitudes de recursos extra que ameritaban lupa, porque eran para corregir las vías del porfiriato.
Frente al éxito de la opacidad conseguido por su antecesor, la presidenta Claudia Sheinbaum afrontará en días próximos la disyuntiva de seguir por la ruta del auditor que no ausculta o hacerse de uno capaz de prevenir o, en su caso, detectar el mal.
Porque la gestión de ocho años de Colmenares concluye el 15 de marzo, por lo que los diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación deberán emprender la auscultación de prospectos a inicios de febrero.
Se trata de una instancia que si bien ha sido complaciente con el auditor que termina, en el último año realizó por consenso y con las mejores evaluaciones en mano, las designaciones de los titulares de órganos de control del INE, Inegi y FGR.
Con esa experiencia positiva como antecedente, a cargo del diputado Javier Herrera Borunda, del PVEM, presidente de la Comisión de Vigilancia, la Cámara vivirá entre febrero y marzo 23 días que definirán el perfil de un auditor con los ojos vendados o uno dispuesto a advertir de nuevos descarrilamientos y no únicamente ferroviarios.
Y si los tiempos de la Constitución se respetan, la convocatoria a los aspirantes debería difundirse en las primeras dos semanas, a fin de que antes de que Colmenares concluya se cuente con el nombramiento del sucesor.
De lo contrario, llegado el 15 de marzo, tendría que designarse a un encargado del despacho, paralizando en los hechos la fiscalización, pues ésta sólo puede efectuarse por quien recibió el voto de las dos terceras partes de los diputados.
La ley le permite a David Colmenares aspirar a un segundo periodo siempre y cuando se someta a todas las fases de selección: presentar candidatura, ser calificado como idóneo, pasar de la entrevista con los legisladores a la terna y conseguir el consenso de la mayoría calificada en el pleno.
El gobierno cuenta con los votos suficientes en San Lázaro para simular una auscultación y darle al auditor que nunca se preguntó por qué el hijo de López Obrador supervisaba el tren otros ocho años.
Colmenares tiene entre sus colaboradores a Alfonso Damián Peralta, exauditor de Guerrero, y hermano de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián. Ese factor puede pesar.
Pero el vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, también cercano a la mandataria, en septiembre presentó una iniciativa de reforma que busca cerrarle el paso a la reelección en la ASF, al señalar que ésta tiene “problemas persistentes de corrupción e impunidad, y fallas estructurales en el diseño y operación”.
Si en Palacio Nacional coinciden con ese diagnóstico, el relevo de Colmenares podría abrirle paso a una fiscalización que detecte los daños encubiertos, antes de que la metástasis de los negocios del bienestar arruine el sexenio con un auditor ciego.
