/ Eduardo Sadot/
De pena ajena la actitud del prófugo de Alejandro Moreno, el innombrable Norroña, volvió a hacer de las suyas, con su estilo cobarde y vulgar característico, se fue contra la viuda de Carlos Manzo, Gloria Itzel Quiróz Rodríguez.
No hubo prudencia ni respeto frente a la tragedia. Hubo insulto. Hubo descalificación. Hubo, sobre todo, una intención clara de aplastar políticamente a quien exige justicia. Norroña no debatió: atacó. Acusó a la alcaldesa de ambición y oportunismo, reduciendo un crimen brutal a un pretexto para desacreditarla.
El verdadero problema no fue lo que ella dijo, sino a quién señaló. La exigencia de investigar a figuras del partido en el poder activó una reacción inmediata: cerrar filas, proteger a los propios y convertir a la víctima en blanco. Es el viejo manual del poder: quien incomoda, se elimina políticamente.
La intervención de la autoridad electoral, al ordenar retirar contenidos por violencia política de género, desmonta cualquier intento de minimizar el hecho. No es “libertad de expresión”: es abuso de poder. Es intimidación. Es violencia desde una posición de privilegio.
Lo ocurrido en el Senado terminó de exhibir el nivel de degradación: gritos, hostigamiento y linchamiento político tolerado, cuando no alentado. Norroña no solo no se contuvo, lo encabezó. Esa escena no es anecdótica, es reveladora: así se ejerce hoy el poder cuando se siente impune.
Pero igual de grave es lo que no se dice. La actitud de Citlalli Hernández no solo ha sido tibia: ha sido funcional al silencio. Y el silencio de la presidenta Sheinbaum resulta aún más elocuente. Porque cuando afirmó que “no llegó sola, que con ella llegaron todas”, asumió un compromiso político y moral que hoy queda desmentido por los hechos. Cuando una mujer es atacada desde el poder y la respuesta es callar, ese discurso se vacía y se convierte en propaganda.
Norroña insiste en refugiarse en la “libertad de expresión”. No engaña a nadie. No es libertad, es impunidad. No es crítica, es violencia. Y lo verdaderamente alarmante es que no actúa solo: lo respalda un entorno que normaliza el exceso, protege al agresor y abandona a la víctima.
Aquí no hay confusión posible: se utilizó el poder para intimidar, para desacreditar y para enviar un mensaje ejemplarizante. Y cuando eso ocurre sin consecuencias, lo que se erosiona no es solo la dignidad de una persona, sino la credibilidad entera del sistema.
Esto no es un exceso aislado. Es el retrato de una forma de gobernar donde la fuerza sustituye a la razón y el silencio se vuelve cómplice. Y en ese terreno, la democracia deja de ser un contrapeso para convertirse en un instrumento de presión.
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