** Análisiss sin fronteras .
/ Ana María Salazar /
¿Xóchitl o Claudia? ¿Marcelo se queda o se va? ¿Será Santiago o Adán quién de la primera pataleta? ¿Por cuánto tiempo más seguirá el Presidente haciendo campaña para la oposición? ¿Y quién será la persona y en qué momento pondrá la denuncia ante el Instituto Federal Electoral sobre la ilegalidad de la selección de los coordinadores del movimiento”? ¿Y personajes como Eduardo Verástegui, Miguel Ángel Osorio Chong o Gerardo Fernández Noroña buscarán sabotear el proceso para negociar y favorecer al mejor postor político que les garantice su futuro?
La clase política y los medios de comunicación estamos ensimismados con el entretenimiento del proceso adelantando de selección de los candidatos a la presidencia. Y sí, hay que admitir que ha sido bastante divertido hasta el momento. Pero más allá de lo que sucede con la selección del futuro candidato o candidata a la presidencia, la verdadera catástrofe será la selección de los candidatos para 128 senadurías y 500 diputados federales, nueve gubernaturas, 31 congresos locales, mil 580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales.
Y ante el avance del control territorial por parte del crimen organizado y la filtración en la clase política, la prioridad de los partidos debería ser en la selección de candidatos que garanticen la gobernabilidad del país a partir del 2024. Porque mientras todos estamos entretenidos con el siguiente episodio de las ‘corcholatas’ versus los neoliberales, el crimen organizado seguramente estaría trabajando en la identificación y selección de quienes serán “sus” candidatos para los diferentes puestos de elección para el año que entra.
Seguramente los operadores de estas organizaciones criminales estarían buscando cómo acercarse a las ‘corcholatas’ y “enemigos de la 4T” que están compitiendo por ser los “coordinadores del movimiento”, y ofrecerles dinero, recursos y apoyo logístico. Ojalá que los posibles candidatos y candidatas hayan tomado los pasos necesarios para que el dinero mal habido no ingrese a sus arcas, porque eventualmente será pública esta influencia en sus campañas. Esta influencia indebida será balconeada por los perdedores del proceso electoral, por gobiernos extranjeros-Estados Unidos- o por organizaciones criminales antagónicos. Y para los futuros candidatos a la presidencia, lo más peligroso para su integridad física y sus allegados serían los rumores que señalan que recibieron dinero por un grupo antagónico. Y a diferencia de elecciones antañas, la actual y sangrienta guerra intestina entre cárteles seguramente se traducirá en violencia política en los niveles más altos en la selección de los candidatos no solo para la presidencia, sino todas las candidaturas para las elecciones del año entrante.
Está documentado cómo ha ido incrementando la violencia política en las últimas elecciones. Todos los indicios señalan que la violencia política será histórica y nadie está tomando pasos para enfrentar esta realidad.
Además de tratar de buscar reducir el control territorial y reducir la violencia de los grupos criminales, desde hace meses los partidos deberían de empezar la selección de quienes podrían ser sus candidatos en las elecciones locales y empezar un proceso de “vetar” estos personajes. ¿Pero cómo saber si un candidato o candidata está ligado a la criminalidad?
Pidiendo información y asegurando costos políticos a los partidos y políticos que apoyan candidatos que estén vinculados al crimen organizado.
En octubre de 2008 escribí una columna analizando la petición de los partidos ante el Instituto Federal Electoral (IFE) quienes exigían promover la firma de un convenio con el Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN) para que bajo la supervisión del IFE se investigue a los posibles aspirantes a puestos de elección popular.
La propuesta era una locura, pero si demostraba que por lo menos los partidos estaban preocupados por la eventualidad de tener candidatos “narcos” que los representarán y el costo político para sus instituciones políticas. Y, a pesar de múltiples reportes documentando cómo el crimen organizado jugó un papel fundamental en los éxitos electorales en las elecciones intermedias del 2022, el tema sigue siendo huérfano. No se discute, no se comenta, no se reconoce, no se resuelve.
Ahora, parecería que la preocupación de Morena para el 2024 sería asegurar control político, sin importar quién en verdad tiene control territorial del país y quién gobierna.
En la siguiente entrega analizaremos los pasos a seguir para buscar que la lealtad de los candidatos sea a los partidos y eventualmente a los electores, y no al crimen organizado.
