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Ciudad de México | Desinformémonos. Al menos 376 periodistas, trabajadores de medios de comunicación y defensores de derechos humanos fueron asesinados, desaparecidos o sufrieron atentados contra su vida en los últimos diez años en México, informó el oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México, Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves.
De acuerdo con los registros de ACNUDH, de enero de 2016 a diciembre de 2025 fueron asesinados 181 defensores de derechos humanos, 89 periodistas y ocho trabajadores de medios, mientras que 43 defensores, 25 periodistas y un trabajador fueron desaparecidos en el mismo periodo. Además, 14 comunicadores, dos trabajadores de medios y 13 defensores fueron víctimas de intentos de homicidio.
Del total de víctimas, 80 eran mujeres y al menos 105 eran defensores del medio ambiente, además de que 72 contaban con medidas de protección. Por su parte, 70 por ciento ya había sufrido incidentes de inseguridad y 30 por ciento había denunciado agresiones previas ante el Ministerio Público.
ACNUDH también denunció las “deficiencias” por parte de las instituciones mexicanas encargadas de investigar las agresiones, como la pérdida de evidencias y de videos, la falta de seguimiento a solicitudes de diligencias y el no agotamiento de líneas de investigación relacionadas con la labor de las víctimas.
Los datos expuestos forman parte del informe Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentado por ACNUDH ante las autoridades mexicanas en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Durante la presentación, Cancela Neves insistió frente a los funcionarios que no presentar ante la justicia a los agresores es una violación al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y contribuye a la impunidad y la repetición de la violencia.
Recordó que los periodistas y defensores son agredidos porque su trabajo “afecta intereses públicos, privados, económicos y sociales”, así como que son los agresores “quienes se benefician de las injusticias, la desigualdad y de la corrupción”. Por ello, en el informe se incluyeron 16 recomendaciones a las fiscalías para que investiguen los posibles intereses afectados con el trabajo de los periodistas y defensores.
