16/10/2022/ Cimac Noticias.com / Ciudad de México.- El 27 de abril de este 2022 se cumplieron 12 años del asesinato de la activista mexicana Alberta Cariño Trujillo (Bety Cariño) y del defensor de derechos humanos finlandés Jyri Jaakkola, quienes perdieron la vida en una emboscada en el estado de Oaxaca. Son 12 años, también, en los que las autoridades mexicanas no han castigado a los culpables. Es por eso que, este 13 de octubre, defensores y familiares de las víctimas anunciaron su decisión de llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una conferencia de prensa celebrada en este jueves en la Fundación Heinrich Böll, David Peña (abogado del caso Bety Cariño y Jyri Jaakkola) anunció la decisión de familiares y defensores de llevar el caso con la CIDH tras haberse reunido con diversas autoridades federales y locales en México.
La decisión surge a raíz de que, después del ataque donde Cariño y Jaakkola perdieron la vida, las autoridades de Oaxaca no iniciaron ninguna investigación. No fue sino hasta 2014 cuando se logran obtener 14 órdenes de aprehensión, aunque únicamente siete de ellas resultaron en detenciones de los presuntos culpables.
Uno de estos culpables era un menor de edad que estuvo cerca de dos años en prisión, pero ya fue liberado. Las otras seis personas fueron absueltas por el Poder Judicial de Oaxaca debido a que los testigos y los sobrevivientes al atentado no se presentaron a declarar. Al respecto, David Peña señala que durante el juicio hubo hostigamientos y amenazas contra ellos y contra un juez y dos fiscales especiales.
Los últimos implicados fueron liberados el 7 de septiembre de este 2022. Fue después de este acto de impunidad que la delegación conformada por abogados y familiares de las víctimas (así como por las eurodiputadas Ska Keller y Anna Cavazzini) tomó la decisión de llevar el caso hasta la CIDH, a la cual están solicitando medidas de protección para los sobrevivientes y afectados por el ataque contra Bey Cariño y Jyri Jaakkola.
Ahora, la instancia internacional se encargará de analizar las deficiencias y omisiones del caso, el cual seguirá en curso ahora con la colaboración entre la CIDH y las autoridades mexicanas. Con esto, además, se identificarán las deficiencias estructurales que no han permitido obtener justicia en este y otros atentados contra defensoras y defensores de los derechos humanos.
Entre estas deficiencias se encuentran: la falta de mecanismos de protección para testigos y sobrevivientes de delitos; la ineficiencia de los sistemas judiciales para resolver las investigaciones criminales satisfactoriamente, y la actuación de grupos armados coludidos con partidos políticos y funcionarios de gobierno.
Autoridades reconocen errores, pero no garantizan la no repetición
En estos últimos tres días, la delegación de abogados y familiares se reunió con diversos funcionarios locales y federales del Estado mexicano. De acuerdo con Micheel Salas —también abogada de Bety Cariño y Jyri Jaakkola— en estos encuentros, las autoridades reconocieron que el caso los ha rebasado y que no han sido capaces ni de ofrecer justicia ni de proteger a las y los sobrevivientes y a las víctimas indirectas.
Una de las reuniones fue con el Fiscal General del estado de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, quien reconoció las fallas en la investigación del caso Bety Cariño y Jyri Jaakkola. Además, planteó la posibilidad de ofrecer una disculpa pública por estas deficiencias.
Por otra parte, también se celebró una reunión con el equipo de transición de Salomón Jara Cruz, gobernador electo de Oaxaca quien tomará posesión de su cargo este 1 de diciembre. Al respecto, David Peña afirmó que se hizo de su conocimiento la responsabilidad del grupo armado Ubisort (Unidad y Bienestar Social en la Región Triqui) y del Movimiento de Unificación Lucha Triqui (Mult).
Dicho grupo mantiene el control territorial en zonas de Oaxaca donde hay conflictos con la comunidad triqui. Además, de acuerdo con Micheel Salas, se sabe que cuenta con armas de uso exclusivo del Ejército. Por su parte, David Peña afirmó que este grupo cuenta con un partido político (Partido Unidad Popular), así como con diputaciones a nivel local y federal.
De acuerdo con el abogado Peña, dicho partido apoyó la candidatura del gobernador electo de Oaxaca, quien forma parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Es por esto que se expuso la preocupación sobre una posible falta de acción del gobierno entrante. Ante esto, el equipo de transición reconoció la alianza electoral, pero sólo se limitó a pedir a la delegación que se reúna con Jara Cruz una vez que tome posesión de su puesto.
El grupo de familiares y abogados también se reunió con Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población en México, así como con Cristopher Ballinas Valdés, Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La abogada Micheel Salas declaró su preocupación por el hecho de que estas autoridades hayan reconocido su ineficiencia ante este y otros crímenes cometidos contra defensoras y defensores de derechos. Incluso, de acuerdo con Salas, los funcionarios declararon que «no están en posición de afirmar que casos como el asesinato de Bety y de Jyri no vuelvan a cometerse».
Las reuniones se dieron como parte de la onceaba visita al país de los Verdes/ALE (un grupo político del Parlamento Europeo que está acompañando el caso). Las euroduputadas Ska Keller y Anna Cavazzini forman parte de dicho grupo y están trabajando en conjunto con David Peña, Omar Esparza (defensor de derechos humanos y viudo de Bety Cariño), Micheel Salas y Eeva-Leena Jaakkola (madre de Jyri Jaakkola). A 12 años de los hechos, esta delegación espera que finalmente haya una respuesta ante su exigencia de justicia.
