Rúbrica.
Por Aurelio Contreras Moreno
Ernestina Ascencio Rosario era una mujer indígena de 73 años de edad, habitante del municipio de Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica del estado de Veracruz, que murió asesinada luego de ser agredida sexualmente por soldados en febrero de 2007, de acuerdo con las denuncias de sus familiares.
En aquel entonces era presidente de México el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien dos meses antes y tras una cuestionada elección, declaró la “guerra contra el narcotráfico” y sacó a las calles a las fuerzas armadas para cumplir labores de seguridad pública, lo que provocó un mar de sangre de más de cien mil muertos durante su sexenio.
Veracruz era gobernado por el priista Fidel Herrera Beltrán, cuyos presuntos nexos con grupos de la delincuencia organizada, particularmente con el cártel de los Zetas, eran “vox populi” desde su campaña por la gubernatura tres años antes. Al final de su sexenio dejó al estado en medio de la putrefacción social e institucional, dominado por una violencia sin control de la que no solo fue responsable sino, afirman varios que la padecieron en carne propia, también partícipe.
Pero había algo en común entre Calderón y Herrera, además de haber coincidido en la Cámara de Diputados y de la antipatía que ambos se profesaban mutuamente: la necesidad de llevar la fiesta en paz con el Ejército mexicano, por las mismas razones antes mencionadas en el contexto de cada uno.
Fue en esa coyuntura que ocurrió la agresión a Ernestina Ascencio. El dictamen original de la necropsia, practicada en el Hospital Regional de Río Blanco, señalaba como causa de su deceso “traumatismo cráneo encefálico, fractura, luxación de vértebras”, así como indicaba la presencia de “fosfatosa y residuos de P30” –o sea, semen- en la parte anal de la víctima, que antes de morir alcanzó a señalar como sus victimarios a soldados apostados en esa región indígena, que tradicionalmente ha sido cuna y sede de movimientos armados de resistencia y, más recientemente, paso estratégico de bandas de narcotraficantes por ser conexión natural hacia los estados de Puebla, Oaxaca y Chiapas.
El dictamen de la necropsia provocó una enorme presión por parte de los altos mandos castrenses para que no se siguiera la investigación por esa vía, tal como finalmente ocurrió. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por José Luis Soberanes, prácticamente obligó a la Procuraduría de Justicia del Estado a exhumar el cadáver de Ernestina Ascencio para que le practicara una nueva necropsia, un mes después de su muerte. El resultado oficial fue que había fallecido por “causas naturales”, a causa de una “gastritis aguda” y de “anemia”.
Todo lo anterior fue documentado en su momento por la corresponsal de Proceso en el estado de Veracruz, Regina Martínez Pérez, quien además obtuvo una fotografía de la necropsia en la que se observa la cabeza de Ernestina Ascencio sangrando en una especie de lavabo, junto a unos trapos sucios y un envase de refresco.
A partir de ese momento, la periodista sufrió un rudo hostigamiento por parte de las autoridades en la entidad, que culminaría con su asesinato el 28 de abril de 2012. Impune, hasta el día de hoy.
Mientras a nivel nacional el gobierno de Calderón impuso la versión de la muerte de Ernestina Ascencio por “gastritis”, en Veracruz la administración de Fidel Herrera amenazó y acalló al personal médico y a los peritos forenses que conocían el dictamen original de la autopsia. Todo, con tal de no incomodar a los militares.
Este jueves 10 de diciembre de 2020, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que se reabrirá el caso de Ernestina Ascencio y la investigación correrá a cargo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, lo cual ya ha provocado críticas de organismos como la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina A.C., el Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, pues consideran que esta institución está descalificada para encabezar una indagatoria imparcial.
Reabrir el caso de Ernestina Ascencio implica investigar y en su caso proceder en contra de los elementos del Ejército mexicano acusados de perpetrar el asesinato -que bajo los parámetros actuales calificaría como feminicidio- y que fueron protegidos hace 13 años.
Sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las fuerzas armadas han recibido más poder y canonjías de las que soñaron nunca en lo que va del periodo posrevolucionario en México. Al grado que el Estado abogó por todas las vías, políticas y diplomáticas, para que un general detenido y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, fuera liberado y repatriado a México, donde se encuentra actualmente, en la comodidad de su hogar y gozando de su retiro.
El asesinato de Ernestina Ascencio pasa invariablemente por el Ejército y su manera de accionar en zonas indígenas, en las que comete todo tipo de atropellos y violaciones de derechos humanos. ¿Usted cree que se atreverán a llegar hasta los militares? La respuesta parece obvia.
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