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13.05.2026. Ciudad de México.- La investigación por el feminicidio de Edith Guadalupe, joven de 21 años asesinada en abril pasado dentro de un edificio de la alcaldía Benito Juárez, dio un giro luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmara que la víctima no acudió al lugar por una oferta laboral, como se difundió inicialmente en redes sociales y algunos espacios informativos, sino porque había acordado reunirse con el vigilante del inmueble, identificado como Juan Jesús “N”.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, informó este martes que las pruebas recabadas durante las últimas semanas permitieron establecer que existía comunicación previa entre la joven y el ahora detenido, lo que llevó a descartar una de las principales hipótesis que rodearon el caso tras darse a conocer el crimen.
Las declaraciones fueron realizadas durante el informe de seguridad encabezado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, donde la fiscal señaló que la dependencia cuenta con nuevos elementos periciales y tecnológicos que fortalecen la acusación presentada contra el presunto responsable.
“Sabemos que hubo un contacto previo y que acordaron verse en ese inmueble por motivos personales”, explicó Bertha Alcalde al referirse a la relación entre Edith Guadalupe y Juan Jesús “N”. La funcionaria añadió que, hasta ahora, no existe evidencia que permita sostener que la joven fue engañada mediante una supuesta entrevista de trabajo o que el hecho esté vinculado con redes de trata de personas.
Desde que el caso salió a la luz pública, distintas versiones apuntaron a que Edith habría acudido al edificio ubicado sobre Avenida Revolución tras responder a una presunta oferta laboral publicada en internet. Esa narrativa provocó preocupación entre colectivos feministas y usuarios en redes sociales debido al incremento de denuncias relacionadas con falsas vacantes utilizadas para enganchar mujeres jóvenes.
Sin embargo, la Fiscalía capitalina aseguró que las indagatorias realizadas hasta el momento no respaldan esa versión. “No está relacionado esto con una entrevista de trabajo ni con un esquema de trata como se manejó en distintos medios”, afirmó la fiscal.
El feminicidio ocurrió el 15 de abril, cuando autoridades localizaron el cuerpo de la joven dentro del inmueble donde trabajaba el vigilante detenido. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Edith Guadalupe fue atacada con un desarmador durante el encuentro. La gravedad de las lesiones provocó su muerte dentro del edificio.
Juan Jesús “N” fue detenido el mismo día del hallazgo y posteriormente presentado ante un juez. Desde entonces permanece sujeto a proceso mientras el Ministerio Público continúa reuniendo pruebas para consolidar la acusación de feminicidio.
La fiscal también reveló que la familia de la víctima solicitó mantener reserva sobre diversos aspectos del expediente. “La familia nos ha pedido mucha discreción en este caso”, indicó Alcalde Luján, al señalar que las autoridades buscan evitar la revictimización y proteger la privacidad de los familiares.
El asesinato de Edith Guadalupe generó indignación social y reactivó las exigencias de organizaciones defensoras de derechos de las mujeres para fortalecer los mecanismos de prevención de violencia feminicida en la capital del país. Colectivos han advertido que, independientemente de las circunstancias previas al crimen, el caso evidencia nuevamente los riesgos que enfrentan miles de mujeres en contextos de violencia cotidiana.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que la Ciudad de México continúa entre las entidades con mayor número de investigaciones por delitos contra mujeres, mientras organizaciones civiles sostienen que muchos feminicidios siguen ocurriendo en espacios privados y a manos de personas conocidas por las víctimas.
En medio de la atención pública que despertó el caso, la Fiscalía capitalina insistió en que continuará informando conforme avance el proceso judicial y reiteró que las conclusiones difundidas hasta ahora derivan de evidencia ministerial y pericial incorporada formalmente a la carpeta de investigación.
