*La presidenta Sheinbaum pide revisar contratos y deslindar responsabilidades.
23.19.2026., Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se realicen las auditorías necesarias para aclarar los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, quedara en el centro de una polémica por su relación con un proveedor del organismo.
Durante su conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum sostuvo que la exigencia de transparencia debe aplicarse también a la autoridad encargada de organizar las elecciones y que ninguna institución pública puede quedar al margen de la fiscalización.
“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso”, expresó la mandataria al ser cuestionada sobre las denuncias que han generado dudas acerca de posibles conflictos de interés en el entorno de la titular del organismo electoral.
La presidenta insistió en que los señalamientos deben aclararse mediante los mecanismos de revisión correspondientes y no quedar únicamente en el terreno de las declaraciones públicas. La realización de auditorías, dijo, es necesaria para conocer si hubo irregularidades y establecer, en su caso, quiénes serían responsables.
“Deben hacerse las auditorías que se tengan que hacer”, planteó, al reiterar que la exigencia de honestidad no puede limitarse a determinadas dependencias o funcionarios.
La postura de Sheinbaum llega después de que publicaciones periodísticas difundieran información sobre la presunta cercanía de Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con contratos de proveeduría para el INE. Los cuestionamientos se centran en si esa relación podría representar un conflicto de interés y si las contrataciones del instituto se realizaron con apego a los principios de transparencia, legalidad e imparcialidad.
“Entre todas y todos tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral”, agregó la presidenta, al marcar una diferencia entre defender la existencia del organismo y exigir que sus integrantes rindan cuentas.
Sheinbaum hizo referencia a las movilizaciones que en años anteriores se realizaron bajo la consigna “El INE no se toca”. Consideró que la defensa del instituto no debe utilizarse como argumento para impedir que se revisen sus actuaciones o se investiguen posibles irregularidades.
“No se trata de eso”, sostuvo al explicar que proteger a la institución también implica evitar que existan dudas sobre su funcionamiento. Su planteamiento fue que la confianza en el árbitro electoral no puede depender de que se cuestionen o no sus decisiones, sino de que sus procedimientos puedan revisarse y sus resultados sean transparentes.
La polémica también llegó al Consejo General del INE, donde representantes partidistas exigieron explicaciones a Taddei durante una sesión celebrada el jueves 22 de octubre. Entre los cuestionamientos estuvieron los relacionados con su presunta cercanía con Hernández Casillas y con las contrataciones de empresas proveedoras de materiales electorales.
La oposición ha pedido que la consejera presidenta deje el cargo, al considerar que los señalamientos comprometen la confianza en su gestión. Al ser interrogada sobre una posible renuncia, Sheinbaum evitó exigir su salida y señaló que esa determinación corresponde a la propia funcionaria.
“Ya más allá de eso, depende de las decisiones personales de cada quién”, dijo, de acuerdo con las declaraciones difundidas sobre la conferencia presidencial.
Con ello, la mandataria puso el énfasis en el esclarecimiento de los hechos y no en anticipar una conclusión sobre la permanencia de Taddei al frente del instituto. La eventual separación del cargo y la determinación de responsabilidades administrativas o penales son asuntos distintos, que deben resolverse conforme a las atribuciones y los procedimientos aplicables.
Taddei rechaza conflicto de interés y pide esperar las auditorías
La consejera presidenta ha rechazado los señalamientos y defendido la legalidad de los procedimientos de contratación del INE. En declaraciones difundidas por el propio organismo, sostuvo que no existe conflicto de interés y que las decisiones sobre adquisiciones corresponden a las áreas técnicas y administrativas competentes, no directamente a la Presidencia del instituto.
También informó que solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar los procedimientos correspondientes y afirmó que el organismo está dispuesto a someterse a las revisiones.
“Hay puertas abiertas a la revisión, seguras de que hemos estado haciendo las cosas de manera correcta”, expresó Taddei al defender su gestión.
La funcionaria ha argumentado, además, que las acusaciones buscan desacreditar tanto su trabajo como al propio instituto. Sin embargo, esa postura tampoco sustituye la necesidad de revisar los hechos: la existencia de auditorías y la publicación de sus resultados permitirán valorar los cuestionamientos con base en documentación y no solamente en las versiones de las partes.
El INE tiene la responsabilidad de administrar recursos públicos y organizar procesos electorales bajo principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Por ello, cualquier duda sobre la contratación de proveedores adquiere relevancia pública, especialmente cuando involucra a personas cercanas a quienes encabezan la institución.
La revisión deberá distinguir entre una relación personal, un posible conflicto de interés y una irregularidad comprobada en la asignación de contratos. Son situaciones diferentes y no puede darse por acreditada una conducta ilícita sin pruebas que la sustenten.
La confianza en el árbitro electoral, bajo escrutinio
El momento en que estalla la controversia vuelve más delicados los cuestionamientos. México se encamina a las elecciones de 2027, un proceso en el que el INE tendrá un papel central en la organización de los comicios federales y en la coordinación que corresponda con los organismos electorales locales.
En ese escenario, las sospechas sobre la gestión de sus recursos pueden alimentar dudas sobre la independencia y la imparcialidad de la autoridad electoral, aunque las acusaciones todavía deban investigarse. La respuesta institucional tendrá que pasar por la transparencia, la documentación de las contrataciones y la actuación de las instancias fiscalizadoras.