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05.12.2026 .- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció la existencia de una presunta red de empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas, que durante aproximadamente 27 años habría concentrado contratos para la fabricación y suministro de materiales electorales destinados a organismos electorales de distintas entidades del país.
“Lo que estamos viendo es una red de empresas que durante muchos años se han dedicado a ganar las licitaciones de la papelería electoral. Son intermediarios, empresas que ni siquiera tienen trabajadores, que reciben los contratos y después subcontratan a otras compañías para que fabriquen los materiales”, explicó.
Ante estos señalamientos, pidió revisar las contrataciones, esclarecer posibles conflictos de interés y determinar si existieron prácticas de colusión en la asignación de recursos públicos.
Como parte de las medidas anunciadas, la mandataria adelantó que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, empresa pública que busca incorporar de manera más amplia a la producción de materiales utilizados en los procesos electorales.
La propuesta pretende reducir la dependencia de proveedores privados, ampliar la capacidad productiva del Estado y establecer mayores controles sobre las compras, los procedimientos de contratación y la supervisión de los recursos destinados a la organización de las elecciones.
El señalamiento presidencial coloca bajo escrutinio los mecanismos mediante los cuales el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos electorales locales contratan bienes y servicios para desarrollar los comicios, particularmente la producción de boletas, documentación, urnas y otros insumos indispensables para las jornadas electorales.
Durante la conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, Sheinbaum sostuvo que el esquema de contratación no comenzó durante la administración de Guadalupe Taddei, sino que tiene antecedentes que se remontan a finales de los años noventa y que se fortaleció durante la presidencia de Lorenzo Córdova al frente del INE, entre 2014 y 2023.
La mandataria insistió en que las investigaciones deben abarcar tanto las contrataciones realizadas por el organismo nacional como las de los institutos electorales estatales, debido a que el esquema habría operado mediante un reducido grupo de proveedores que se repetían en diferentes procesos de adquisición.
“¿Cómo es posible que desde 1999 sean las mismas personas las que se quedan con los contratos electorales? ¿Cómo es posible que se hayan repartido durante tantos años los contratos de la papelería electoral? Eso es lo que tiene que investigarse y transparentarse”, cuestionó.
La presidenta también rechazó que el problema pueda atribuirse exclusivamente a la actual administración del INE. Señaló que Guadalupe Taddei debe responder por cualquier irregularidad que pudiera acreditarse durante su gestión, pero consideró indispensable revisar los antecedentes y las responsabilidades de quienes participaron en la construcción de ese esquema.
“Si realizó un acto ilegal, tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, ella y quien haya participado en la estructura del INE. Pero no nació ahí, discúlpenme, tiene muchos años y se fortaleció justo en esa época”, manifestó en referencia al periodo de Lorenzo Córdova.
La jefa del Ejecutivo federal pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una revisión profunda de las contrataciones, examine los procedimientos de adjudicación y determine si existieron prácticas irregulares, responsabilidades administrativas o posibles delitos.
Raquel Buenrostro expone el origen de las empresas
Durante la conferencia mañanera, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó los resultados de una investigación elaborada mediante información pública y registros históricos de contrataciones gubernamentales.
La funcionaria explicó que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas tuvieron antecedentes laborales en dependencias federales antes de incorporarse al sector empresarial y desarrollar compañías que posteriormente consiguieron contratos para suministrar materiales electorales.
De acuerdo con la reconstrucción presentada, entre 1983 y 1988 ambos estuvieron vinculados al Registro Nacional de Población e Identificación Personal, dependiente de la Secretaría de Gobernación. En ese periodo, José Alfredo Hernández Casillas trabajó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del organismo.
Posteriormente, durante 1989, Padilla Aguilar llegó a la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde también se incorporó José Alfredo Hernández Casillas. Su hermano Raymundo había ingresado previamente a un área relacionada con recursos financieros y materiales del sector público.
La exposición gubernamental ubicó en 1988 la constitución de Cartonera Plástica, empresa relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, mientras que en 1992 se creó Formas Finas Fernando Fernández, vinculada con Raymundo Francisco Hernández Casillas.
El primer antecedente de contratación electoral destacado por Buenrostro se ubicó en 1999, cuando Cartonera Plástica comenzó a participar como proveedora de materiales para procesos electorales en el Estado de México.
Uno de los contratos más relevantes se registró en 2005, cuando el Instituto Electoral del Estado de México adjudicó a esa compañía un convenio por 63.7 millones de pesos para el suministro de material electoral. Ese mismo año se denunciaron presuntas irregularidades y sobornos que derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.
La secretaria señaló que, con el paso del tiempo, las empresas relacionadas con los hermanos ampliaron su participación en distintas entidades, mediante contratos con organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo, entre otros estados.
Más de dos mil 700 millones de pesos en contratos
Uno de los datos centrales de la investigación presentada por el Gobierno federal corresponde al volumen de recursos públicos que habrían recibido las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.
Según las cifras expuestas por Buenrostro, entre 2015 y 2023, periodo en el que Lorenzo Córdova encabezó el Consejo General del INE, 23 de los 32 organismos públicos locales electorales otorgaron contratos a estas compañías por aproximadamente dos mil 94 millones de pesos.
A esa cantidad se suman otros 646.3 millones de pesos correspondientes a contratos obtenidos entre 2024 y 2025, durante la presidencia de Guadalupe Taddei, en 15 organismos electorales estatales.
En conjunto, los montos presentados suman dos mil 740.3 millones de pesos, una cifra que dimensiona el volumen de contrataciones bajo revisión.
Buenrostro explicó que una de las principales preocupaciones es que algunas de estas compañías no cuentan con infraestructura industrial propia para producir los materiales que ofrecen a las autoridades electorales. En su lugar, funcionarían como intermediarias que obtienen las adjudicaciones y posteriormente contratan a otras empresas para realizar los trabajos.
La funcionaria sostuvo que esta modalidad debe revisarse porque puede generar concentración de proveedores, limitar la competencia y encarecer las adquisiciones públicas.
La investigación también identificó relaciones políticas entre algunos de los personajes que aparecen en la reconstrucción histórica. Entre ellos mencionó a Juan Carlos Padilla Aguilar y su posterior participación en el partido SOMOS, organización en la que también coinciden figuras relacionadas con anteriores administraciones electorales, como Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina.
El Gobierno federal considera que estos vínculos deben formar parte de las indagatorias para esclarecer cómo se desarrolló la red empresarial y cuáles fueron los mecanismos que permitieron su permanencia en las contrataciones electorales.
Hasta el momento, los señalamientos presentados por las autoridades constituyen una línea de investigación y no equivalen por sí mismos a una resolución judicial que determine la responsabilidad penal de las personas mencionadas.
Talleres Gráficos de México asumiría un papel central
Como respuesta institucional al problema, Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un decreto para modificar y fortalecer la estructura de gobierno de Talleres Gráficos de México, empresa pública encargada de producir materiales impresos, entre ellos documentación electoral.
La propuesta contempla ampliar la participación de dependencias federales e instituciones académicas en su Consejo de Administración, además de incorporar a la Auditoría Superior de la Federación como observadora externa.
El propósito es que la empresa del Estado tenga capacidad para producir la mayor parte de la papelería electoral, bajo mecanismos de supervisión, transparencia y control de costos.
La presidenta explicó que no necesariamente todos los insumos deben fabricarse en instalaciones públicas, pues existe una amplia cantidad de empresas mexicanas que pueden competir para suministrar otros productos necesarios durante las elecciones.
Entre ellos mencionó chalecos para el personal electoral, mamparas, materiales para las casillas y otros elementos utilizados durante las jornadas de votación.
“Lo que queremos es que Talleres Gráficos sea una verdadera empresa del Estado, que tenga su Consejo de Administración, que tenga observación externa y que produzca la gran mayoría de la papelería electoral a precios justos y de manera totalmente transparente”, planteó.
También sostuvo que las adquisiciones restantes deben abrirse a la competencia para evitar que un grupo reducido de proveedores mantenga el control de las contrataciones.
“¿A poco no hay cientos y cientos de empresas que puedan hacer eso en el país? Hasta miles, me atrevería a decir. Que se abra todo eso”, expresó al referirse a la posibilidad de ampliar la participación de proveedores nacionales.
La iniciativa busca modificar las condiciones bajo las cuales se adquieren los materiales electorales y garantizar que las instituciones públicas no dependan de intermediarios que concentren las adjudicaciones.
Auditorías y responsabilidades en el INE
Sheinbaum insistió en que el Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo y que corresponde a sus propias instancias de control, a la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, a las autoridades ministeriales investigar las posibles irregularidades.
Aclaró que el Gobierno federal no tiene atribuciones para dirigir las decisiones internas del INE ni para determinar anticipadamente responsabilidades de sus integrantes.
Sin embargo, consideró que los hallazgos obligan a revisar el funcionamiento de las contrataciones y la relación que durante décadas mantuvieron los organismos electorales con determinados proveedores.
La mandataria también vinculó la investigación con la necesidad de garantizar los próximos procesos electorales, particularmente ante la cercanía de las elecciones de 2027.
“Hay que garantizar que toda la papelería electoral esté producida sin ningún problema y con licitaciones honestas, y no con estas empresas que pasaron por todos, desde 1999”, sostuvo.
En otro momento de la conferencia, resumió su postura al señalar que el país logró avanzar en el combate a los antiguos mecanismos de fraude electoral, pero todavía debe enfrentar a quienes, desde su perspectiva, se benefician de los presupuestos destinados a organizar los comicios.
“Terminamos con los mapaches, los que hacían los fraudes electorales, pero hay que acabar con los coyotes, con los que se enriquecen a costa del presupuesto público vinculado con los institutos electorales”, afirmó.
La investigación presentada por el Gobierno abre así un nuevo frente de revisión sobre el manejo de miles de millones de pesos destinados a la organización de elecciones en México. El esclarecimiento de los contratos, la identificación de posibles responsabilidades y la modificación de los mecanismos de adquisición serán determinantes para establecer si existió una estructura de colusión empresarial y administrativa durante casi tres décadas.
La propuesta de fortalecer Talleres Gráficos de México representa, además, un cambio en la participación del Estado en la producción de materiales electorales, mientras que las auditorías deberán establecer si las adjudicaciones cuestionadas se realizaron conforme a la ley y si hubo funcionarios que facilitaron o permitieron prácticas indebidas.