*En lo que va del 2025, el estado de Sonora registró diferentes episodios de violencia contra las mujeres.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
16.07.2025./CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El multifeminicidio ocurrido el pasado 3 de julio en Sonora cimbró al país, pero también evidenció un preocupante aumento de la violencia feminicida en la entidad. Esta escalada, advierte Leticia Burgos Ochoa, integrante de la Red Nacional de Alertistas, se debe en gran medida a la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de atender y erradicar esta problemática, así como la implementación de políticas públicas reactivas y no preventivas.
En lo que va del 2025, el estado de Sonora registró diferentes episodios de violencia contra las mujeres, por ejemplo, en el municipio de Cajeme, ocurrieron 5 casos de feminicidio, de los cuales, dos de las víctimas estaban embarazadas. Estos registros se suman al multifeminicidio del kilómetro 7 de Hermosillo, un municipio que tiene una Alerta por Violencia de Género (AVG) desde el 20 de agosto del 2021.
Este caso de feminicidio puso en relieve el incremento de la violencia feminicida en el estado de Sonora, así como la falta de acciones efectivas para erradicar este tipo de violencia por parte del gobierno de Alfredo Durazo Montaño y otros vacíos institucionales, según señaló Leticia Burgos Ochoa.
A seis meses de que la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) entrara en operaciones, un informe sombra reveló que la institución no fue capaz de asumir la función de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) ante la falta de estructura administrativa y personal, por lo que la nueva reestructura se tradujo a un retroceso que debilitó la protección estatal de las mujeres.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) fue un ente rector para la implementación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), pero al eliminarlo para dar lugar a la Semujeres, la nueva reestructura vulneró el enfoque garantista de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) «al debilitar objetivos clave como la protección de la vida, integridad y acceso a justicia para mujeres, niñas y adolescentes», y generó una omisión de disposiciones presupuestarias para implementar la AVGM, limitando su efectividad.
Con la llegada de la Secretaría de las Mujeres en 2024, la AVGM sufrió cambios estructurales: la secretaría asumió la responsabilidad de gestionar las alertas a través de la Dirección General de Políticas de Acceso a una Vida Libre de Violencia. No obstante, persistieron deficiencias como la claridad en los tiempos de cumplimiento, la escaza sistematización de datos y una débil articulación institucional, lo que impidió que las alertas operen con eficiencia en muchas entidades del país.
A esto se suma que, la Semujeres obtuvo un presupuesto de 2 mil 93 millones para 2025, siendo que tendrá a su cargo 15 funciones, entre ellas prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, física, psicológica y de género que viven las mujeres. Esta cifra es inferior en comparación con la suma del presupuesto destinado anteriormente a Inmujeres y la CONAVIM, y se desconoce la distribución de este recurso.
Según compartió Leticia Burgos Ochoa, el estado norteño no cuenta con programas que ayuden a prevenir la violencia contra las mujeres, ya que las políticas públicas están enfocadas en responder después de que son violentadas. Además, ninguno de los municipios con Alerta por Violencia de Género (AVG): Hermosillo, Cajame, Empalme, Guaymas, Nogales y San Luis Colorado, etiquetó recursos específicos para acciones de prevención.
Aunque reconoció la existencia del «Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género» (SALVA), estrategia impulsada por el gobierno de Sonora para garantizar la protección y seguridad de las mujeres, también recalcó que se desconocen las acciones concretas implementadas y los resultados obtenidos a través del programa.
Leticia Burgos Ochoa también denunció al Protocolo Alba, al considerarlo un mecanismo reactivo para las búsquedas inmediatas de mujeres y niñas desparecidas. Lo consideró «una alerta débil» a pesar de su relevancia para las familias y víctimas de desaparición forzada, especialmente en casos vinculados con feminicidios.
Respecto a los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) — una política pública impulsada por la extinta CONAVIM desde el 2010— Leticia Burgos Ochoa advirtió que, aunque representaron una conquista del movimiento feminista, actualmente no cuentan con recursos humanos, materiales y financieros necesarios. Señaló además que no disponen de personal capacitado para evitar la revictimización ni aplicar adecuadamente los protocolos de atención.
Una de las deficiencias claves de los CJM fue que dejaron de ser referentes para las Unidades de Análisis y Contexto para Atender la Violencia Feminicida, cuyo objetivo es brindar información a las fiscalías sobre el escenario en el que ocurre la violencia contra las mujeres. A esto se suma que, las Unidades no actúan por oficio como originalmente se estableció, sino únicamente por petición.
«Entonces, si nosotras las creamos fue para que actuaran por oficio, es decir, de inmediato la Unidad de Contexto es la primera que tiene que ponerse al frente de la integración de carpetas y tenemos carpetas de investigación donde la Unidad de Contexto brilla por su ausencia.» -Leticia Burgos Ochoa, integrante de la Red Nacional de Alertistas.
En cambio, algunas de las medidas preventivas previstas en las AVGM, consisten en diagnósticos sobre la situación de violencia en municipios alertados. Sin embargo, dichos diagnósticos no cuentan con información desagregada por sexo. La única fuente disponible es la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyos datos publicados mensualmente ofrecen un panorama nacional, sin permitir un análisis específico de cada entidad.
La violencia feminicida en Sonora
Actualmente Hermosillo, Cajame, Empalme, Guaymas, Nogales y San Luis Colorado son los municipios con mayor incidencia de violencia feminicida y ya cuentan con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
De acuerdo con el quinto informe de la AVGM en Sonora, el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas (2024) ubicó a Hermosillo en el primer lugar de los 87 municipios del país con mayor número de casos de feminicidios. mientras que San Luis Colorado se colocó en el lugar 16 a nivel nacional. Por su parte, los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo señalaron que, entre enero y mayo de 2025, en Sonora se registraron 40 casos de asesinatos de mujeres, de los cuales solo 4 se investigaron como casos de feminicidio y 36 como homicidio doloso.
Sonora cuenta con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) activada en 2021 tras 15 años de solicitarla por parte de organizaciones y defensoras. Asimismo, una segunda alerta por violencia feminicida se encuentra en proceso, tras ser demandada en 2019. No obstante, en diversas ocasiones se denunció que las instancias correspondientes no atendieron adecuadamente las recomendaciones emitidas por las alertas.
Hacia un pacto político y rendición de cuentas
A través de redes sociales, diversas colectivas feministas convocaron a la Marcha por la Dignidad y Justicia programada para el próximo 13 de junio en Sonora. Esto en memoria del feminicidio de las tres niñas y su madre ocurrido durante el fin de semana y aprovechando que, el 12 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asistirá al estado para la inauguración de un nuevo hospital como anunció en la Mañanera.
Por ello, la Red Nacional de Alertitas solicitará una reunión privada para instalar mesas de diálogo en donde estén presentes las fiscalías, secretarias de seguridad pública y los centros responsables de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, solicitarán la comparecencia de Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal del estado, y Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad Pública, por su responsabilidad ante el incremento de la violencia feminicida.
Desde la perspectiva de Leticia Burgos Ochoa, el Estado debe construir un pacto político que ponga en el centro los derechos de las mujeres y una vida libre de violencia, especialmente ahora que, por primera vez, México cuenta con una presidenta de la República al frente.
