Casos de violencia contra mujeres que contradicen la Política Exterior Feminista del gobierno mexicano

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27.02.2023. /Cimac Noticias.com / Ciudad de México.- Recientemente se dieron a conocer tres casos de violencia que involucran al personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Aunado a esto, se sumó la desatención y violación de los derechos humanos de las mujeres migrantes que pone en evidencia que dicho organismo no ha cumplido con los estándares establecidos en la Política Exterior Feminista (PEF) promulgada por el Gobierno de México desde 2020.

En 2020, el gobierno mexicano anunció que la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE se haría cargo de la aplicación de la Política Exterior Feminista. A grandes rasgos, la PEF consiste en tomar acciones para atender la violencia de género, cerrar brechas entre hombres y mujeres y generar espacios seguros tanto dentro como fuera de la institución.

De acuerdo con un documento oficial del gobierno mexicano, para alcanzar estos objetivos se plantearon acciones como la participación del país en foros internacionales. Esta es una medida que se ha cumplido gracias a la representación mexicana en eventos como el Foro Generación Igualdad México 2021. No obstante, otras acciones planteadas por la SRE están lejos de alcanzar los objetivos deseados.

SRE, una institución en la que persiste una estructura violenta contra sus trabajadoras

La Política Exterior Feminista contempla una SRE libre de violencia, segura para todas las mujeres usuarias de sus servicios pero también para quienes trabajan en ella. En este sentido, el documento sobre la PEF plantea mejoras institucionales dentro de la Secretaría para “eliminar las diferencias estructurales”, así como la creación de áreas de trabajo libres de violencia y protocolos de actuación con perspectiva de género frente a agresiones dentro de la institución.

Pese a ello, Cimacnoticias ha documentado de cerca dos casos en los que estas medidas no se han aplicado en lo absoluto. Uno de ellos es el caso de Elvia Álvarez Marín, quien el pasado 24 de enero denunció a una funcionaria de alto rango dentro de la SRE por hostigamiento laboral.

“Siempre me hacía sentir tonta cuando cometía algún error en mis actividades, además continuamente de manera verbal me corría de algún evento (por ejemplo)”, denunció en entrevista con esta agencia noticiosa. La violencia ejercida contra Elvia inició desde 2022 y, aunque el caso ya llegó al Comité de Ética de la SRE, aún no hay una respuesta definitiva sobre cómo procederá la Secretaría.

Algo similar ocurre con el caso de Virginia Solís Tepayol. Ella comenzó a vivir acoso institucional en enero de 2021 por parte de la titular del Consulado General de México en San Francisco. Tanto Virginia como sus excompañeros denunciaron violaciones a sus derechos laborales como la retención de documentos y despidos injustificados.

La situación para ella, sin embargo, empeoró luego de que fuera víctima de una agresión sexual en las calles de San Francisco. Aún sabiendo esto, el consulado decidió no renovar su contrato con ella; además, tampoco dio seguimiento a su caso como era adecuado por el simple hecho de ser mexicana residente en el extranjero.

La agresión contra Virginia sucedió fuera del lugar de trabajo y no fue atendida. No obstante, en un tercer caso, la violencia tuvo lugar dentro de la SRE y tampoco se ha actuado correctamente. Este hecho sucedió en Aguascalientes, donde siete personas denunciaron al director de la Oficina de Pasaportes del estado por acoso sexual y laboral.

Desde agosto del año pasado, las y los trabajadores solicitaron protección al Comité de Ética y al Órgano Interno de Control de la SRE. También llevaron su denuncia frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República. No obstante, tuvieron que pasar cuatro meses para que el titular de la Oficina dejara su cargo.

Además de este tipo de violencias, la SRE también incumple con su supuesta política feminista al no proteger los derechos laborales de sus trabajadores. Y es que, si bien presume sus acciones positivas como licencia de maternidad y paternidad para las y los trabajadores y un sistema de cuidados para las madres, por lo menos en los consulados, los empleados que trabajan como prestadores de servicios profesionales independientes no tienen seguro médico familiar.

Tampoco pueden acceder a todas las prestaciones como el retiro pese a que muchos de ellos llevan décadas trabajando para el Servicio Exterior Mexicano. De igual forma, el modo de subcontratación bajo el que laboran los deja en incertidumbre y desprotección, pues la SRE no los reconoce como sus trabajadores y los consulados pueden terminar sus contratos sin aviso previo.

Política Feminista tampoco aplica para mujeres migrantes

De acuerdo con el Gobierno de México, la Política Exterior Feminista de la SRE tiene una perspectiva de respeto hacia los derechos humanos en general. Los casos citados anteriormente dejan ver, sin embargo, que esto no se cumple al interior de la Secretaría. Y la situación fuera de ella tampoco es mejor.

Desde hace varios años, México ha sido aliado de Estados Unidos en la implementación de políticas migratorias cada vez más duras. La más reciente de ellas es el visado a la población venezolana que desee permanecer o atravesar nuestro país. Esto ha provocado que las personas en situación de movilidad opten por rutas de tránsito peligrosas donde se exponen a traficantes de personas, discriminación y otros tipos de violencias.

En el caso de las mujeres, estas violencias se dan de manera diferenciada e incluyen el alto riesgo de ser víctimas de agresiones sexualesDe acuerdo con datos del Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (Imumi) y Women’s Refugee Commission (WRC), entre enero y la primera semana de mayo de 2022 (año en el que se implementó el visado para venezolanos en México), la organización de Médicos Sin Fronteras atendió a 89 personas por violencia sexual; todas decidieron usar rutas migratorias alternas al viaje aéreo.

La PEF contempla la atención a grupos vulnerables como mujeres en situación de movilidad. Aun así, según indican Imumi y WRC, muchas de las migrantes víctimas de violencia sexual no han tenido acceso oportuno a tratamientos para prevenir infecciones y enfermedades de transmisión sexual o para prevenir un embarazo.

De esta forma, la SRE falla al atender las necesidades de las mujeres dentro de su institución, pero también al implementar políticas exteriores realmente respetuosas con los derechos humanos. Pese a esto, ni a sus órganos internos ni al gobierno mexicano parece interesarles la aplicación efectiva de una política exterior verdaderamente feminista.

Mientras la violencia contra las mujeres continúa aumentando en México, las instituciones siguen evidenciando su falta de perspectiva en la aplicación de políticas públicas eficaces para prevenirla y erradicarla. Los agresores, además, siguen ocupando puestos importantes, lo que manda un mensaje claro de impunidad y consentimiento para seguir violentando a trabajadoras, migrantes y mexicanas.

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