Catemaco: corrupción al desnudo.

*Astrolabio Político.

/ Por: Luis Ramírez Baqueiro /

“Virtud es del hombre sensato encontrar motivo de alegría aun en plena adversidad”. – José de San Martín.

Lo de Catemaco ya no admite eufemismos. Cuando una síndica decide exhibir, con números en la mano y pruebas en video, el presunto saqueo de las arcas municipales, lo que está en juego no es un diferendo político: es la credibilidad misma del gobierno local. https://www.facebook.com/share/v/1LBMhqp9aQ/

La denuncia de Yani del Carmen Ricalde Moreno no se queda en lo discursivo. Apunta, desglosa y cuestiona. Y lo hace con base en datos del propio Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), lo que le da un peso específico que difícilmente puede desestimarse como simple grilla interna.

Los números, por sí solos, son escandalosos.

Siete millones de pesos destinados a la “rehabilitación” del camino hacia La Providencia. Una cifra que, en cualquier lógica de obra pública, exigiría resultados visibles, tangibles, verificables. Pero según la síndica, lo que se observa dista mucho de justificar semejante inversión. Si el recurso hubiera sido aplicado con honestidad —advierte— no hablaríamos de un camino rehabilitado, sino de una vía prácticamente nueva.

Otros siete millones, afirma, se habrían diluido en la renta de camiones recolectores de basura en condiciones irregulares: unidades viejas, sin placas, sin registros, sin número de serie. Es decir, operando al margen de la legalidad. Dinero público que, en lugar de fortalecer el parque vehicular del municipio, terminó —presuntamente— en un esquema opaco que huele más a negocio privado que a servicio público.

Y si algo faltaba para completar el cuadro, aparece el tema del alumbrado. Una empresa instalando luminarias desde enero sin contratos aprobados por Cabildo, sin montos claros, sin transparencia. Un procedimiento que rompe cualquier norma básica de administración pública y que la propia síndica define sin rodeos: “corrupción pura y descarada”, con el agravante de un presunto beneficio directo a la familia del alcalde Manuel Eduardo Toscano.

Pero el señalamiento más inquietante no es el financiero. Es el político.

Cuando Yani Ricalde afirma que Toscano “no da la cara” y que el municipio es operado por “titiriteros” ajenos a Catemaco, introduce un elemento aún más delicado: la posible existencia de un poder paralelo, opaco, sin legitimidad democrática, tomando decisiones desde las sombras. En un contexto donde los índices de criminalidad y la violencia política muestran signos de alza, esta acusación no es menor. Es, de hecho, alarmante.

El caso, inevitablemente, salpica a Movimiento Ciudadano. Porque no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de señalamientos que contrastan brutalmente con la narrativa que impulsa su dirigencia. Mientras figuras como Luis Carbonell y Sergio Gil insisten en descalificar al gobierno estatal y a la gobernadora Rocío Nahle García, desde sus propias filas emergen denuncias que cuestionan su autoridad moral.

La política, cuando se ejerce sin congruencia, termina por exhibirse sola.

Porque no hay campaña de lodo que resista el peso de los hechos. Y menos cuando esos hechos provienen del interior de la propia administración. La incongruencia es el talón de Aquiles de cualquier proyecto político, y hoy Movimiento Ciudadano parece caminar justo sobre esa línea.

El daño, sin embargo, trasciende partidos y nombres. Cada peso presuntamente mal utilizado es una calle que no se pavimenta, una patrulla que no se compra, un servicio que no llega. Cada acto de opacidad erosiona la confianza ciudadana y profundiza la percepción de que el poder se utiliza para fines distintos al interés público.

Catemaco no necesita más escándalos. Necesita respuestas.

Y esas respuestas no pueden venir de discursos ni de descalificaciones. Tienen que surgir de investigaciones serias, de auditorías exhaustivas y, si se confirman las irregularidades, de sanciones ejemplares. Porque de lo contrario, todo quedará en lo de siempre: denuncias que se pierden en el ruido y ciudadanos que pagan, una vez más, las consecuencias de un poder que parece no rendir cuentas.

Lo verdaderamente preocupante es que, mientras esto ocurre, el municipio sigue funcionando —o aparentando hacerlo— bajo una sombra de duda que nadie se ha atrevido a disipar con claridad.

Y en política, cuando la duda se instala, la legitimidad empieza a desmoronarse.

 

Al tiempo.

 

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