Ciudad de México, 15 de octubre de 2019.- El Consejo Coordinador Empresarial lamenta
que, para la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales, el Legislativo no haya tomado en
cuenta las diversas voces de la sociedad que, en forma oportuna, alertaron sobre las
consecuencias negativas que esta reforma tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión
productiva formal en el país. Así lo advirtieron, de manera contundente y sustentada,
especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores
productivos, y a pesar de ello no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para
resolver dichos efectos.
En comunicado refieren que aun cuando en la etapa final del proceso, algunos legisladores de distintas fracciones
parlamentarias fueron sensibles y promovieron ajustes en este sentido, “lamentablemente no
transitaron por no lograr los votos suficientes”.
El CCE dice apoyar firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal. La emisión o
compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincidimos en que
debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito. Sin embargo, como
hemos advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de esta minuta generará un
justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que
pongan en peligro su integridad personal y sus bienes.
“Para invertir, las personas y las empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen
margen a abusos en la interpretación de la autoridad. Sin inversión, no será factible lograr las
metas de crecimiento económico y de recaudación que nuestro país requiere, ni los niveles
de bienestar a los que aspiramos como mexicanos”, recuerda.
Exige que las audiencias públicas parlamentarias no sean simples formalidades, ni mucho menos
simulación, sino que deben servir para nutrir y enriquecer el trabajo legislativo, que impacta a
todos los ciudadanos.
“Hacemos un respetuoso exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de
manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de
sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos. Combatir la
ilegalidad y la defraudación es un fin loable que compartimos, pero es indispensable cuidar
que en el camino no se violen garantías individuales ni se dañe el desarrollo económico del
país”.
