** LINOTIPIA .
/ Peniley Ramírez /
El escándalo político de esta semana comenzó en 2022, cuando llamé al panista Santiago Taboada. Entonces, él era alcalde de Benito Juárez, en CDMX. Ahora, pretende gobernar la capital. Le dije que había obtenido unos documentos. Indicaban que la Unidad de Inteligencia Financiera local lo investigaba.
Aún tengo copia de la solicitud que llegó a los bancos. Está allí el nombre de Taboada, dirección y CURP. Dice que los bancos debían entregar, de todas su cuentas, copia de los contratos y sus direcciones.
“El primer indicio que tuve fue tu columna”, me dijo Taboada. “Mandé escritos a la Fiscalía y la UIF CDMX. Pregunté si me estaban investigando”. Por meses, la respuesta era: no. En diciembre de 2022, recibió un mensaje directo en Twitter.
El remitente se identificó como empleado de la Fiscalía de CDMX. Dijo a Taboada: me están obligando a fabricarte delitos. El político pedía pruebas. La fuente respondía que tenía miedo. Luego, desaparecía por semanas. Finalmente, la fuente entregó a Taboada el número de una carpeta de investigación.
Con ese número, el equipo legal del político inició procesos penales para enterarse de qué había en su contra. Obtuvo una copia del mismo documento de la UIF CDMX que yo había conseguido. Y encontró que se le mencionaba en varias carpetas de investigación, relacionadas con secuestros y otros delitos.
En la primavera, su fuente advirtió a Taboada que también vigilaban sus comunicaciones. Después de meses, él confirmó que era cierto: su número aparecía al menos en seis solicitudes que la Fiscalía CDMX hizo a Telcel para conocer sus llamadas, mensajes, incluso su geolocalización.
En esos meses, la exdiputada Alessandra Rojo de la Vega notó que algo andaba mal. “Había personas del gobierno de la capital que siempre sabían a dónde yo iba, me hacían fotos”, me dijo. Inició indagatorias que terminaron esta semana, cuando confirmó: la Fiscalía capitalina la ha investigado durante, al menos, un año. Intervinieron sus comunicaciones, las de su papá y varios colaboradores.
Obtuve oficios de las investigaciones de la Fiscalía capitalina a colaboradores de Morena y políticos locales de oposición, de las que publicó esta semana el diario The New York Times. Allí están Taboada, Rojo de la Vega, su padre, colaboradores y otras personas cuyos números no logré identificar. “Estoy redactando una denuncia penal. Es irónico, denunciaré ante la misma Fiscalía que me espió”, me dijo De la Vega.
Taboada aparece al menos en cuatro investigaciones de 2021. Alejandro Santamaría, fiscal de investigación de secuestro, y César Oliveros, coordinador de investigación de delitos de alto impacto, firman las peticiones.
En los oficios, también hay solicitudes de información sobre Adrián Rubalcava, alcalde priista de Cuajimalpa, que también aspira a gobernar la CDMX. Rubalcava me dijo que no se siente agraviado, incómodo ni víctima. “Investigaciones como estas son gajes del oficio”, me dijo. “Yo soy soltero, lo peor que podría salir es que salí con dos chicas al mismo tiempo”. El caso de Rubalcava no se conocía hasta ahora, aunque el alcalde dice que dio una entrevista a The New York Times en septiembre.
Otro de los investigados es Ricardo Monreal, una figura clave de Morena. Su número está en otra solicitud de información, de la Fiscalía de Colima, como supuesto involucrado en un secuestro. Monreal no respondió llamadas ni mensajes. La prensa no había publicado sobre él.
La Fiscalía capitalina ha dicho que los oficios son falsos, pero Telcel ha confirmado: entregó la información. El caso refleja o un complot político o una corrupción tan profunda en las fiscalías, que cualquiera pueda obtener registros telefónicos.
Varios juristas me dijeron que este caso podría llevar a la modificación del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el código actual, con un oficio de petición (como los que obtuve) pueden conseguirse los registros. Las fiscalías tienen 48 horas para ir con el juez y pedir una autorización. Sin embargo, me dijeron: es común que se introduzcan teléfonos para espiar como parte de casos reales. La prueba no es válida, porque un juez no lo autorizó, pero no importa. Importa que Telcel entregue los registros, como lo ha hecho.
@penileyramirez
