*CEDAW confirma violencia estructural contra las mujeres en México y lanza fuerte llamado al Estado mexicano.
*Violencia que abarca desapariciones, tortura, violencia sexual y feminicidios, a menudo con armas de fuego.
*Violencia que se agrava por la respuesta ineficaz del Estado y sus deficientes políticas de seguridad y control de armas.
Ciudad de México, 8 de julio de 2025.– La Red TDT informa que el pasado 7 de julio el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió las recomendaciones finales tras evaluar al Estado mexicano en su Décima Revisión Periódica, celebrada en Ginebra.
En las 90 recomendaciones emitidas se visibilizan la grave crisis de derechos humanos que enfrentan niñas, adolescentas y mujeres en el país. Fotografía: Sandra Suaste Avila| Red TDT
“Desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), respaldamos las preocupaciones expresadas por el Comité y nos sumamos al llamado urgente para atender la violencia estructural, la impunidad y la falta de voluntad política que siguen poniendo en riesgo la vida y la dignidad de millones de mujeres en México” escribieron al compartir las conclusiones.
Una radiografía contundente de la violencia contra las mujeres
El Comité CEDAW reconoció que la violencia contra mujeres y niñas en México ha aumentado, y es perpetrada tanto por agentes estatales como no estatales, incluyendo al crimen organizado. Esta violencia abarca desapariciones, tortura, violencia sexual y feminicidios, a menudo con armas de fuego, y se agrava por la respuesta ineficaz del Estado y sus deficientes políticas de seguridad y control de armas.
En las 90 recomendaciones al Estado mexicano se destaca la discriminación y violencia hacia niñas, adolescentas y mujeres, incluyendo a LBTI, indígenas, desplazadas, migrantes, buscadoras, defensoras y periodistas. Se considera la interseccionalidad y el impacto del crimen organizado. Además, se exige implementar políticas públicas integrales con presupuesto suficiente para erradicar estas violencias y discriminaciones.
Trata. El Comité advierte que la violencia patrimonial y las limitadas oportunidades económicas ponen a las mujeres, especialmente de grupos marginados, en riesgo de trata y trabajo forzoso. El Comité urge sancionar a funcionarios que incumplan la ley y establecer mecanismos contra la corrupción. También recomienda aumentar recursos para inspecciones laborales. Pide reforzar la atención a víctimas, con datos sobre perfiles y eficacia de las intervenciones. Insta a garantizar reparaciones proporcionales. Finalmente, subraya la necesidad de recopilar y analizar datos para diseñar mejores políticas públicas, así como la aplicación de estrategias integrales de prevención.
Violencia de género. CEDAW reconoce avances legislativos en México, pero alerta sobre el aumento de la violencia de género, incluidos feminicidios, desapariciones y violencia sexual. Señala fallas estructurales como políticas de seguridad ineficaces, falta de datos y discriminación interseccional. También critica la aplicación desigual de protocolos con perspectiva de género. El Comité hace 29 recomendaciones para armonizar leyes, recopilar datos precisos y garantizar reparaciones transformadoras. Insta a reforzar refugios y mejorar la respuesta ante desapariciones. Además, siguen pendientes recomendaciones sobre mecanismos como la Alerta de Violencia de Género.
Aborto. El Comité señala que pese a las reformas legales, el acceso al aborto sigue siendo obstruido y condenado legalmente a pesar de los avances en la legislación federal. Prevalecen el estigma y la resistencia del personal de salud para garantizar el acceso a un aborto, preocupación que recomienda atender mediante una formación obligatoria. De igual forma recomienda armonizar las disposiciones penales con los avances legislativos en materia de acceso al aborto, garantizar la aplicación coherente de la Norma Oficial Mexicana 046 sin exigir a las víctimas de violencia sexual que presenten informes policiales o pruebas judiciales de violación.
Personas defensoras. El Comité se mostró alarmado ante el elevado número de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, desaparecidas, y atacadas a través de amenazas, violencia física, vigilancia, ataques digitales y criminalización, con una proporción significativa de estas agresiones perpetradas o toleradas por actores estatales; así instó al Gobierno de México a abordar las graves deficiencias de instancias oficiales como el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, realizar análisis de riesgo con perspectiva de género e interseccionales, con financiación adecuada, coordinación entre instituciones federales y locales, con investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales que garanticen reparación integral y enjuiciamiento de los actores responsables de los ataques.
Desafíos urgentes al Estado Mexicano
El informe de la CEDAW plantea desafíos claros que el Estado mexicano debe asumir con urgencia:
Atender la violencia feminicida como una prioridad nacional: Armonizar la legislación penal en todo el país, garantizar investigaciones con perspectiva de género y sancionar a los responsables de feminicidios y desapariciones.
Garantizar justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual y tortura: Implementar mecanismos eficaces para la denuncia, atención y reparación transformadora, incluyendo acceso a servicios en zonas rurales e indígenas.
Petitorio: exigimos voluntad política y transparencia
En un contexto donde por primera vez una mujer encabeza el Poder Ejecutivo Federal, el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW debe marcar un cambio histórico y una oportunidad para la presidenta de presentar información precisa sobre los avances.
Desde el OCNF y la Red TDT exigimos al Estado mexicano:
Que la Comisión de Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones de la CEDAW, coordinado por Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de la Mujer e incorporen a sociedad civil, organizaciones civiles, academia y organismos internacionales, con enfoque federal y territorial.
Que esta Comisión cuente con transparencia, acceso a información pública, metodologías claras de evaluación y mecanismos de participación ciudadana.
Que se establezca una agenda de trabajo con informes públicos cada seis meses, donde se detallen los avances, retrocesos y obstáculos para el cumplimiento de las recomendaciones.
Una reunión de alto nivel en menos de 60 días entre organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de las Mujeres para formalizar esta Comisión y activar un Mecanismo Nacional de Evaluación y Cumplimiento.
