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13.11.2024. /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- En aras de la audiencia para exponer las deficiencias y denuncias alrededor de las muertes cometidas al interior del Cefereso Femenil 16, el penal con la tasa de suicidios más alta a nivel federal, las organizaciones civiles expusieron frente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que lo que acontece en México es el síntoma de una de las crisis penitenciarias más violentas de los últimos años, mientras que representantes del Estado y la Fiscalía General de la República, se defendieron revirando que se ha actuado a cabalidad en el Caso Cefereso.
Taissia Cruz Parcero, titular de la Defensoría Pública, acompañada del representante Christopher Sánchez abrieron la audiencia, denunciando frente a la comisionada de la CIDH, Roberta Clarke, la situación de violencia y vulnerabilidad que viven las mujeres en el Cefereso 16. En esta exposición argumental se refirió que, desde el 2021 hasta el pasado 5 de noviembre, las mujeres continuaban cometiendo suicidio; muertes en custodia que debieron ser prevenidas.
«Algunas están confinadas en su celda las 24 horas del día, también, se detectó que se han suscitado riñas donde las autoridades no han intervenido, tampoco hay acceso a atención ginecológica, ni odontológica, (son) muertes en custodia que pudieron evitarse si el estado hubiera cumplido con las obligaciones en materia de derechos humanos y que ya han deparado en 19 muertes prevenibles», denunció Sánchez ante la CIDH.
Por su parte, Taissia Cruz Parcero apuntó a que lo sucedido en el Cefereso es una combinación de factores estructurales como el aislamiento, falta de atención especializada con énfasis en salud mental, pobre atención integral con perspectiva de género y resoluciones desfavorables que terminaron encauzando en escenarios de suicidio; todo ello, a pesar de que las mujeres ya habían advertido de vulnerabilidad y pensamientos suicidas.
Cruz Parcero nombra a Samantha, una mujer de 43 años que exigió salud ginecológica y atención psicológica, a través de la Defensoría Pública, se logró meter un juicio de amparo por actos tormentosos y en enero del 2024 se logró una suspensión para atender todas sus demandas. Así, aunque parecía que el Cefereso y las autoridades responderían a Samantha de manera digilente, la mujer cometió suicidio en junio de este año.
Asimismo, desde la Defensoría, Cruz Parcero denunció en la audiencia que 14 mujeres han referido ser víctimas de violencia verbal, malos tratos y tortura derivada de sujeción verbal; denuncias que, aunadas a los suicidios, dejan entrever una serie de deficiencias en materia de derechos humanos que deben ser atendidas de manera inmediata.
Pero no sólo se trata de las violencias que acontecen, sino también, de opacidad y dificultad para acceder a la información, pues según apuntó la titular de la Defensoría Pública, el órgano ha tenido que litigar para poder obtener información oficial sobre los reportes de salud de las internas.
Paralelamente, la titular de la Unidad de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de Morelos, Ariadne García Hernández denunció que, además de estos obstáculos para acceder a la información, también se gestan dinámicas opacas como contrariedad en la información, poca transparencia y diferencias entre los registros del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la misma Comisión de los Derechos Humanos que, además, no ha intervenido de manera expedita, según se denunció en la audiencia: «Nos preocupa que puedan estar ocultando violaciones graves a las mujeres privadas de la libertad», zanjó Ariadne García.
Desde Cimacnoticias hemos documentado que al interior del Cefereso 16, ubicado en Morelos, las mujeres son víctimas de violencia sistémica y abandono institucional lo que ha derivado en el presunto suicidio de al menos 15 de ellas quienes viven en condiciones de reclusión violatorias a derechos humanos y pesar de las denuncias por parte de defensoras quienes han visibilizado lo que sucede al interior del penal, destacando que, en la primera semana de noviembre 2 mujeres más cometieron suicidio.
Entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, se han realizado desde la Defensoría Pública, 22 brigadas carcelarias, en las cuales se entrevistaron al menos a 320 mujeres privadas de la libertad, se presentaron 273 peticiones administrativas para su atención médica y dotación oportuna de medicamentos, 29 controversias judiciales por negativa de acceso a la defensa, así como denuncias por posibles actos de tortura y malos tratos.
Representantes del Estado reviran
Desde el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, los representantes defendieron que, si bien reconocían las deficiencias, también sostuvieron que «son ellos los principales interesados en atender la situación», asimismo, recordaron que el Cefereso 16 está lejos de alcanzar su máxima capacidad, pues no logra, si quiera, el 50% de ocupación, lo que infiere que hay espacio extenso para el esparcimiento.
Jacobo Rodríguez y Richard Rubina apuntaron a que en el Cefereso 16 hay 2 modelos; el primero, donde las mujeres gozan de semi libertad y el segundo, donde están alienadas a un módulo de seguridad, rechazando así, la ofensiva de la sociedad civil que denunció la reclusión aislada y la sujeción.
Al iniciar las indagatorias sobre el suicidio, los representantes del Estado se defendieron señalando que ya habían realizado un estudio profundo sobre el contexto que atraviesa a las mujeres del Cefereso y el resultado de esta línea de investigación fue: El abandono familiar es la causa del suicidio de estas mujeres.
«Desde el 2023 el órgano administrativo junto a la comisión nacional de salud mental iniciamos un diagnóstico a corto mediano y largo plazo, se puso en marcha un proyecto interdisciplinario, adicionalmente, se estableció una mesa de crisis. Se contó con la GN con la vigilancia quienes reportan los incidentes al personal de salud, se hizo la rotación de personal directivo, se hicieron campañas en la detección y tratamiento, clases de baile, obras de teatro, deportes y se está en proceso de mejorar sus opciones de empleo», explicaron los representantes.<
En una lucha por no caer en la revictimización, se apuntó a que habían identificado un comportamiento entre las mujeres privadas de su libertad; en el primero, se trataba de mujeres que no contaban con lazos familiares y que contaban con una personalidad «de lucha y huida», el segundo modelo de personalidad constaba de mujeres que recurrían «al apaciguamiento» y que tendían a autolesionarse.
Paralelamente, explicaron que, el gobierno de Morelos, en conjunto con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, ya habían desarrollado servicios de atención psicoterapéutico, además, de haberse realizado el levantamiento médico de todas las mujeres para determinar análisis internos y externos para reconocer los motivos del suicidio.
Según refirieron, ahora las mujeres ya han aprendido a gestionar de mejor forma su salud mental, se ha sensibilizado al personal y también, se ha procurado la conexión con su familia a través de videollamadas. Asimismo, presumieron mesas jurídicas, talleres literarios, traslados a Nuevo León para que las mujeres estén cerca de su familia y logrado viajes para que familias enteras puedan volver a ver a las mujeres que habitan el Cefereso; todo esto, ha tenido como resultado «mejor clima de convivencia y mejores relaciones internas».
El Estado terminó su intervención durante la audiencia transmitiendo un video donde se le podía ver a las mujeres recibiendo clases de zumba, pintando, tejiendo crochet, cantando karaoke y practicando danza tradicional. Así como escenas donde se ven a familias enteras viajando en un camión hasta llegar a Morelos, donde se reencuentran con sus tías, madres, hermanas e hijas.
Una de ellas termina el video señalando que, en 6 años, esa era la primera visita que recibía de su familia, quien había viajado desde el norte del país y que agradecía la oportunidad de volverlos a ver.
Esto último, fungió como una base sólida para evidenciar una contradicción: Las mujeres no habían visto a su familia en años a causa de la inaccesibilidad.
«Me da mucho dolor ver las imágenes que presentaron porque hablan de una acción que no se había dado en seis años y que mostraron en el video, ¿saben por qué? porque ir (a Morelos) les cuesta a las familias 10 mil pesos por persona, las familias no pueden pagar eso. Y eso que dijeron de que la familia es responsable es de hecho una responsabilidad del Estado; es el derecho al vínculo familiar. Es muy difícil aseverar que el abandono es lo que pasa en el Cefereso 16, se requieren cambios estructurales, no puntuales», atajó una representante de la organización Documenta.
Finalmente, se enlistaron 4 puntos que la sociedad civil pidió al Estado frente a la CIDH:
- Solicitamos que, no más de 15 día hábiles se instale una mesa de trabajo multidisciplinario donde ellas puedan ser consultadas con la presencia de expertos, sociedad civil, la Secretaría de Salud y podamos desarrollar un plan integral de respuesta con enfoque en un mecanismo de riesgo suicida
- Activación de otro mecanismo que es la alerta de violencia de género, en este caso, que es estructural
- investigación rigurosa de las muertes en custodia tomando en cuenta el protocolo de Minnesota
- Solicitamos que ese trabaje el mecanismo como el de prevención de la tortura y de sistema penitenciario
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos opina
Roberta Clarke, comisionada de la CIDH, en conjunto con Andrea Pochack y Edgar Stuardo Ralón -especializado en crímenes de tortura en personas en situación de reclusión- quien pidió al Estado coordinarle una visita al Cefereso 16, abonaron a la conversación cuestionando si estas acciones implementadas por las autoridades eran suficientes e instaron a entablar el diálogo con la sociedad civil.
«Estamos escuchando una situación muy grave de mujeres, de muertes no esclarecidas, de suicidios que se pueden prevenir y se deben poner manos a la obra, desde la CIDH sabemos e impacto diferencial, pues mientras los hombres reciben un enorme acompañamiento de las mujeres, en las mujeres no es así, ellas quedan solas. Celebro las políticas que se hacen, pero me hace cuestionar si se puede hacer más», sentenció Pochack.
Por su parte, el comisionado Stuardo Ralón refirió que era preocupante escuchar sobre la muerte de 19 mujeres y pidió verificar, de manera personal, las condiciones que atraviesan a las mujeres al interior del Cefereso. Además, pidió un escrito a representantes del Estado para conocer cuáles eran los canales de denuncia en caso de violencia, cuáles eran las denuncias que versan sobre el abuso verbal y el recuento del estado de salud de las internas.
Esto último, también, petición de Roberta Clarke quien, además de pedir información del estado de salud actual de las mujeres, cuestionó factores como la calidad de la comida, la capacidad exacta del Cefereso y el tiempo que pasan las mujeres en confinamiento solitario, además, externó su preocupación de la prisión preventiva, pues el 40% de estas mujeres ni siquiera han recibido una sentencia.
El tiempo de la audiencia no fue suficiente para cubrir todas las dudas de los altos comisionados, sin embargo, pendiente quedará la información que representantes del Estado y de la sociedad civil harán llegar a Pochack, Clarke y a Ralón; información crucial para determinar una recomendación objetiva en un futuro próximo y que, de lograrse un fallo a favor de la sociedad civil, se lograría una sentencia histórica donde se reconoce el desacato del Estado por la dignidad y una vida libre de violencia de las mujeres en situación de reclusión.
