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/ Eduardo Sadot /
Las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas durante la semana pasada colocaron nuevamente en el centro del debate nacional un asunto que trasciende al PRI, a Morena y a cualquier partido político: ¿hasta dónde puede llegar la libertad de expresión de la oposición cuando cuestiona al poder?
El debate adquirió particular intensidad después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenara retirar diversas publicaciones de Moreno y del PRI en las que se relacionaba a Morena con expresiones como “narcopartido”, “narcogobierno” y “narcorrégimen”. El INE argumentó que, de manera preliminar, esas expresiones podían constituir imputaciones de hechos o delitos falsos sin sustento probatorio suficiente.
Moreno respondió calificando la medida como censura y anunció que la impugnaría ante el Tribunal Electoral, además de llevar el caso a organismos internacionales. Su argumento merece ser escuchado: una democracia no puede reducir la libertad de expresión de la oposición a aquello que resulte cómodo o aceptable para el gobierno o para el partido en el poder.
Aquí aparece la verdadera dimensión del problema. Una cosa es imputar irresponsablemente un delito a una persona o institución sin prueba; otra, muy distinta, es impedir que la oposición formule preguntas, denuncie posibles vínculos o cuestione públicamente la actuación de quienes gobiernan. ¡Cuando es precisamente ese el papel de la oposición!
El propio INE señaló que su decisión era de carácter cautelar y producto de un análisis preliminar. Esto significa que el debate jurídico no está terminado. Será la autoridad jurisdiccional competente la que determine, en su caso, los alcances definitivos de la controversia.
La discusión coincidió además con las declaraciones de Donald Trump ante la Asamblea General de la ONU sobre la dimensión del problema del narcotráfico y el control territorial de los cárteles. Moreno sostuvo que México necesita enfrentar con mayor firmeza al crimen organizado y planteó una cooperación estrecha con Estados Unidos, junto con la aplicación de la ley contra los grupos criminales.
Coincidir o discrepar con Trump no resuelve el problema mexicano. Lo importante es reconocer que la seguridad, la violencia, la extorsión, el secuestro y la capacidad territorial del crimen organizado son asuntos que deben discutirse con seriedad y con información verificable, no mediante silencios políticos.
Por eso, más allá de la figura de Alejandro Moreno, la controversia plantea una pregunta que debería preocupar a todos: ¿puede una democracia defenderse de las acusaciones políticas sin terminar limitando el derecho de la oposición a cuestionar al poder?
La respuesta no debería depender de quién gobierna ni de quién acusa. Si una expresión es falsa y constituye una imputación ilícita, existen procedimientos legales para sancionarla. Pero si se trata de una denuncia política, de una pregunta incómoda o de una crítica sustentada en hechos verificables, la democracia debe tener suficiente fortaleza para responder con argumentos.
La oposición tiene derecho a cuestionar. El gobierno tiene obligación de responder y no como decía un ignorante y perverso el sexenio pasado “lo que diga mi dedito” que lo diga un niño se vale pero nunca un presidente de la república, por más que se quisiera hacer el chistosito para distraer de su obligación. Y la sociedad tiene derecho a conocer ambas versiones.
Porque cuando se pretende resolver una controversia política prohibiendo las palabras, el problema deja de ser solamente lo que se dijo y comienza a ser también quién tiene derecho a decirlo.
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