*Lamentaron que las reformas aprobadas no estén a la altura necesaria para enfrentar la crisis de Desapariciones.
01.06.2025. Ciudad de México.- Las reformas aprobadas en lo general y en lo particular por las y los diputados oficialistas a la Ley General en materia de Desapariciones son insuficientes y no representan un avance sustantivo para atender la crisis más dolorosa que enfrenta el país, consideró el centro Prodh.
“Son modificaciones que no responden a la magnitud de la crisis eliminan el reporte administrativo, omiten medidas para enfrentar el rezago forense y ponen en riesgo derechos con una CURP biométrica sin controles claros”, advirtieron.
En un pronunciamiento en redes demás destacaron su aprobación en fast track sin diálogo con familias ni sociedad civil por lo que lo calificaron como un retroceso. “La deuda del Estado con las personas desaparecidas y sus familias sigue pendiente”, aseveran.
A juicio del centro de Derechos Humanos jesuita les parece preocupantes los riesgos a la privacidad y a otros derechos asociados a la CURP biométrica que alimentará la Plataforma Única de Identidad y la falta de controles para su operación.
“Se elimina el reporte administrativo de desaparición. Centra esfuerzos en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, dejando de lado casos donde las familias no pueden denunciar por temor a represalias, en regiones controladas por la macrocriminalidad o por ser migrantes” refirieron.
Asimismo, enfatizaron que no se incluyen medidas concretas para enfrentar el Rezago Forense. No hay una referencia al Centro Nacional de Identificación Humana CNIH, cuya operación ha sido obstaculizada por las fiscalías que alegan la falta de marco legal.
A su juicio los cambios implementados cpoe el Gobierno de Claudia Sheinbaum parten de una premisa equivocada: “suponer que la crisis de desapariciones es de cifras y se resolverá interconectando bases de datos, en lugar de impulsar acciones integrales para abordar la crisis forense y delinear una Política Nal. como recomendó el Comité CED.”
Finalmente, insistieron en que la aprobación vía fast track dentro de un atribulado periodo extraordinario de sesiones, es un retroceso, pues se privó de la participación a las familias en el foro legislativo, como se hizo en la discusión de la Ley en 2017.
“Lamentamos que las reformas aprobadas no estén a la altura necesaria para enfrentar la crisis de Desapariciones y no den respuesta a las miles de familias que buscan a un ser querido. La deuda del Estado mexicano con las personas desaparecidas y sus familias continúa vigente”.
