De Interés Público
Emilio Cárdenas Escobosa
Si cada 25 de noviembre en el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres se recuerda en todo el mundo el asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal en la República Dominicana, conmemorar este fecha representa una jornada de reivindicación para sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres, en la coyuntura actual hacerlo es, sin duda, una obligación de todos y más cuando las agresiones, el hostigamiento laboral, el acoso sexual y los feminicidios alcanzan cotas alarmantes en nuestro estado.
En Veracruz suman ya de acuerdo a cálculos de organizaciones y colectivos feministas 217 las mujeres asesinadas, se tienen dos alertas de género y se anuncia la emisión de una tercera, lo que hace que la entidad ocupe al día de hoy el nada honroso primer lugar a nivel nacional en violencia feminicida.
La situación es realmente preocupante y nos reclama a la sociedad y las instituciones emprender todas las iniciativas y acciones que sean necesarias para revertir esta situación.
Porque la violencia y la amenaza de violencia contra las mujeres es la más extendida violación de derechos humanos y tiene consecuencias físicas, sexuales y psicológicas para ellas.
A pesar de los esfuerzos institucionales, de las organizaciones de la sociedad civil, de los colectivos feministas para atender la violencia contra las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer.
Hoy es políticamente correcto abrazar la causa de las mujeres, aunque en el terreno de los hechos, los gobiernos, los partidos, los ciudadanos y la sociedad en su conjunto hayamos avanzado muy poco.
Porque para lograr resultados efectivos es fundamental que las autoridades hagan real su compromiso con garantizar a las mujeres una vida libre de amenazas y de violencia.
Queremos que la llamada “Cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres y las niñas en Veracruz” no sea solo un bonito slogan y se convierta en una realidad y que las autoridades de todos los niveles cumplan sin ambages ni cortapisas con el deber legal de proteger a las mujeres.
Porque además de los feminicidios, en el día a día en los ámbitos escolares, laborales y en diversos espacios públicos en nuestro estado el hostigamiento es una constante.
Ahí están las valerosas denuncias de estudiantes universitarias que reclaman la erradicación del acoso sexual en la Universidad Veracruzana, como diversas denuncias de empleadas públicas en contra de funcionarios que siguen tan campantes despachando en oficinas gubernamentales y cobrando puntualmente sus quincenas, mientras ellas viven con miedo y acumulan oficios de denuncias y quejas entregados lo mismo en las unidades de género o los órganos internos de control sin que, en muchos de los casos, sus reclamos encuentren eco.
Ya un funcionario público fue detenido por acoso sexual en los días recientes, pero hay más casos en la administración estatal, reconocidos incluso por el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que esperan respuesta de las fiscalías especializadas en la materia.
Para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción este tema tiene la mayor relevancia, porque uno de los ejes fundamentales en las tareas de combate a la corrupción es el control de la arbitrariedad en el servicio público y la erradicación de la impunidad.
Debemos, en consecuencia, y como lo hemos hecho en el Comité Ciudadano, denunciar y visibilizar a los corruptos y a los acosadores para que respondan ante las autoridades por sus actos.
Porque no basta sólo con la creación de instituciones u organismos públicos para las mujeres, con asignarles determinadas cuotas al interior de los partidos políticos, con colocarnos moñitos naranjas e inundar las redes cada día 25 de mes con mensajes alusivos al tema.
Comprometerse en la lucha por la equidad de género y en la eliminación de la violencia contra las mujeres es manifestación de una genuina voluntad de transformar realmente el estado de cosas.
Tenemos una agenda pendiente que debe ser abordada con seriedad y compromiso por todos los actores públicos.
La tarea es de fondo y se requiere la suma de esfuerzos para pugnar por modificar las visiones y prejuicios que nos lastran, para superar nuestras propias ataduras mentales, para dejar atrás el machismo y fortalecer el poder de gestión y decisión de las mujeres y garantizarles en verdad una vida libre de violencia.
Esa es nuestra mayor responsabilidad para con ellas.
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