Linotipia/ Peniley Ramírez
En febrero de 2022, autoridades del gobierno de Estados Unidos investigaban una casa en Aurora, Colorado. Seguían la pista que les dio un informante en una investigación sobre narcotráfico. La casa es un inmueble pequeño con un gran jardín. Los oficiales revisaron la basura de la casa y hallaron bolsas con restos de droga. Siguieron a los habitantes hasta un garaje cercano. Allí confiscaron 10 kg de fentanilo y 2.5 kg de heroína, escondidos en un auto. Ahora, este caso conecta a “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, con el uso de criptomonedas y con las investigaciones sobre el Cártel de Sinaloa en México.
Este 20 de mayo, el Departamento del Tesoro de EU designó como lavadoras de dinero a personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre ellas está Rodrigo Alarcón, un hombre que conecta la red de Colorado con “Los Chapitos”. En Colorado, al hallazgo de la droga siguió una acusación penal contra varios mexicanos. En 2024, varios se declararon culpables. Y se giró una orden de arresto contra Alarcón. Su caso penal explica que, en agosto de 2022, meses después de que hallaran la droga en el garaje, Alarcón transfirió las ganancias obtenidas con ella, convirtiendo el efectivo en criptomonedas.
Cuando este caso se hizo público, Alarcón ya estaba detenido. Lo habían arrestado agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la carretera que conecta Tepic, Nayarit, con Villa Unión, en octubre de 2023. Los oficiales declararon que llevaba cuatro armas largas y dos cortas.
El año pasado, Ovidio Guzmán, uno de “Los Chapitos”, se declaró culpable de narcotráfico en Chicago. Admitió que había enviado desde México cientos de miles de kilogramos de droga a través de mensajeros que ingresan a EU en autos, trenes, túneles y aviones. Guzmán también admitió que otra parte del negocio consiste en mover las ganancias de la droga en efectivo en autos, en hacer transferencias bancarias y en usar criptomonedas. Otros informes de la DEA han explicado cómo, en los últimos años, “Los Chapitos” han ampliado sus operaciones en criptomonedas.
Mientras tanto, en México, las autoridades conocen desde hace años los detalles de esa red. La designación del Tesoro del 20 de mayo indica que Alarcón, el hombre que los fiscales acusaron en Colorado y que los agentes mexicanos detuvieron en Nayarit, trabajaba bajo las órdenes de Armando de Jesús Ojeda, a quien las autoridades de EU identifican como “el principal lavador de dinero para Los Chapitos”. Ojeda era, dice el Tesoro, el cabecilla de una red dedicada a lavar las ganancias de la venta de fentanilo. Su papel consistía en facilitar la conversión del efectivo en criptomonedas. Alarcón facilitaba las recogidas y las transferencias de dinero.
Según el gobierno de EU, la investigación que llevó a la designación de Alarcón, Ojeda y otras personas y empresas se realizó con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Los operadores de la red de criptomonedas eran mexicanos que usaban compañías con sede en Chihuahua para ocultar parte de sus transacciones ilegales. El Registro Público de Comercio muestra que al menos dos compañías de esta red llevan años operando legalmente en Chihuahua, con socios que residían en zonas modestas de la capital. Incluso ahora, después del anuncio del Tesoro, el encargado de despacho del fiscal general del estado dijo a la prensa local que no hay carpetas de investigación de delitos comunes sobre los participantes de esta red o sus empresas y que “no hay ninguna información oficial al respecto o alguna solicitud de colaboración al respecto”.
México enfrenta un escándalo mayúsculo con la acusación en NY contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, también vinculado por EU con “Los Chapitos”. En la FGR, me dijo una fuente confidencial, se ha reactivado en los últimos días la investigación que involucraba a Rocha con “Los Chapitos” e incluye registros telefónicos. Ante la publicación de estas pistas sobre la conexión Colorado-Chapitos-Chihuahua, bien haría México en ampliar sus propias indagatorias. No es demasiado difícil: México ya tiene información que proviene, al menos, de las personas a quienes han arrestado y de los datos que la UIF entregó a EU.
No hace falta solo voluntad procesal, sino también más cálculo político.