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22.08.2026 Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.- La hipótesis de que el ataque armado contra Nadia Beller habría sido un “autoatentado”, sostenida por la defensa de Fernando Cerimedo, enfrenta nuevos elementos en contra de tal hecho, y ya fueron incorporados a la investigación de la Fiscalía de Bolivia.
El peritaje realizado al teléfono celular del consultor político argentino reveló conversaciones que, de acuerdo con el Ministerio Público, constituyen indicios de una posible coordinación previa del atentado contra su expareja.
La Fiscalía de Santa Cruz imputó formalmente a Cerimedo por el delito de feminicidio en grado de tentativa y lo señaló como presunto autor intelectual y mediato del ataque ocurrido el 17 de agosto frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. La acusación llevó al juez Wilson Espada a ordenar su prisión preventiva durante 180 días en el penal de Palmasola, mientras continúa la investigación.
Por ahora, la investigación no ha establecido mediante una sentencia que Cerimedo haya ordenado el ataque. Lo que sí cambió con el peritaje de su teléfono es el escenario procesal: la Fiscalía sostiene que existen indicios que apuntan a una posible coordinación del atentado y el juez consideró que esos elementos, junto con el resto de las pruebas, justifican mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación. La versión del “autoatentado” permanece como una postura de la defensa y deberá ser confrontada con las pruebas que se incorporen al proceso.
La investigación se centra ahora en el contenido de los dispositivos electrónicos asegurados a Cerimedo. De acuerdo con el peritaje citado por medios que tuvieron acceso al expediente, los investigadores encontraron intercambios de mensajes que son considerados relevantes para establecer si existió una planificación previa del ataque.
Entre las conversaciones aparece una expresión que ha cobrado importancia dentro de la causa: “O la eliminamos o estamos jodidos”. El contenido fue reportado como parte de los mensajes recuperados del teléfono del consultor y es analizado por los investigadores para determinar a quién se referían los interlocutores y cuál era el contexto exacto de la conversación.
Otro intercambio registrado el día del atentado también forma parte de los elementos presentados ante la autoridad judicial. Un mensaje señala: “Hermano, en este momento le dispararon”, mientras se investiga la identidad de las personas que participaron en esas conversaciones y la relación que tenían con Cerimedo. La existencia de estos mensajes no constituye por sí misma una sentencia, pero fue considerada por la Fiscalía dentro del conjunto de indicios para sostener la imputación.
La acusación contrasta con la versión planteada por los abogados de Cerimedo, quienes han sostenido que el ataque pudo tratarse de un autoatentado. Esa línea defensiva busca poner en duda la responsabilidad del consultor y plantea que Beller habría participado en la organización del episodio. Sin embargo, durante la audiencia cautelar el juez permitió que los mensajes obtenidos del teléfono de Cerimedo fueran utilizados como elementos dentro de la investigación, después de rechazar las objeciones de la defensa sobre la forma en que fueron obtenidas las pruebas.
El ataque ocurrió la noche del lunes 17 de agosto. Beller se encontraba en el exterior de un hotel cuando dos hombres que vestían prendas similares a las utilizadas por repartidores de comida se aproximaron a ella. Uno de ellos sacó un arma y realizó tres disparos. La abogada sobrevivió y fue trasladada a un centro médico para recibir atención. Las cámaras de seguridad registraron parte de la agresión y la huida de los atacantes en una motocicleta.
La propia Beller señaló a Cerimedo como responsable del ataque durante sus declaraciones ante autoridades y medios de comunicación. La Fiscalía incorporó su testimonio como uno de los elementos de la investigación, junto con los registros de cámaras, las pericias balísticas, el certificado médico forense y el análisis de los dispositivos electrónicos.
Cerimedo, por su parte, declaró ante la Fiscalía que conocía a Beller desde octubre de 2025 y que habían tenido contacto personal. También reconoció haber estado con ella horas antes del ataque. Posteriormente se acogió a su derecho a guardar silencio en otra etapa de la investigación.
Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de participar en el atentado, mientras los investigadores continúan con las diligencias para determinar quiénes intervinieron en la planeación, logística y ejecución de los disparos.
En este contexto también surgieron versiones sobre una posible participación de personas vinculadas con estructuras de inteligencia del Estado boliviano. Sin embargo, hasta ahora esa acusación no puede presentarse como un hecho acreditado judicialmente. Algunas publicaciones identificaron a un interlocutor de Cerimedo mediante las iniciales “ECG” y relacionaron esa identidad con un funcionario de inteligencia, pero la investigación deberá determinar quién es realmente esa persona y cuál fue su eventual participación.
El caso también se amplió hacia otras líneas de investigación. Durante cateos vinculados con Cerimedo, las autoridades bolivianas reportaron el hallazgo de dinero en efectivo y equipos que presuntamente formarían parte de una infraestructura utilizada para operar cuentas automatizadas o una denominada “granja de bots”. La Fiscalía abrió además una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.
Cerimedo es un consultor político argentino que participó en la campaña presidencial de Javier Milei y ha trabajado con figuras políticas de la derecha latinoamericana. En Bolivia estuvo vinculado como asesor externo al presidente Rodrigo Paz, aunque el gobierno boliviano ha señalado que no ocupaba un cargo público formal. También ha sido relacionado con trabajos políticos para Jair Bolsonaro y otros dirigentes de la región.
La detención se produjo cuando Cerimedo se encontraba en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, desde donde pretendía viajar a Buenos Aires. La Policía boliviana lo arrestó y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público.
Con la prisión preventiva decretada por seis meses, la Fiscalía dispondrá de ese periodo para profundizar las pericias, identificar a los responsables materiales del ataque, establecer el origen de las comunicaciones encontradas en los dispositivos de Cerimedo y determinar si existió una estructura que coordinó la agresión.