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04.02.2026 Pekín.- El Tribunal Supremo Popular de China emitió una directiva que califica el abuso sexual infantil como un delito de extrema vileza y establece que, en los casos más graves, los responsables serán condenados a la pena de muerte sin posibilidad de reducción de condena, conmutación de penas ni indulgencia alguna. La medida, anunciada en febrero de 2026, busca reforzar la política de tolerancia cero frente a los crímenes cometidos contra menores y enviar un mensaje de disuasión absoluta en un país que ha intensificado sus leyes de protección a la infancia en los últimos años.
La disposición del máximo tribunal se enmarca en una estrategia nacional que considera la integridad física y psicológica de los niños como un valor supremo. Según el comunicado oficial, quienes vulneren de manera atroz este principio perderán de manera definitiva la libertad o la vida, dependiendo de la gravedad del caso. El fallo también advierte que no habrá espacio para beneficios legales, lo que significa que los condenados no podrán acceder a reducciones de sentencia ni a mecanismos de clemencia.
El endurecimiento de las sanciones responde a un contexto en el que las autoridades chinas han detectado un incremento de delitos sexuales cometidos a través de plataformas digitales y redes sociales, donde los agresores aprovechan nuevas herramientas tecnológicas para engañar a las víctimas. En 2023, el Tribunal Supremo ya había emitido lineamientos de tolerancia cero contra los delitos sexuales en línea, pero la nueva directiva amplía el alcance y establece la pena capital como castigo ejemplar en los casos más graves.
Los antecedentes muestran que China ha aplicado la pena de muerte en delitos relacionados con abuso sexual infantil. En mayo de 2025, tres personas fueron ejecutadas tras ser halladas culpables de agresiones contra menores, lo que reflejó la disposición del Estado a utilizar la sanción máxima como elemento disuasorio. Con la nueva orden, el Tribunal Supremo busca consolidar esta política y dejar claro que la protección de los niños es una prioridad nacional.
La decisión ha generado debate internacional, ya que mientras algunos sectores consideran que la pena de muerte es una medida extrema que no garantiza la erradicación del delito, el gobierno chino sostiene que se trata de un mecanismo indispensable para salvaguardar a los sectores más vulnerables de la sociedad. En el plano interno, la medida refuerza la narrativa oficial de que la seguridad y el bienestar de los menores son valores irrenunciables y que cualquier agresión contra ellos será castigada con el máximo rigor del código penal.
