*La CIDH alertó en junio sobre los riesgos de violencia sexual que enfrentan las niñas reclutadas. Tejiendo Redes Infancia cuestiona las reformas sobre reclutamiento criminal y corrupción de menores.
*Foto: Hazel Zamora Mendieta / Las niñas reclutadas por el crimen organizado enfrentan riesgos diferenciados de violencia basada en género y explotación sexual.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
23.10.2026 /CimacNoticias.com/ México.-El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado puede exponerles a explotación, violencia y otras graves violaciones a sus derechos humanos. En el caso de las niñas, los riesgos incluyen formas diferenciadas de violencia basada en género, una situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió desde junio de 2026 y que vuelve a cobrar relevancia ante las recientes reformas legislativas en México.
El 12 de junio de 2026, hace más de cuatro meses, la CIDH llamó a los Estados de las Américas a fortalecer las medidas de protección frente al reclutamiento forzado por organizaciones criminales. En su pronunciamiento, señaló que las víctimas suelen ser captadas entre los 13 y 15 años, aunque advirtió que también ocurre a edades más tempranas.
El organismo internacional identificó que las niñas enfrentan riesgos particulares de violencia basada en género y que las personas menores de edad reclutadas pueden ser incorporadas a actividades que van desde la vigilancia y el transporte de bienes ilícitos hasta la explotación sexual, el tráfico de drogas y otras formas de violencia.
La CIDH también alertó que la magnitud del reclutamiento podría estar subestimada por el subregistro, el temor a represalias y las dificultades para denunciar en territorios bajo control criminal. Por ello, insistió en que niñas, niños y adolescentes deben ser reconocidos como víctimas que requieren protección especializada, recuperación y restitución de derechos.
Niñas enfrentan riesgos diferenciados ante el reclutamiento
La violencia que enfrentan las niñas puede adquirir características específicas debido a las desigualdades de género y a las condiciones de sometimiento impuestas por las organizaciones criminales. Entre los riesgos identificados por la CIDH se encuentra la violencia basada en género, mientras que la explotación sexual figura entre las actividades a las que pueden ser incorporadas las víctimas del reclutamiento.
Esta dimensión requiere respuestas institucionales que consideren las necesidades particulares de las niñas y eviten reducir su situación a la participación en actividades ilícitas. La atención debe contemplar las circunstancias de su captación, las violencias que pudieron experimentar y las condiciones necesarias para que puedan desvincularse de manera segura de las redes criminales.
En su pronunciamiento, la Comisión también identificó mayores condiciones de vulnerabilidad para niñas, niños y adolescentes indígenas, afrodescendientes, migrantes y habitantes de territorios afectados por la criminalidad organizada.
No obstante, México continúa sin contar con información pública suficiente para dimensionar la magnitud del reclutamiento infantil. La falta de registros desagregados impide establecer cuántas niñas son captadas, qué edades tienen, para qué actividades son utilizadas y qué formas de violencia enfrentan durante el reclutamiento.
Las cifras sobre violencia letal permiten observar parte del contexto, aunque no deben confundirse con estadísticas de reclutamiento. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2025 fueron asesinadas 817 personas de entre 0 y 17 años en el país. De ese total, 178 fueron feminicidios y homicidios dolosos de niñas y mujeres adolescentes, mientras que 639 correspondieron a homicidios dolosos de hombres.
Estos datos no identifican cuántas víctimas fueron previamente reclutadas por grupos criminales, pero muestran la violencia que afecta a la niñez y adolescencia mexicana y la necesidad de fortalecer los mecanismos para identificar y atender sus riesgos específicos.
Tejiendo Redes Infancia cuestiona reformas legislativas
La advertencia de la CIDH se suma a la postura de Tejiendo Redes Infancia, organización que el 20 de octubre cuestionó la respuesta legislativa mexicana frente al reclutamiento criminal.
Ese día, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos, un dictamen para incorporar el reclutamiento criminal a la Ley General en materia de Trata de Personas. La propuesta fue enviada al Senado de la República para continuar su proceso legislativo.
Tejiendo Redes Infancia lamentó que la reforma no establezca, a su juicio, una política integral que contemple la prevención, la identificación de víctimas, su desvinculación segura de las organizaciones criminales y la restitución de sus derechos.
La organización señaló que esta decisión repite un patrón legislativo observado el 4 de marzo de 2026, cuando 415 diputadas y diputados aprobaron una reforma al artículo 201 del Código Penal Federal para agravar las penas del delito de corrupción de menores.
Aunque la nueva propuesta reconoce el reclutamiento criminal dentro de la legislación en materia de trata, la organización advirtió que siguen pendientes medidas para garantizar la protección especializada de las víctimas y su recuperación.
Tejiendo Redes Infancia sostuvo que el reconocimiento legal del delito no sustituye una política de Estado capaz de prevenir la captación, investigar las estructuras criminales y ofrecer alternativas seguras a quienes consiguen salir de ellas.
La organización también señaló la necesidad de atender el reclutamiento mediante redes sociales, videojuegos y otras plataformas digitales. Aunque el dictamen contempla los medios electrónicos como posibles instrumentos del delito, consideró necesario establecer medidas específicas de detección, denuncia e investigación, así como obligaciones para prevenir la captación de personas menores de edad.
CIDH pide protección integral y prevención
La postura de la CIDH no se limita a reconocer los riesgos del reclutamiento. En su Resolución 1/26, Crimen organizado y derechos humanos en las Américas, adoptada el 28 de febrero de 2026, el organismo recomendó respuestas integrales que incorporen la prevención social de la violencia, el fortalecimiento de los sistemas de protección y la reparación de las víctimas.
En su pronunciamiento del 12 de junio, la Comisión reiteró la necesidad de tipificar de manera autónoma el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, reconocerles como víctimas de especial protección y garantizar medidas de recuperación, reintegración y restitución de derechos.
En ese contexto, Tejiendo Redes Infancia llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Senado a impulsar una política nacional que incluya mecanismos de identificación de víctimas, atención psicosocial especializada, protección de sus familias, reintegración comunitaria y reparación integral, con presupuesto y mecanismos de evaluación pública.
También pidió abrir un proceso de parlamento abierto con participación de organizaciones especializadas, colectivos de familias buscadoras, instituciones académicas y organismos internacionales, además de garantizar mecanismos seguros y significativos para escuchar a niñas, niños y adolescentes.
Para la organización, el Senado tiene ahora la responsabilidad de revisar el alcance del dictamen y asegurar que la respuesta del Estado no se limite al aumento de penas, sino que contemple las condiciones sociales que facilitan la captación y las necesidades de quienes han sido reclutados.