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20.05.2026 Ciudad de México.- La empresaria mexicana Alejandra Cuevas Morán anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió formalmente la etapa de admisibilidad de la petición presentada contra el Estado mexicano por el proceso penal que la mantuvo 528 días en prisión, acusado impulsado por el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y que posteriormente fue invalidado por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En un posicionamiento público difundido este 20 de mayo, Cuevas Morán informó que la CIDH notificó oficialmente que remitió al Gobierno de México las partes pertinentes de la petición P-1361-25, presentada por ella y su familia, por lo que el Estado mexicano deberá responder formalmente ante el sistema interamericano de derechos humanos.
“El silencio se terminó”, expresó Cuevas Morán al hacer pública la decisión del organismo internacional, en un mensaje donde sostuvo que el caso dejó de ser únicamente una denuncia nacional para convertirse en un expediente activo ante instancias internacionales.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó formalmente que ha remitido al Gobierno de México las partes pertinentes de la petición P-1361-25, presentada por mi familia y por mí”, señaló en el comunicado.
Explicó que la petición fue recibida por la CIDH el 10 de junio de 2025 y que el 20 de mayo de 2026 fue trasladada oficialmente al Estado mexicano, el cual tendrá un plazo de tres meses, prorrogable a cuatro, para presentar observaciones sobre el caso.
Cuevas Morán subrayó que esta etapa no representa todavía una resolución definitiva, aunque sí marca un precedente relevante.
“No es una sentencia. No es una resolución de fondo. La etapa de admisibilidad es un proceso formal en el que la Comisión evaluará si el caso cumple los requisitos para ser examinado a fondo”, explicó.
Sin embargo, enfatizó el peso político y jurídico de la decisión:
“No es una sentencia, pero sí es la primera vez que el Estado mexicano queda formalmente llamado a responder ante el sistema interamericano por estos hechos”.
El caso de Alejandra Cuevas se convirtió en uno de los episodios judiciales más polémicos de los últimos años en México por la influencia política y mediática que rodeó el proceso iniciado por Alejandro Gertz Manero, quien acusó a Cuevas Morán y a su madre, Laura Morán Servín, de la muerte de su hermano Federico Gertz Manero.
La Fiscalía buscó imputar a ambas mujeres por el delito de homicidio por omisión, bajo el argumento de que no brindaron cuidados suficientes a Federico Gertz durante su enfermedad. Sin embargo, juristas y organizaciones civiles cuestionaron desde el inicio la solidez jurídica del caso y denunciaron el uso del aparato judicial con fines personales.
Alejandra Cuevas fue encarcelada en octubre de 2020 en el penal de Santa Martha Acatitla, donde permaneció presa durante 528 días.
En marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad otorgarle amparo liso y llano, al concluir que no existían elementos jurídicos para sostener la acusación penal en su contra. Los once ministros votaron a favor de su liberación inmediata.
“Pasé 528 días presa por un delito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por unanimidad como imposible. Once votos. Cero dudas”, recordó Cuevas Morán en el nuevo posicionamiento.
Dentro del comunicado, también denunció las consecuencias personales y familiares derivadas del proceso judicial.
“Durante ese tiempo, mi familia fue sometida a presión sostenida, desgaste económico y un daño que no queda registrado en ningún expediente judicial”, expresó.
El caso fue señalado en distintos momentos como un ejemplo de violencia institucional y abuso de poder contra mujeres, debido a que tanto Alejandra Cuevas como su madre enfrentaron procesos judiciales derivados de roles de cuidado históricamente asignados a las mujeres dentro de las familias.
Diversas organizaciones feministas y especialistas en derechos humanos denunciaron que la acusación criminalizaba labores de cuidado no formalizadas y reproducía estereotipos de género al responsabilizar exclusivamente a mujeres por la atención de un hombre enfermo.
En su mensaje, Cuevas Morán sostuvo que el Estado mexicano nunca asumió plenamente responsabilidad por lo ocurrido.
“El Estado mexicano nunca explicó públicamente cómo fue posible que una maquinaria institucional funcionara de esa manera. Nunca asumió responsabilidad. Nunca reparó el daño de forma completa, pública y digna”, afirmó.
También pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a las autoridades mexicanas informar cuál será la postura oficial del gobierno ante la CIDH.
“Esa respuesta importa. No como formalidad burocrática, sino como señal real de si el Estado mexicano está dispuesto a enfrentar lo que ocurrió o únicamente a defenderse de ello”, señaló.
La admisión preliminar del caso ante la CIDH abre una nueva etapa internacional para uno de los expedientes más controvertidos del sistema judicial mexicano reciente y coloca nuevamente bajo escrutinio el actuar de la Fiscalía General de la República durante la gestión de Gertz Manero.