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/ Escrito por Lucía Melgar Palacios ./
Rebasando cualquier pronóstico de megalomanía discursiva, el presidente de E.U.A. celebró los primero 100 días de su mandato como un triunfo descomunal. En sus palabras “los mejores cien primeros días de cualquier presidente en toda la historia”, según “todo mundo”, afirmó. Si triunfo hay, será para los actuales detentores del poder político y económico, impulsados por un desmedido afán de poder. Para la democracia y la sustentabilidad de la vida, este régimen representa una amenaza brutal. En sólo 100 días, en efecto, Trump ha provocado caos, en el mundo y en su país. Caos más visible en la guerra de aranceles, pero que impacta, de hecho, todos los ámbitos de la vida, en particular en la vida de la República y el estado de derecho. Para quienes se preocupan por la democracia y la garantía de los derechos humanos, es evidente que está en proceso la construcción de un Estado dictatorial, asentado en el desprecio de la ley, la política de la crueldad y la imposición de una sola voluntad mediante el terror.
Diversos críticos, entre ellos especialistas en regímenes autoritarios y fascismo, ven en Trump un aspirante a Rey o Dictador – con mayúscula acorde con su egolatría–. Su recurso a la mentira y al discurso de odio, sus ataques contra las instituciones, en particular las universidades, los grandes bufetes legales y todo medio crítico o independiente; la destrucción de las instancias gubernamentales autónomas, minándolas o cortándoles fondos, forman parte del manual del tirano que busca concentrar el poder. También forma parte de este manual desprestigiar y debilitar a los otros poderes, en particular en este caso, al poder judicial, cuyas órdenes han desacatado el gobierno, so pretexto de estar “salvando” al país de “enemigos”, “terroristas” o “criminales”, para justificar las deportaciones ilegales. Así, ha ido destruyendo el poder de la legalidad, el estado de derecho, deportación a deportación. Para ello ha apelado a una ley “contra Enemigos extranjeros» (en tiempos de guerra) de 1798, que justificó en su discurso como medida necesaria contra la “invasión” de la peor ralea de la tierra, promovida, además, según el gran Engañador, por los gobiernos demócratas.
Construir un chivo expiatorio, un “enemigo”, para todos los males nacionales es un socorrido artilugio de los gobiernos autoritarios para imponerse. Trump lo usó desde su primera campaña, configurando a los migrantes mexicanos con calificativos estigmatizantes, conforme a una tendencia antimexicana que, desde el siglo XIX, los pintaba como “greasers”, vagos y ladrones. Aunque esta retórica del odio se mantiene, ha resurgido el discurso incendiario post 9/11, que tachaba a quien pareciera musulmán, árabe u “oriental” (así la ignorancia) de “terrorista”, figura escalofriante que se usó entonces para justificar Guantánamo y sus torturas inhumanas. Para justificar hoy la deportación masiva, a sus países de origen (aunque sean peligrosos) o a las infames cárceles de El Salvador a personas indocumentadas o a cualquiera señalada por las autoridades de migración, sin pruebas ni juicio previo, le ha bastado con declararlas “terroristas” o miembros de una pandilla también considerada tal, como Tren de Aragua o la MS-13, dos grupos que, según él, han “invadido” los EUA y constituyen, por tanto, una “amenaza” a la seguridad de sus ciudadanos.
Permeadas por el discurso del “orden” o de la “seguridad”, o simplemente partidarias de Trump en ese tema, muchas personas creen todavía, como argumentan varias voceras oficiales y la propia fiscal general, que estas medidas extraordinarias son necesarias contra personas extremadamente peligrosas. La realidad, como advierten abogados y especialistas como Timothy Snyder, es que el recurso al estado de excepción contra unos – cualquiera que sea su condición legal, color o religión- mina la legalidad y amenaza a todos. Sin debido proceso cualquiera – así sea ciudadana – está en riesgo.
¿Qué clase de protección tiene cualquier persona en un país donde se desaparece a un migrante indocumentado venezolano que cruzó por error el puente a Canadá y quiso volver? Ricardo Prada Vázquez, detenido en marzo, sigue desaparecido. Después de un reportaje del New York Times, una vocera dijo que lo deportaron a El Salvador. No aparece en las listas. Ahora lo acusan de pertenecer al Tren de Aragua. Sin pruebas. También han sido encarceladas en condiciones horribles y deportadas semanas después turistas que no habían violado la ley de migración. Kilmar Abrego García, residente legal, deportado “por error”, cuyo regreso ordenaron una jueza y la Suprema Corte, sigue preso en El Salvador, sin que Trump pretenda obedecer o presionar indirectamente a Bukele para liberarlo “por su cuenta”. Niñas y niños ciudadanos han sido deportados junto con sus madres indocumentadas, so pretexto de que “nosotros no separamos familias”. En cambio, una niña de dos años ha quedado en manos de una nueva “familia de acogida” aunque su abuela y su madre, deportada a Venezuela, la reclaman (mientras el padre padece en la cárcel de El Salvador), so pretexto de que “por el bien superior de la niña” la separaron de sus padres “criminales” (de nuevo, sin pruebas). Como si no existiera un derecho humanitario. Como si el resto del mundo no tuviera memoria.
Para colmo, Trump también festejó sus gloriosos 100 primeros días con una nueva disposición legal para imponer tarifas a las peticiones de asilo, autorización legal para recibir a menores no acompañados y demás trámites y permisos con que deben cumplir quienes buscan regularizar su situación o residir con documentos en E.U.A. Como si no existieran los derechos humanos, en particular el derecho de asilo, por no hablar del derecho a migrar.
México ya ha recibido a miles de personas mexicanas deportadas y se ha plegado a servir como tercer país para migrantes que ya no pueden cruzar la frontera, sin destinar siquiera los recursos necesarios para dar un trato humanitario a unas y otras. ¿Qué estará esperando el actual gobierno para imponer por lo menos una visa de turista a cualquier estadounidense que quiera visitar el país? (y vienen muchos). Esta medida recíproca, al mismo costo, cuyos ingresos deberían dedicarse a la recepción de personas retornadas y/o la atención a migrantes y refugiadas, le facilitaría al gobierno el mejor cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales.
