La ofensiva de la dirección del Conacyt contra la comunidad científica del país volvió a toparse con la ley.
María Elena Álvarez-Buylla dejará un legado de agresión injustificada y de torpeza jurídica. Haber acusado a un grupo de científicos de delincuencia organizada fue un desplante abyecto propio del ajuste de cuentas, no del combate a la corrupción, refiere Pepe Grillo en La Crónica de hoy.
